En la zona, el tiempo es oro para la Paz Total. La negociación del Gobierno con los mineros ha sido un trabajo de orfebrería, comparable a una pieza de filigrana. El resultado es, de momento, una compleja pieza de joyería cuyo costo podría ser nada menos que la exclusión de los acuerdos del Clan del Golfo, la organización criminal y narcotraficante más poderosa del país.

Por: José Alejandro Castaño para Cuestión Pública

Caucasia, Antioquia

La estrategia del Gobierno durante las conversaciones —suspendidas hace una semana en Caucasia y reanudadas el jueves pasado en Bogotá—  ha sido liberar a los voceros de la protesta de la influencia de esa organización criminal, del mismo modo en que los mineros depuran las trazas de oro recién extraídas, para retirarles las impurezas que deprecian su valor. 

Advertidos de esa estrategia del Gobierno, los jefes criminales de la zona han ordenado mantener los bloqueos y evitar, bajo pena de muerte, el paso de camiones cargados con víveres y combustible. La intención es acrecentar el malestar de la población, unas 300 mil  personas. La más reciente víctima fue D.M.*, un niño de doce años, a quien sus padres no pudieron trasladar  a un hospital el viernes por culpa de los bloqueos. La orden ha sido tan perentoria que las barricadas no se han abierto ni siquiera para el personal médico de los hospitales, ni para los camiones cargados con oxígeno medicinal. El empeño de los capos mafiosos es ahogar al gobierno e imponerle la única exigencia de las reivindicaciones del paro minero que sí les interesa: 

Se trata de la suspensión del Decreto 2235 de 2012, que ordena destruir las retroexcavadoras y las dragas de enorme calado, artefactos que cuestan cientos de millones de pesos y que, tras su paso, en cuestión de horas, destruyen el lecho de los ríos y de las quebradas, reduciéndolos a pantanales muertos, repletos de mercurio, donde ya nada se mueve ni crece. 

Desde la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, tal y como suele ocurrir en las organizaciones mafiosas, en el Clan del Golfo se desató un pulso entre los dos capos llamados a asumir el mando general de la organización. La pugna intestinal coronó un vencedor y recién el pasado primero de marzo, las autoridades recogieron el cadáver de alias Siopas en un tramo de la carretera que conduce al golfo de Urabá, entre Dabeiba y Uramita. El cuerpo tenía su propia impronta, doce disparos a quemarropa: cinco en la cabeza, cuatro en la cara, dos en la espalda y uno en la mano derecha. Desde entonces, el capo máximo es alias Chiquito Malo, agigantado y ya sin adversarios. En el contexto de esa nueva jefatura criminal es que, pocos días después, se desató el paro minero en el Bajo Cauca.

El cálculo del nuevo patrón, sin embargo, no contó con la decisión del Presidente Petro, que trazó una línea roja indiscutible, innegociable: la fuerza pública continuará dinamitando las retroexcavadoras y las dragas del Clan del Golfo sin pausa ni miramientos. La determinación del Gobierno debía ser creíble y la prueba son las quince retroexcavadoras que dice haber destruido en las pasadas dos semanas, en plena negociación con los representantes del paro. 

Pero, ¿quiénes son los representantes del paro? ¿Se trata de voceros pagos del Clan del Golfo, peones útiles a los intereses de los mafiosos? El Gobierno tiene claro que no y que, en general, se trata de pequeños y medianos mineros, representantes legítimos de las comunidades desperdigadas en ese territorio de 8.300 kilómetros cuadrados, una inmensidad sembrada de bosques y de sabanas depredadas, de ciénagas envenenadas, de pueblos sin otro recurso que la extracción del oro, pero no para enriquecerse sino apenas para subsistir. 

Alfonso Prada, ministro del Interior, ha atirantado la cuerda de las conversaciones hasta el límite de la casi ruptura total. El desenlace pacífico de la crisis en Los Pozos, en San Vicente del Caguán hace tres semanas, supuso un valioso aprendizaje para el manejo del actual paro minero. La liberación de los setenta policías retenidos en esa zona del Caquetá, preservando la vida de todos, incluidos los guardias indígenas, supuso un logro para el Gobierno en la resolución de una crisis que, de haber salido mal, con derramamiento de sangre, lo habría condenado. 

Revestido de esa autoridad, el ministro del Interior ha insistido en el carácter innegociable de la destrucción de las dragas y las retroexcavadoras, que en la jerga minera llaman maquinaria amarilla. La apuesta es concretar un modelo de minería sostenible en el Bajo Cauca y erradicar el actual, regulado por los hombres del Clan del Golfo.

Apremiados por ese discurso, y a riesgo de su propia seguridad, los promotores del paro han terminado desmarcándose del cierre de los caminos, del atentado a las estaciones de policía, de la destrucción de infraestructura pública, de la tala de árboles al borde de las vías y del fuego de potreros para obstaculizar el avance de la Policía y del Ejército. Para el Gobierno, el rompimiento de las negociaciones hace una semana fue una apuesta calculada cuyos logros aún están por verse.

Sin garantías de diálogo

Ocurrió en el salón de eventos del batallón Rifles la mañana del jueves 9 de marzo. Cinco minutos después de sentarse, los diez representantes de los mineros se levantaron de la mesa con tanto ímpetu que dos de sus sillas cayeron al suelo, de espaldas. La disposición del escenario parecía confirmar el antagonismo de las partes: mientras los funcionarios del Gobierno estaban a la izquierda de la mesa, los mineros estaban a la derecha. 

“Aquí no hay garantías ni disposición de diálogo, nos vamos”, anunció Saúl Bedoya, líder del paro, y sus compañeros lo siguieron en fila india. El nombre del recinto, escrito en la pared con letras mayúsculas, sugería su propia alusión: Sala Troya. El humo de las protestas callejeras, en ese momento en su punto culminante, era visible desde el batallón y el sonido de los helicópteros artillados del ejército acrecentaba la sensación de urgencia.

Sin embargo, los negociadores del Gobierno se mantuvieron impasibles, según el plan. Su gesto, aunque agotado, era de serenidad. Aquel era el octavo día de conversaciones infructuosas y esa mañana había aterrizado un avión de la Policía con catorce funcionarios más, la mayoría asesores técnicos de los ministerios del Interior, Minas, Defensa y Ambiente, y de la Agencia Nacional de Minería, una tropa de funcionarios de primerísimo nivel para reforzar la propuesta institucional del equipo negociador, posiblemente la más ambiciosa de cuántas se han hecho en el Bajo Cauca y que incluye, en resumen, el desarrollo de un distrito minero, una estrategia social y económica para arrebatarle el oro al Clan del Golfo. 

Cualquiera en Caucasia lo sabe, aunque pocos se atrevan a decirlo: desde hace años, esa organización ha multiplicado sus ojos en la ribera de los ríos, los potreros de las haciendas ganaderas, los cuartos de los prostíbulos, el atrio de las iglesias, las garitas de las cárceles, las pistas de baile de las discotecas, los pasadizos de las alcaldías…

La riqueza aurífera del subsuelo del nordeste de Antioquia y del sur de Córdoba, después de centurias de explotación, sigue siendo incalculable. Los mineros del río Nechí reconocen que un solo dragón —draga con el tamaño de una casa de dos pisos— puede extraer un kilo de oro al día. La actual bonanza es culpa, en primer lugar, de la miseria reinante en un territorio tan rico y tan pobre, y en segundo lugar, del actual precio del oro, el más alto de la historia: 269.000 pesos por gramo, o sea que un kilo tiene un costo nominal de 269 millones. 

En solo una semana de depredación, una sola de las máquinas puede amasar un botín superior a los mil millones, cuatro mil millones en un mes. Es tan rentable el negocio, que los campesinos de Caucasia dejaron de sembrar hoja de coca para desembrar gramos de oro. El maquinista de una retroexcavadora puede cobrar un jornal diario de diez millones de pesos, es decir: en un solo día, el doble de lo que cobra en un mes el alcalde del municipio. 

Pero para el Clan del Golfo hay un lucro incluso mayor: el lavado diario de su dinero mafioso con declaraciones fraudulentas de exportación de lingotes, en cantidades muy superiores a las verdaderas. Es un negocio resplandeciente. Las regalías de la minería convierten en oro las ganancias del narcotráfico, el hurto de combustible, la extorsión, el tráfico de personas, la prostitución y el robo de dinero público. 

En el actual estado de cosas, ni el Gobierno ni los organismos de control pueden rastrear casi nada, apenas sospechar sin confirmar. Por eso cada retroexcavadora y motobomba dinamitada es, en últimas, una máquina menos de lavado de dinero mafioso. Eso explica el apremio del Clan del Golfo en instrumentalizar la protesta social en beneficio de su fórmula de riqueza. Una escena ejemplifica la actual bonanza del oro en Caucasia.

El batallón Rifles, sede de las negociaciones entre el Gobierno y los promotores del paro, linda con la hacienda Mandinga, una explanada de 833 hectáreas en la vereda Río Man, del municipio de Cáceres, secuestrada por la Fiscalía General de la Nación en 2013, para ser entregada como bien de reparación a las víctimas del conflicto armado. El límite fronterizo con la unidad militar mide 2.225 metros y está tomado por una muchedumbre de hombres y mujeres que, en cuestión de semanas, han abierto boquetes en los potreros y levantado montañas de lodo. 

Las imágenes de los drones han constatado un avance preocupante de los mineros en los potreros de la hacienda Mandinga, continua al batallón Rifles. Solo unos pocos metros separan a los buscadores de oro de la unidad militar.

Los soldados que custodian ese flanco del batallón cuentan que unas doscientas personas rapiñan el suelo de noche y de día, hasta ahora de forma artesanal, con ayuda de pequeñas motobombas. El temor de las autoridades es que sigan avanzando hasta más allá del límite del batallón, el más importante del Ejército en esa zona del país, con su propia base aérea de helicópteros artillados y de drones de vigilancia, nada de lo cual disuade a los mineros. Su determinación no sorprende a nadie.

Los drones usados por la Fuerza Aérea en Caucasia pueden alejarse hasta 250 kilómetros de la base de lanzamiento, y alcanzar una altura de 9.000 pies. Son armas de espionaje de alta precisión que, sin embargo, en el batallón Rifles, realizan vuelos cercanos, a pocos metros de distancia, sobre el límite de la unidad militar, para constatar el avance de la depredación minera que amenaza con irrumpir en los terrenos del Ejército.

Un estudio interdisciplinario, de investigadores de la Universidad de Antioquia y del Tecnológico de Antioquia, demostró altos contenidos de mercurio en la leche materna de mujeres lactantes de El Bagre, Segovia, Remedios y Zaragoza, todos municipios mineros del nordeste de ese departamento. No es una metáfora: los recién nacidos son amamantados allí con el residuo más tóxico de la extracción minera. ¿Qué otra prueba hace falta para minar el actual modelo, para modificarlo? Convencido de que las decisiones que han tomado son las correctas, el presidente Gustavo Petro anunció que invitará a los representantes de los mineros a conversar en la Casa de Nariño, aún más lejos de la influencia de Chiquito Malo y sus hombres. El Gobierno insiste en que mantendrá la destrucción de maquinaria. Las oportunidades se agotan, el tiempo es oro en el Bajo Cauca.

*El nombre ha sido ocultado por la protección del menor.