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Según los reportes de Cuentas Claras, 10 candidatos que recibieron aportes de las empresas del Grupo Bolívar entre 2010 y 2022, por un poco más de $36 millones, participan en la actual contienda electoral.

Entre 2014 y 2022, empresas del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo le donaron $644.748.232 a 19 candidatos que buscan llegar al Congreso en los próximos comicios del ocho de marzo.

Entre 2010 y 2022, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) realizó donaciones a candidatos que compiten en la actual contienda electoral por un poco más de $837 millones. Entre sus empresas destacan el Grupo Argos, Nutresa (que ahora es de los Gilinski), el Grupo Sura y Bancolombia.

Emparentados con la realeza de Mónaco y de la antigua Prusia, los Santodomingo aún mantienen sus intereses en Colombia.

Se trata de la organización empresarial que más ha diversificado el dinero en la financiación electoral para Senado y Cámara en los últimos 13 años.

Si hasta El Todopoderoso tiene sus preferidos, los más ricos del país no se quedan atrás. De los más de 3 mil candidatos que aspiran al Congreso este año, apenas 84 concentraron 4 mil millones de pesos en campañas pasadas, provenientes de cinco grandes grupos económicos. ¿Quiénes son los consentidos? En Cuestión Pública lo revelamos.

En Colombia, quienes ponen congresistas son los cacaos. En los últimos años los seis grupos económicos más grandes del país han aportado más de $135 mil millones, en su mayoría a candidatos de un puñado de partidos como el Liberal, Cambio Radical o el Centro Democrático. Están más activos que nunca y con mucho billete para operar en elecciones.

Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.

Los bancos pagan alrededor de tres millones de pesos por cada consulta a la Registraduría Nacional para la autenticación de personas, un servicio que hacen terceros certificados y contratados para esto. Algunos son los mismos que están detrás de los contratos electorales, cuestionados por alteración de votaciones.