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Cuestión Pública investigó a los 18 representantes a la Cámara que conforman la Comisión de Acusaciones, encargada de ser la entidad acusadora en procesos contra altos funcionarios como el presidente y el fiscal general. Encontramos que catorce de ellos (87.5%) obtuvieron contribuciones o tienen cercanía a familias políticas, funcionarios investigados y grupos empresariales que tienen intereses en eventuales procesos que adelantan los altos cargos que podrían acusar.