En la Comisión de Acusaciones aterrizaron, entre otros, Octavio Cardona, una de las fichas del investigado exsenador Mario Castaño; Kelyn González, la pareja de un parapolítico; Wadith Manzur, hijo de un presunto parapolítico; Carlos Cuenca, un representante investigado por compra de votos; y aliados de tres casas políticas.

Esta comisión será fundamental dentro de un eventual proceso judicial contra el presidente,  magistrados de las altas cortes o el fiscal general; este último puede ordenar la apertura de investigaciones judiciales en la jurisdicción ordinaria en contra de la mayoría de personas. En dicho escenario, los integrantes de la comisión serán los encargados de investigar los hechos e irregularidades o por el contrario, de no encontrar méritos para continuar con las investigaciones.

La presencia de la red de Mario Castaño

Uno de los nuevos miembros de la comisión es el exalcalde de Manizales José Octavio Cardona León, representante liberal por el departamento de Caldas. Fue la fórmula de Mario Castaño a la Cámara en las elecciones de marzo, pero su relación viene de más atrás. Cuestión Pública encontró que en 2015, Cardona recibió una donación a su campaña a la Alcaldía de Manizales de parte de Gloria Lucía Betancur Ciuffetelli, esposa del exsenador Mario Castaño y también involucrada en la red de corrupción. En 2022, la Fiscalía solicitó extinción de dominio contra inmuebles que estarían a nombre de Betancur, de Castaño y de sus hijos, informó El Colombiano. El 30 de agosto de este año se conoció que Castaño se acogería a sentencia anticipada en la Corte Suprema de Justicia, reconociendo así su involucramiento en el esquema de corrupción.

La campaña a la Cámara de Cardona también recibió dinero de los bananeros a través de Greenland Investments, un conglomerado en el que tiene presencia C.I Banacol, una empresa bananera que financió grupos paramilitares. Así mismo, este conglomerado aportó dinero a otro de los representantes que integran la Comisión de Acusaciones: Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático.

De acuerdo con Vorágine, Cardona León hace parte de la red de corrupción del exsenador Mario Castaño y ha sido mencionado en el expediente de las ‘marionetas’. 

Cardona León, Hernán Cadavid y otros 16 representantes serán quienes decidan si se adelantan, o no, investigaciones contra los altos mandos del gobierno y las cortes. Aunque la tarea de sus miembros debe ser imparcial, Cuestión Pública encontró que detrás de al menos 16 de los 18 congresistas que la integran, hay poderes políticos y económicos que podrían tener intereses al momento de tomar decisiones.

Los poderes políticos 

La mayoría de miembros de la Comisión de Acusaciones mantienen alianzas con personas que han ocupado cargos como senadores, vicepresidentes, gobernadores o alcaldes. El primer caso es el del representante Carlos Alberto Cuenca Chaux, expresidente de la Cámara de Representantes e investigado por presunta compra de votos en Guainía en las elecciones de 2014. Cuenca, además de haber sido presidente de la Comisión de Acusaciones en 2020, es cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien expresó su preocupación por el nuevo Gobierno de Petro.

Otra representante que hoy integra la Comisión es Katherine Miranda Peña, de la Alianza Verde. En plena campaña presidencial el equipo de Federico Gutiérrez, la denunció a ella y a otros integrantes de la campaña Petro por “violación ilícita de comunicaciones, constreñimiento al sufragante, hostigamiento por motivos políticos” entre otros, informó El Tiempo. Además, Miranda recibió un crédito de $10 millones del exsenador verde John Sudarsky en su campaña de 2018.

A la lista se suma Wadith Alberto Manzur Imbett, representante conservador por Córdoba. Wadith Manzur es hijo de Julio Manzur Abdala, exsenador procesado por la Corte Suprema de Justicia y quien buscó pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por una investigación por presunta parapolítica. No obstante, en abril de este año fue rechazado por la justicia transicional por no haber presentado un compromiso claro de aportar a la verdad.

Manzur es aliado de la exsenadora Nora María García Burgos, de quien fue fórmula en 2018. Para este año, Manzur fue fórmula del hijo de García, Marcos Pineda, exalcalde de Montería en cuya administración se cambió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que permitió la construcción del Balmoral, lote de la familia del expresidente Álvaro Uribe.

Un caso similar por la presunta conexión con parapolítica es el de Kelyn Johana González Duarte, representante liberal por el Magdalena cuya pareja es el exrepresentante Rodrigo Roncallo. Este último se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por cuenta de las relaciones que sostuvo con paramilitares y que plasmó al firmar el Pacto de Chivolo, acuerdo entre políticos y autodefensas que tenía fines electorales.

Óscar Leonardo Villamizar Meneses, del Centro Democrático, es hijo de Alirio Villamizar y María Meneses, condenados en el marco de las notarías que se repartieron para aprobar la reelección de Álvaro Uribe en el Congreso. Óscar Villamizar y su familia estuvieron involucrados en un caso de restitución de tierras tras una sentencia del Tribunal de Cúcuta; dicha sentencia también compulsó copias para investigar la manera en que, presuntamente, el predio fue despojado. Además, dos de sus aportantes de campaña participaron en las Alcaldías de Ariel Fernando Rojas Rodríguez, de San Gil, y Luis Carlos Ayala, de Lebrija, Santander. 

Cierra Daniel Restrepo Carmona, representante conservador por Antioquia aliado del hoy alcalde de Itagüí José Fernando Escobar Estrada. La mamá de Restrepo Carmona, Sonia Carmona Soto, fue la secretaria de la Alcaldía de Itagüí en 2020, en la administración de Escobar Estrada. Restrepo Carmona también fue fórmula del senador Carlos Andrés Trujillo, barón electoral de Antioquia que se ‘hizo’ con el control del Partido Conservador tras la renuncia de Omar Yepes por cuenta de la adhesión de la colectividad al Gobierno Petro.

Algunos senadores, exsenadores y exgobernadores lograron incluir a sus aliados dentro de la Comisión de Acusaciones: 

• Gloria Elena Arizabaleta, representante por el Pacto Histórico del Valle del Cauca cuyo exesposo es el senador del Pacto Histórico, y hoy presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre. 
• Olga Lucía Velásquez, representante de Bogotá por la Alianza Verde, obtuvo su candidatura gracias al apoyo de la senadora Angélica Lozano, según constató Diario Criterio.
• María Eugenia Lopera Monsalve, liberal antioqueña, integra el grupo político de Julián Bedoya, exsenador que se adhirió a la campaña de Gustavo Petro y ha sido investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente haber obtenido su diploma de abogado de forma irregular.
• Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, integrante del Partido de la U y representante de Norte de Santander, cuyo hermano, contadora y gerente de su campaña de 2014 trabajaron o suscribieron contratos en la Gobernación de William Villamizar, político del departamento que dio su bendición al ahora gobernador Silvano Serrano.

Las casas políticas de los acusadores

Las conexiones de los acusadores con sus grupos de interés no paran allí. Encontramos que, además, hay tres casas políticas que mantienen lazos con los integrantes de la Comisión.

La primera es la de la baronesa del Valle Dilian Francisca Toro, exprecandidata presidencial. 

Su primera conexión es a través de Jorge Eliécer Tamayo, integrante de la Casa y representante por el Valle. Curiosamente, la conexión se refuerza también por Edgar Restrepo Hamburger, su contador de campaña que, como reveló Cuestión Pública, fue condenado por alterar estados financieros para dar apariencia de legalidad a ingresos de la mafia del departamento. Restrepo fue contador en otras cinco campañas de miembros de la casa y en dos de las empresas de la baronesa Toro y su familia.

Una segunda conexión se da por medio de Gloria Arizabaleta. El contador de campaña de esta última compartió tarima en plena contienda electoral de 2011 con Roy Barreras, exesposo de Arizabaleta, y con José Ritter López, senador hasta el pasado 20 de julio.

Los Aguilar, hoy con control sobre la Gobernación de Santander, cuentan con Óscar Villamizar entre los acusadores. Óscar Villamizar fue el secretario general de la Gobernación de Richard Aguilar y como lo contó Cuestión Pública, ambas familias han sido aliadas en campañas políticas en favor de los Aguilar, a pesar de no pertenecer al mismo partido.

La triple alianza Chagüi-Lyons-Pestana guarda relación con la familia de Wadith Manzur a través de un baldío. El lote, hoy en propiedad de la exsenadora Ruby Chagüí, fue adjudicado por el Incora a Ahín Cogollo Cogollo, socio de Adriana Manzur Imbett, hermana del representante Wadith Manzur.

Las ONG, el nuevo poder

Alirio Uribe Muñoz cuenta entre sus aportantes y contadores de campaña de 2014 y sus familiares a, al menos, 14 personas que han integrado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (1), el Consejo Nacional Electoral (CNE, 3) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (9).

La Comisión Intereclesial fue la fundación que el hoy comisionado de Paz Danilo Rueda dirigió. A este último se le recuerda porque fue en compañía de Juan Fernando Petro Urrego, hermano del hoy presidente, a la cárcel La Picota. Allí se reunieron con varios condenados: parapolíticos, como Álvaro ‘El Gordo’ García, que purga condena por ordenar una masacre de campesinos; corruptos, entre los que se contaba el exsenador Iván Moreno del Carrusel de la Contratación, e incluso homicidas, como el exalcalde de Villavicencio Franklin Germán Chaparro, condenado por concertar el asesinato de otro alcalde que fue perpetrado por paramilitares. Todo esto fue informado por El Espectador.

Las conexiones continúan con el Colectivo de Abogados. A las campañas de Uribe Muñoz le han aportado presidentes, vicepresidentes, contadores y abogados del colectivo. Recordemos que el abogado que representa al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro contra Álvaro Uribe, proviene de esta ONG.

El CNE es un tema aparte. No solo tres de las personas que aportaron a las campañas de 2014 y 2022 de Uribe Muñoz o que fueron sus contadores terminaron allí en calidad de asesores y funcionarios, sino que una de ellas, Luis Guillermo Pérez Casas, fue electo como magistrado para el período 2018-2022.

Los poderes económicos

Ocho representantes de la Comisión de Acusaciones guardan estrecha relación con grupos económicos. La Organización Ardila Lülle, así como personas naturales, empresas relacionadas y bancos del Grupo Aval (estos últimos a través de créditos) aportaron a las campañas de casi la tercera parte de los miembros de la Comisión de Acusaciones. En total, ambos conglomerados financiaron campañas de cinco partidos diferentes. 

Además, el sector bancario, integrado por directivos del Banco Colpatria, el conglomerado bananero GreenLand, y la gasolinera Distracom aportaron a otros cuatro acusadores. A ellos se suman la cervecera Bavaria y la comercializadora Alkosto, que financiaron cada una a otro miembro de la Comisión de Acusaciones.

Conozca en detalle la red de intereses económicos de los nuevos representantes que integrarán la Comisión de Acusaciones por los próximos cuatro años, en la siguiente visualización.