Grupo Aval

Cuestión Pública investigó a los 18 representantes a la Cámara que conforman la Comisión de Acusaciones, encargada de ser la entidad acusadora en procesos contra altos funcionarios como el presidente y el fiscal general. Encontramos que catorce de ellos (87.5%) obtuvieron contribuciones o tienen cercanía a familias políticas, funcionarios investigados y grupos empresariales que tienen intereses en eventuales procesos que adelantan los altos cargos que podrían acusar.

Cuestión Pública creó una herramienta ciudadana para que 17.266.418 colombianos puedan conocer cómo se administra el dinero que les han descontado de sus pagos laborales y examinar los datos de 15 años de portafolio de inversión de los fondos privados de pensiones. Explora #ADóndeVaMiPensión.

Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.

Horas antes de dejar la Procuraduría, la entidad dirigida por Carrillo absolvió a Alberto Mariño, del Grupo Aval, pese a la evidencia que lo involucra. Carrillo ha tenido vínculos con la mayor accionista de Aval y el excontratista de Odebrecht, Carlos Alberto Plata, con quien su hermano Rafael Carrillo dirigió 6 empresas en Panamá e Islas Vírgenes.

Entre la documentación capturada y desaparecida por la Fiscalía General durante un oscuro allanamiento a la oficina del cesado Fiscal General Ad Hoc, Leonardo Espinosa, figura el testimonio bajo juramento de una abogada del difunto interventor de Corfiacolombiana, Jorge Pizano, según el cual él no se suicidó, sino que fue asesinado, lo mismo que su hijo Alejandro, de 31 años

Se trató de un contrato entre privados que se firmó al interior del Consorcio Ruta del Sol II, que según senadores y analistas buscó apagar el fuego de las denuncias transnacionales que por la época dejaban al descubierto los sobornos de Odebrecht. En esa jugada, el Grupo Aval y la empresa brasileña se auto-pagarían las platas “irregulares”, pero Cuestión Pública, en alianza con Univisión, descubrió que no se cumplió.

A pesar de que durante los últimos tres años Aval se ha declarado víctima de su socio Odebrecht en la Ruta del Sol II, una cadena de correos a la que Cuestión Pública y Univisión tuvieron acceso, demostraría que un alto directivo del grupo financiero estuvo de acuerdo en modificar un acta de junta, con el fin de legalizar de manera posterior el contrato ficticio a Profesionales de Bolsa.