Por: Gonzalo Guillén (La Nueva Prensa)
(09/07/2019)
Entre la documentación capturada y desaparecida por la Fiscalía General durante un oscuro allanamiento a la oficina del cesado Fiscal General Ad Hoc, Leonardo Espinosa, figura el testimonio bajo juramento de una abogada del difunto interventor de Corficolombiana, Jorge Pizano, según el cual él no se suicidó, sino que fue asesinado, lo mismo que su hijo Alejandro, de 31 años.
“Aquí hubo manos criminales en la muerte de los dos”, declaró bajo la gravedad del juramento la abogada de la familia Pizano Luz Stella González Camacho el 20 de febrero de 2019, a las 8:45 de la mañana.
La versión oficial sobre la muerte de Eduardo Pizano, ocurrida con cianuro el 8 de octubre de 2018, en Subachoque, fue impuesta como un suicidio por el entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, a pesar de que el Instituto Colombiano de Medicina Legal no pudo probarlo y el director de ese organismo, Carlos Eduardo Valdés, debió renunciar como consecuencia de mentiras y graves alteraciones cometidas en el análisis forense de esa muerte.
El hijo único de Pizano, Alejandro, también murió envenenado con cianuro tres días después en circunstancias que la Fiscalía y su Instituto de Medicina Legal nunca esclarecieron de manera plena y Martínez Neira archivó el caso el 28 de enero de 2019.
El juramento de la abogada Luz Stella González Camacho ante el propio Fiscal General Ad Hoc fue tomado en un video de una hora, 30 minutos y 42 segundos de duración, al que este periodista tuvo acceso y guarda una copia completa de él en Nueva York, junto con múltiples archivos de la oficina del Fiscal Ad Hoc, la mayor parte de ellos desaparecidos o engavetados por la Fiscalía General de la Nación que los sustrajo el 21 de mayo pasado en un allanamiento sin orden judicial a las oficinas del Fiscal Ad Hoc. Tal documentación fue suministrada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI.
La abogada González Camacho acudió por propia iniciativa ante el Fiscal Ad Hoc, a quien explicó de manera extensa y pormenorizada la amistad que existió entre Pizano y el entonces Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, a quien describe reiteradamente en su juramento como “traidor” con base en los relatos y confesiones que, asegura, le hizo el difunto interventor, a quien ella asesoró legalmente días antes de su muerte.
Martínez Neira fue abogado de cabecera del Grupo Aval, propietario de Corficolombiana (de la que Pizano fue interventor). Esta última es socia en Colombia de la multinacional brasileña Odebrecht en la adquisición de contratos con el estado colombiano por los que pagaron multimillonarios sobornos.
Martínez Neira también fue abogado de Odebrecht antes de ser Fiscal General de la Nación y tomar parte en las corruptelas que entró a investigar.
En el ejercicio de su función como interventor de Corficolombiana, Pizano descubrió movimientos de dineros y contratos ilegales de esa entidad con su socia Odebrecht. Le confió la información a Martínez Neira, a quien creía su amigo, además de ser el abogado de cabecera de Luis Carlos Sarmiento –padre e hijo- dueños del Grupo Aval.
La abogada González Camacho le puso de presente al Fiscal General Ad Hoc el peligro que ella corría con la declaración que le rindió y le pidió que le fuera concedido un permiso para llevar consigo un revólver que perteneció al difunto esposo de ella.
El Fiscal Ad Hoc
El Fiscal Ad Hoc Espinosa fue nombrado en ese cargo por la Corte Suprema de Justicia para que llevara tres líneas de investigación sobre la corrupción del Grupo Aval y Odebrecht, debido a los serios y evidentes intereses que tenía en ese caso el Fiscal General Martínez Neira.
No obstante, el 21 de mayo Martínez Neira renunció al cargo al saber que la Corte Suprema iba a pedirle la renuncia. También lo hizo para conseguir, además, que el Ad Hoc cesara automáticamente en sus funciones, pues su equipo estaba ahondando en hechos que comprometían todavía más a Martínez Neira y su entorno, entre ellos dos fiscales subalternos de su mayor confianza (Daniel Ricardo Hernández Martínez y Álvaro Betancur Martínez) a los que el Ad Hoc denunció penalmente en casos que han sido engavetados por la Fiscalía General.
Hernández y Betancur retomaron los casos tras la salida del Fiscal Ad Hoc y continuaron con los lineamientos que les impartió desde el principio Martínez Neira.
El allanamiento sin orden judicial a las oficinas del Fiscal Ad Hoc ocurrió tan pronto como la Corte Suprema de Justicia le aceptó la renuncia a Néstor Humberto Martínez. Fue cometido por un grupo del CTI delegado ante la Corte Suprema. Los agentes que entraron y se llevaron todos los archivos y computadores amenazaron con sacar de sus carros las armas que llevaban para usarlas en la diligencia a menos que nadie se opusiera.
Testigos del caso revelaron que en las afueras del edificio de la oficina del Fiscal Ad Hoc, el Fiscal General encargado (Eduardo Espitia) quien acababa de ser nombrado por Martínez Neira, permaneció vigilante en la calle dentro de un carro de vidrios oscuros. “Desde allí dirigió la operación por teléfono”, dijeron.
“Aquí hubo manos criminales en la muerte de los dos”, declaró bajo la gravedad del juramento la abogada de la familia Pizano Luz Stella González Camacho el 20 de febrero de 2019, a las 8:45 de la mañana.
A Eduardo Espitia Martínez Neira lo acababa de nombrar vice fiscal para que pudiera sumir su reemplazo de manera automática.
Entre las acciones emprendidas por el Fiscal Ad Hoc figura la cancelación de negociaciones para eludir la justicia que Martínez Neira estaba haciendo con tres funcionarios corruptos de Odebrecht en Colombia, a los que les permitió huir del país: Eder Paolo Ferracutti, Marcio Marangoni y Hamilton Hideaki.
A los tres brasileños Espinosa se disponía a llevarlos a juicio cuando fue cesado en su cargo como resultado simultáneo de la renuncia de Martínez Neira. De hecho, convocó a una audiencia ante un juez para hacer los cargos correspondientes, pero esta fue cancelada la semana pasada por el Fiscal General encargado Espitia.
A los tres brasileños Espinosa se disponía firmemente a llevarlos a juicio cuando fue cesado en su cargo como consecuencia simultánea de la renuncia de Martínez Neira.
El pasado lunes 8 de julio, el vice fiscal general, Jaime Camacho Flórez, a quien Martínez Neira también escogió para ese cargo, anunció que se había retomado el proceso de negociación de la justicia de Martínez Neira con esos tres prófugos brasileños, quienes permanecen libres en su país.
En un memorando que el Fiscal Ad Hoc dirigió a la Corte Suprema de Justicia al dejar su cargo, cuestionó la circunstancia de que Martínez Neira obstruyó el caso de corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval dividiéndolo en más de 10 “líneas” de investigación completamente separadas.
Igual ocurre en otros de los varios episodios en los que Martínez Neira como fiscal tenía las condiciones de juez y parte. Uno de ellos es el caso Hyundai, relacionado con sobornos a dos jueces civiles que dictaron medidas cuatelares, las cuales fueron instauradas y pedidas por el propio Martínez Neira como abogado particular y por la obtención de las cuales pactó comisiones que suman ocho millones de dólares por concepto de “primas de éxito”, lo que es considerado una falta de ética profesional. Uno de los jueces de estos casos es Ligia del Carmen Hernández Pérez (juez 16 civil municipal de Bogotá), quien confesó haber recibido 100 millones de pesos y aun así los fiscales de confianza de Martínez dijeron ante un juez que eso no significaba que ella hubiera sido sobornada.
El allanamiento sin orden judicial a las oficinas del Fiscal Ad Hoc ocurrió tan pronto como la Corte Suprema de Justicia le aceptó la renuncia a Néstor Humberto Martínez. Fue cometido por un grupo del CTI delegado ante la Corte Suprema.
La juez 16 fue alumna de Martínez Neira y en otros despachos civiles estuvo fallando casos en los que tenía intereses Martínez Neira como abogado particular de Sarmiento Angulo, su cliente principal, más antiguo y mentor.
El caso Hyundai, lo mismo que el de Odebrecht y otros en los que Martínez Neira tiene intereses personales, siendo Fiscal general también los dividió en múltiples investigaciones para que quienes adelantan unas no puedan conocer lo que saben quiénes llevan las otras. Así, él mismo dirigió todas a su amaño y ha quedado a salvo, pues también eligió a su sucesor y sacó del camino al Fiscal Ad Hoc y a su equipo.
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