(28/04/2019)

El fiscal Martínez, quien confeccionó el contrato, dijo a esta alianza que no participó en la negociación del monto de devolución y que no le correspondía hacer seguimiento al cumplimiento.

De los sonados $33 mil millones de pagos irregulares que supuestamente Odebrecht devolvería al Consorcio Constructor Ruta del Sol II, a través del contrato de transacción firmado en el 2016, la compañía brasileña solo retornó $8.898 millones, según la versión de dos fuentes reservadas cercanas a las dos compañías.

«No me correspondía hacer seguimiento al contrato», afirmó el fiscal Néstor Humberto Martínez en respuesta a las preguntas que le hizo la alianza Cuestión Pública y Univisión.

Conocido como “el pacto de silencio” entre Odebrecht y Aval, ese contrato saldaría los pagos irregulares encontrados al interior del consorcio por el fallecido controller Jorge Enrique Pizano, con el fin de evitar eventuales litigios; una jugada administrativa entre privados que se celebró en el 2016 y confeccionada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien en ese entonces se desempeñaba como abogado de Aval. Martínez admitió su autoría en junio de 2018 en declaración escrita a la Corte Suprema.

Inicio de la vía Ruta del Sol Sector 2. Crédito: Archivo Cuestión Pública.

Según lo dicho por el hijo del banquero más importante del país y presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Jr) en una entrevista de septiembre de 2018 para El Tiempo, el objetivo del contrato de transacción era que Odebrecht les devolviera el supuesto dinero de pagos no justificados. “Insistimos en nuestras sospechas sobre las irregularidades. Ellos (Odebrecht) dijeron que no aceptaban nada de eso, pero que en aras de la buena relación que siempre hubo entre los socios, y para que esta no sufriera un detrimento, le iban a devolver a la compañía el dinero de los pagos no satisfactoriamente justificados”, dijo Sarmiento en aquella entrevista con el periódico El Tiempo.

En noviembre de 2018, el fiscal Martínez le dijo al periódico El Espectador cuál había sido su función en el contrato de transacción: “Como abogado, yo recibí una instrucción corporativa de hacer un acuerdo entre dos partes: una decía que no se justificaban unos pagos, la otra decía que sí se justificaban, y llegan a lo que se llama en el derecho privado ‘una transacción’, que fue la devolución de esas platas. De todas”.

Pero, tres años después de firmado el contrato de transacción, dos fuentes le confirmaron a Cuestión Pública y Univisión en alianza con IDL Reporteros del Perú, que la realidad fue distinta. Según las fuentes, nunca se ejecutó la devolución total de “esas platas”, ya que la constructora brasileña solo pagó $8.898 millones de los $33.081 pactados en el 2016. Es decir, menos de la tercera parte.

Según las fuentes reservadas, la filial de Aval recibió entonces una cifra mucho menor a los $33 mil millones pactados.

Ocho mil millones de comisión

De acuerdo a lo establecido por el contrato, los $8.898 millones retornados correspondían a la renuncia a la cuota de liderazgo por parte de Odebrecht. En proyectos de infraestructura, la cuota o fee de liderazgo es una compensación a la empresa líder o gerente por su participación predominante en la obra y por asumir mayores riesgos en comparación con los demás socios, al igual que esfuerzos adicionales, en la gerencia y administración. En el caso de la Ruta del Sol tramo II, la cuota de liderazgo era un dinero al que tenía derecho Odebrecht por ser el socio mayoritario del consorcio y ser el líder de la construcción de la vía. Al renunciar a esta y devolverla, su valor debía distribuirse entre los socios del Consorcio Ruta del Sol de acuerdo a su porcentaje de participación accionaria: Odebrecht con el 62 %, Episol —filial del Grupo Aval— con el 33 % y CSS Constructores, con el 4.99 %.

Así, de los $8.898 millones devueltos por Odebrecht tras renunciar a la cuota de liderazgo, a Episol (Aval) le correspondió el 33 %, que era su porcentaje accionario. Es decir $2.936 millones, según el cálculo realizado por Cuestión Pública. Como Odebrecht tenía el 62 % de las acciones, este porcentaje del monto pasó de un bolsillo de la brasileña a otro, en un yo con yo y el 4.99 % restante retornó a CSS Constructores. Según las fuentes reservadas, la filial de Aval recibió entonces una cifra mucho menor a los $33 mil millones pactados, monto que correspondería a la suma de la cuota de liderazgo ($8.898 millones) más la de pagos irregulares ($24 mil millones), que según Néstor Humberto Martínez reportó el fallecido ex controller de la concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano. Así, lo retornado por Odebrecht a Aval no correspondería a pagos irregulares, según las fuentes consultadas.

“Esto fue una maniobra jurídica para insinuar que el Grupo Aval era una víctima de los sobornos, pero si usted queda conforme con un pago parcial, viene siendo no una víctima, sino un cómplice’’, dijo a Cuestión Pública y a Univisión, José Roberto Acosta, economista colombiano y asesor bursátil quien ha estudiado el contrato.

“En ese engaño, Néstor Humberto Martínez es el gran protagonista. Un engaño chambón. ¿A mí qué me importa un contrato de 500 mil páginas? A mí me importa es el valor del cheque que me van a girar por ese contrato. Y habrá de comprobarse si efectivamente esos $2.936 millones llegaron al bolsillo del Grupo Aval”, agregó Acosta.

Consultamos al fiscal Néstor Humberto Martínez sobre las cifras pactadas. Negó haber participado en la negociación del monto del contrato. «No intervine en las conversaciones en las que se definió el monto de la ‘devolución’ de las sumas de que trata el contrato», le dijo a esta alianza en respuesta a un derecho de petición.

Y respecto a si recibió una bonificación de éxito por haber logrado el acuerdo entre las partes, el fiscal no le respondió a esta alianza al estimar que la información correspondía a sus actividades particulares previas a su Fiscalía.

El contrato fue firmado el 11 de marzo del 2016 y se conoció en julio de 2018, cuando la periodista María Jimena Duzán lo reveló en su columna ‘¿Un pacto de silencio?’. Hoy Duzán también dio a conocer el pago incompleto del contrato de transacción por parte de Odebrecht en su columna ¿Qué pasó con la plata de Odebrecht?, con horas de anticipación a esta publicación.

Hagámonos pasito

A la fecha, el Grupo Aval no ha reaccionado por los restantes $24 mil millones por “desembolsos innecesarios”, según lo dicho por una de las fuentes reservadas. Al menos, de manera pública. Según la fuente, Aval tampoco ha reclamado el pago de la penalidad por incumplimiento, por $5 mil millones.

En el contrato, acordaron que «cada una de las partes renuncia a cualquier acción y/o reclamación en contra de la otra». Y no quedó establecido un plazo para el pago total del contrato. El único plazo mencionado es el retorno de la cuota de liderazgo, por $8.898 millones, que debían ser devueltos en menos de 90 días tras la firma.

Sección del contrato de transacción donde se pacta el monto de devolución de la cuota de liderazgo y el plazo de pago de 90 de días.

Sobre este tema, el fiscal aseguró que el contrato sí estableció los plazos de pago. «El reembolso inicial y la recuperación restante tenían reglas temporales preestablecidas, por su propia naturaleza», dijo Martínez en respuesta al derecho de petición enviado el 19 de marzo y respondido el 10 de abril. Esto a pesar de que el contrato solo estableció la fecha para el pago de la cuota de liderazgo y no para la totalidad del monto.

Y un detalle no menor: se estableció que romper la confidencialidad tendría una sanción por $10 mil millones. De ahí que se conozca como “el pacto de silencio”.

Estas son las penalidades establecidas por incumplimiento y violación de la confidencialidad del contrato.

Así lo llamó también el senador Jorge Robledo. “Fue una operación de maquillaje para tapar las cosas’’, dijo Robledo a esta alianza. “Tengo la absoluta seguridad de que ese contrato se diseñó para protegerse de la avalancha que les iba a llegar (a Aval) por la confesión de Marcelo Odebrecht (presidente de la compañía brasileña, tras su condena el 8 de marzo del 2016)’’, agregó Robledo. Aval ha rechazado estas afirmaciones.

“Mientras Pizano hablaba de 24 mil millones de pagos irregulares, la auditoría corporativa, a la cual yo le había entregado todos los papeles para que se investigara, descubrió que había pagos irregulares por más plata, por 33 mil millones de pesos, que es la cifra mágica del contrato de transacción”, dijo el fiscal Martínez en el Senado en noviembre de 2018 durante un debate que le hicieron congresistas de la oposición.

Lo descubierto parece contradecir lo dicho anteriormente por el fiscal Martínez. Primero, porque según el contrato de transacción, los $33 mil millones incluían el monto de la cuota de liderazgo, así que no correspondía solamente a pagos irregulares. Segundo, porque como lo reveló este medio a finales del 2018, Pizano reportó en el 2015 a Aval pagos irregulares por $69.437 millones, cifra que duplica el monto del contrato de transacción de Martínez.

Un ex alto funcionario durante el gobierno anterior consultado off the record también llegó a conclusiones parecidas a las del senador Robledo y el analista Acosta: “(Aval) debería demandar a Odebrecht. (Si no lo hace), sería un contrato para ocultar un delito. Un encubrimiento, una fachada”.

Mucho antes de que en el país se supiera del contrato de transacción, en agosto de 2015, el controller Pizano se había reunido con el propio Martínez, que fungía como el abogado de Aval, con el fin de exponerle las irregularidades que posteriormente serían “solucionadas” a través de la maniobra del “pacto de silencio”. Aquel encuentro fue grabado por Pizano, quien antes de morir le dejó los audios a Noticias Uno. Ahí se escuchó a Martínez decirle a Pizano: “ji, ji, ji, eso es una coima, marica”.

Dos meses antes de la conversación con Pizano, Néstor Humberto Martínez ya había iniciado su campaña para ser elegido fiscal general, según La Silla Vacía.

Entre los firmantes del contrato están los ejecutivos de Aval Gustavo Ramírez y Eliska Marinovich, a quienes Pizano también había informado de las irregularidades en 2015 y 2017, respectivamente. Ni Martínez, ni Ramírez, ni Marinovich informaron a las autoridades al respecto. De Odebrecht, firmaron Luis Batista, Yezid Arocha y Liliana Carolina Sarmiento.

“Nosotros solo nos enteramos ahora”

Aval ha sostenido que aunque sospechó sobre los pagos irregulares no los denunció, ya que solo se enteró de los sobornos cuando Odebrecht firmó en diciembre del 2016 un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., entidad que hoy investiga al conglomerado financiero colombiano. «Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, aun cuando parezca una tontería, no se me vayan a reír con el comentario que voy a hacer: nosotros solo nos enteramos ahora. Es la más absoluta verdad», dijo al respecto el magnate dueño de Aval y el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, a accionistas del grupo financiero el 31 de marzo del 2017.

Ese discurso de Aval en el que sostiene que fue víctima de Odebrecht también sorprendió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En el fallo de pliego de cargos de septiembre del 2018 contra ejecutivos de Aval y Odebrecht, por la adjudicación de la Ruta del Sol II, la SIC señaló: “resulta sencillamente inverosímil que empresas de amplísima trayectoria (refiriéndose a los socios del consorcio) hubieran estado expuestas por cuatro años, al saqueo millonario de las cuentas de la Concesionaria en la que participaban’’. En ese pliego de cargos, la SIC falló en contra de varios ejecutivos por conflicto de interés como el presidente de Aval, Sarmiento Jr.

El contrato de transacción no era el primero que Martínez hacía para el consorcio de Aval y Odebrecht. En el 2012, ya había elaborado el contrato de estabilidad jurídica, por el que recibió 25 mil dólares de honorarios, según documentos a los que tuvieron acceso Cuestión Pública y Univisión. Según una de las fuentes reservadas que hablaron con esta alianza, Corficolombiana (Aval) le habría pagado a Martínez por la elaboración del contrato de transacción.

La recusación al fiscal

El 25 de enero la defensa del ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, investigado por la Fiscalía, recusó a Martínez para que lo separen del caso. Según la defensa, el fiscal Martínez tiene conflictos de interés por haber sido abogado en temas relacionados al consorcio Ruta del Sol (Odebrecht y Aval). Entre los conflictos señalados está la preparación del contrato de transacción. Tres días después de la recusación, el pasado 28 de enero, Martínez le solicitó a la Corte Suprema que lo relevara de “todas las líneas de investigación del denominado caso Odebrecht”, para que pasaran al fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa.

En respuesta a esta alianza, el fiscal Martínez dijo que no se ha declarado impedido frente al caso del contrato de transacción, ya que a su despacho no ha llegado una investigación relacionada. «Por lo cual no ha sido procedente impedimento alguno», dijo Martínez.

Cuestión Pública y Univisión buscaron conocer la versión de Aval, pero nadie se pronunció. Por su parte, un vocero de la compañía brasileña en Colombia le dijo a la alianza periodística: “Odebrecht viene colaborando de forma eficaz con las autoridades de varios países en los cuales actúa en la búsqueda del pleno esclarecimiento de los hechos narrados por la empresa y sus ex ejecutivos”.

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