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Esto no es otra historia sobre Jeffrey Epstein. Es la que no te han revelado. A partir de correos inéditos, Cuestión Pública reconstruyó el testimonio de una víctima y destapó cómo funcionaba, por dentro, la red de explotación sexual infantil que conectó a multimillonarios, políticos y “hombres respetables” en la residencia de Epstein en Palm Beach, lugar en el que se reunió con el expresidente Andrés Pastrana en 2002. El año en que esta pirámide criminal operaba.

Diana Salinas y Gonzalo Guillén han sido dos de los periodistas que más han investigado el paramilitarismo en Colombia, revelando nombres y conexiones entre políticos, empresarios y estos grupos criminales.

Durante los últimos cuatro años, una red de políticos y empresarios de la Amazonía colombiana ha controlado contratos públicos vinculados a la comunidad Nukak y ha intentado influir en un negocio de créditos de carbono, desatando amenazas de muerte y procesos judiciales que revelan disputas de poder alrededor de esta comunidad.

Luis Octavio Gutiérrez cesó la contratación con el cuestionado sindicato Sintrasant y realizó una auditoría interna a la antigua administración del exgerente Orlando Rodríguez, del clan Rodríguez. Casi un año después del homicidio del odontólogo, sus familiares aseguran que la investigación en la Fiscalía no avanza y se sienten solos exigiendo justicia.

Óscar Pastrana, de 35 años, murió en la Clínica Los Nogales de Bogotá en diciembre de 2020 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Su deceso ocurrió después de que denunciara presuntos hechos de corrupción, cuestionables prácticas de contratación y falta de salubridad en los insumos médicos del hospital público de Caucasia. El médico sufría depresión por acoso y presiones derivadas de sus acusaciones.

La atención médica en esta zona es un cuerpo enfermo. Con contratos por 114 mil millones de pesos, el clan Rodríguez asfixió las finanzas del hospital de Caucasia, el más grande de la región, a través de la subcontratación de sindicatos y asociaciones de la salud. Este mecanismo llegó a otros cuatro municipios cercanos en un negocio millonario manejado por congresistas y gobernantes que afecta a más de 306 mil personas.