En CAI de Kennedy: Pudo ser otro Javier Ordóñez
El 12 de septiembre de 2020 Nicolás Pinzón, un joven de 24 años, fue llevado al CAI de Patio Bonito en Bogotá por gritar a los agentes de la Policía y el ESMAD: ¡Asesinos! Por ello recibió violencia física y psicológica de uniformados quienes ocultaban su identificación al interior del CAI, le relataron Nicolás y defensores de derechos humanos a Cuestión Pública. Su caso evidencia las trabas para el acceso a la justicia ordinaria y expertos calificaron el caso como un crimen de lesa humanidad.
Cuando todo queda suspendido en el tiempo
Nadie sabe muy bien qué pasó con Eliana Quintero. No hay pistas ni sospechas. Anyul Quintero, madre; y Gilma Torrado, abuela, fueron las últimas en verla antes de su desaparición el 3 de enero de 2007.
Amenazan a veedores por denuncias de corrupción en Caquetá
El control ciudadano frente a posibles sobrecostos oficiales en el municipio de Puerto Rico ha traído amenazas y exilio para quienes se atreven a hablar. La antigua violencia de los grupos armados fue sustituida por esta nueva forma de intimidación.
Los ingeniosos azucareros: ¿una patente que caña?
Un integrante de la junta directiva de Riopaila Castilla S.A. quiere patentar un método similar al que usan unas 350.000 familias para producir panela. Opositores temen que esto le permita a los azucareros incursionar en la industria panelera a gran escala, a pesar de que la ley se los prohíbe. Detrás de esto habría estrategias “peligrosas” en una puja que calienta motores y que podría reconfigurar el billonario negocio de la caña de azúcar.
Los Mattos: retrato de una familia para enmarcar
Este clan del Cesar ejerció por décadas su influencia, mientras crecían su poder y sus líos con la justicia. El empresario Carlos tiene pedido de extradición desde España; el ganadero Edward está acusado de homicidio; y el excongresista Alfonso enfrenta acusaciones por el desplazamiento de una comunidad indígena. Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio presentan una radiografía de las cuentas que estos hermanos tienen pendientes.
Medida de aseguramiento contra Uribe. Live con Coronell e hilo en Twitter
La Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe mientras lo investiga por los delitos de soborno y fraude procesal en el caso de manipulación de testigos. Hablamos con el periodista Daniel Coronell sobre esta decisión e hicimos un hilo en Twitter con nuestras investigaciones sobre Uribe, aquí te las dejamos.
La vicepresidente de Colombia pagó en Miami fianza de US$ 150 mil para liberar...
Bernardo Ramírez Blanco, de 58 años de edad, hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco, en 1997 fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína. Cuando tuvo oportunidad de salir libre, la fianza, de US$ 150 mil, la pagó ella junto con su esposo, Álvaro Rincón, ambos enredados hoy por sus nexos comerciales con el narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma.”
El rey se pasea desnudo: corrupción en el FCE Colombia
El escritor Nahum Montt, director de la filial colombiana de la editorial Fondo de Cultura Económica, ha estado involucrado en episodios de abuso de poder, conflictos de interés y conductas que podrían ser investigadas tanto en México como en Colombia. Con base en el testimonio de una decena de fuentes y de una amplia documentación, La Liga Contra el Silencio reconstruye este caso que afecta a uno de los referentes del mundo editorial en español.
Chocó vive la cuarentena entre la vulnerabilidad y la limitación a la información
Durante varios días en medio de la cuarentena, Chocó fue el único departamento en Colombia sin información pública sobre casos de COVID-19 desagregados por municipios. Las autoridades justificaron la decisión por razones de seguridad, pero dieron marcha atrás el 6 de mayo después de quejas de periodistas y preguntas de La Liga Contra el Silencio .
Los retos de acceder a la información en Colombia (con y sin pandemia)
530 oficinas estatales y particulares que manejan recursos públicos violaron el derecho al acceso a la información vía derecho de petición en casi 10.000 casos, entre 2017 y 2019, según información de la Defensoría del Pueblo. La Liga Contra el Silencio hizo un ranking de los infractores y analizó las implicaciones de esta conducta para el trabajo de la prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Con la emergencia por la COVID-19, ¿esta situación puede empeorar?
