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Por: Alexandra Gómez @alexandraximgom
Las torturas para enseñar a respetar la autoridad
El 12 de septiembre de 2020, tres días después de la masacre del 9s en Bogotá y Soacha tras el asesinato de Javier Ordóñez, Nicolás Pinzón pasó en su bicicleta en horas de la mañana por el Comando de Acción Inmediata (CAI) de Patio Bonito (Kennedy), el cual se encontraba custodiado por agentes de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) a quienes les gritó: — ¡Asesinos!—. Le sumó un gesto de desaprobación en contra de ellos alzando la mano con el pulgar hacia abajo y siguió su destino. “Lo hice como una manera de protestar por lo que había visto los días anteriores de cómo la Policía le pegaba a manifestantes indefensos, esto me generó enojo y digna rabia y en especial por la muerte de Julieth Ramírez (…) En ese momento era un simple ciudadano en bicicleta, grite y seguí mi camino”, explicó Nicolás.
Unos minutos antes de llegar a su casa fue abordado por 5 patrullas motorizadas, uno de los uniformados realizó una requisa y le solicitó los documentos de la bicicleta, al no tenerlos, los agentes le exigieron trasladarse hasta el CAI de Patio Bonito. “Alcancé a reportar a la Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá (REDHUS) que me llevaban hacia el CAI, al llegar me bajé de la cicla y la tiré, me ordenaron entrar y me opuse por lo cual agentes del ESMAD se acercaron y empezaron a golpearme junto con algunos policías (…) Ya cuando me habían metido un metro al interior del CAI, un policía me empezó a golpear las piernas y otro por la espalda me tomó de los testículos apretándome y levantándome”, contó Nicolás.
Al interior del CAI lo incomunicaron, amenazaron con ahorcarlo como tortura psicológica, obstruyeron su respiración por algunos minutos, uno de los agentes indicó que era mejor detonar un gas lacrimógeno “para poner a vomitar a ese chino hijueputa”, nos aseguró Nicolás Pinzón. Le repetían de manera constante “que le iban a enseñar a respetar la autoridad”. Recibió agresiones homofóbicas “me dicen que soy una loca, una marica, que imposible que sea heterosexual”. Según su relato, buscaron marihuana y otras drogas en el CAI para sembrarlas como evidencia de porte de drogas y lo tildaban de “marihuanero, drogadicto (…) se burlaban todo el tiempo con lo que me decían”, expresó Nicolás.
Nicolás fue esposado por un Policía que ocultaba su identificación, lo intimidó con una navaja, le rompió los cordones y la maleta. Tres policías con las chaquetas puestas al revés y uno con el chaleco antibalas preguntaron sus datos personales, diligenciaron un documento y lo obligaron a firmar bajo amenazas y golpes. “Nunca leí, ni se me informó de que se trataba, la firma y la huella la consiguieron pegándome con el bolillo envuelto con un trapo dos veces en el abdomen, al tercer golpe decidí firmar y poner la huella”, aseguró Nicolás.
Seguidamente “creo que entra el comandante del CAI, y me da una charla de respeto a la autoridad y dice que el cargo que se me imputa es incitación a la violencia”, recordó Nicolás. Cuando los defensores de REDHUS llegan a indagar por la situación de Nicolás “nos informan que fue detenido por irrespeto a la autoridad y no por los documentos de la bicicleta(…) el agente que lo tuvo detenido empezó a grabarlo para documentar que supuestamente no había sufrido golpes y que estaba bien, ante esto Nicolás se baja el tapabocas para mostrar que salía sangre por su nariz y el policía baja su celular y detiene la grabación (…) posteriormente señala ante la grabación que el procedimiento estuvo relacionado con la bicicleta, contradiciendo la acusación inicial”, relató uno de los defensores de la REDHUS, quienes por protocolo de seguridad hacen las declaraciones y comunicados a nombre de la organización y no a título personal.
Ante el grito de Nicolás “el policía debió hacer caso omiso frente a la acusación, un ciudadano manifestando por medio de su voz no quiere decir que le esté imputando un delito y respecto a la bicicleta debió darle un tiempo prudencial para que allegara los documentos de la misma. Lo que sucedió fue un abuso policial porque están utilizando la fuerza ya como acción de coacción y represión a la sociedad civil, no están respetando el derecho a la vida porque un golpe puede ser tan contundente que puedes perder la vida”, explicó un abogado de la firma International Legal Team, quien pidió no dar su nombre por seguridad y viabilidad del proceso jurídico de este caso y otros.
Estas acciones de la Policía con Nicolás se pueden tipificar como delitos que atentan contra la libertad individual, dado que hubo una detención arbitraria, tortura, constreñimiento y violencia psicológica, por lo cual puede haber consecuencias penales y administrativas para los agentes que presuntamente cometieron los hechos.
El periplo para instaurar una denuncia
El sábado 12 de septiembre, día de las agresiones, Nicolás se dirigió a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy para colocar la denuncia.“No me dejaron entrar porque según ellos la atención es hasta las 4:00pm, yo llegue a las 4:10”, aseguró Nicolás. “Siempre debe haber un funcionario las 24 horas quien reciba la denuncia, en estos casos que son usuales hay que buscar otra URI y por el tema del COVID está restringido el acceso a las instituciones judiciales como administrativas, lo que se recomienda hacer es instaurar una denuncia virtual”, señaló la firma de abogados International Legal Team. Por lo general antes estas situaciones un ciudadano del común desconoce la ruta de atención.
Nicolás nos aseguró que al no conocer este tipo de restricciones se dirigió a Medicina Legal donde fue remitido a la URI de Puente Aranda, allí tomaron algunos datos de contacto, le negaron interponer la denuncia y le indicaron que fuera a su EPS, sobre las 6:00 pm fue atendido y le diagnostican lesiones en antebrazo, rodilla, cadera y dorso.
Es de señalar que al momento de Nicolás reportar su agresión en la EPS, un funcionario le advirtió que por este tipo de casos tiene como deber reportar a la Policía. Durante la toma de exámenes, al interior del centro de salud, en el área que tiene acceso restringido se encontraba Nicolás en la toma de una radiografía, en este momento llegaron dos policías que se identificaron ante Nicolás como adscritos al cuadrante 18 de Puente Aranda y que deseaban acompañarlo y tomarle unos datos. Nicolás solo les facilitó su número de identificación y de contacto; personal médico y de vigilancia le indicaron que avisara sí estaba recibiendo por parte de los policías algún tipo de persuasión o amedrentamiento para no realizar la denuncia “porque hemos visto como lo suelen hacer en este tipo de casos”, aseguró Nicolás sobre las afirmaciones que le hacían mientras recibía atención médica.
Dos días después de la agresión, la URI de Ciudad Bolívar recibió su denuncia y en la valoración de Medicina Legal determinó que se encontraron: “mecanismos traumáticos de lesión: abrasivo; contundente; corto contundente”, es decir: raspones y golpes con fuerza, y le dieron una incapacidad provisional de 13 días para un nuevo reconocimiento médico legal para establecer secuelas.
Actualmente Nicolás consume medicamentos antiinflamatorios y presenta dificultad para usar su mano izquierda. “Si alguien me observa a simple vista tengo unos pequeñísimos morados, pero el dolor muscular que tengo por estos días es terrible”, describió Nicolás.
La representante a la Cámara Katherine Miranda durante el debate de control político sobre el abuso policial el 16 de septiembre ante la plenaria refirió según datos del Instituto de Medicina Legal (INML) que “se han presentado 1708 denuncias en INML por lesiones entre el 1 de enero al 31 de agosto; el 80% de los ciudadanos recibieron incapacidad y en promedio 7 ciudadanos llegan al día al INML para valoración de lesiones por abuso policial en donde las víctimas oscilan entre los 15 a 34 años”.
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Sin esperanza en la justicia ordinaria
Cualquier ciudadano víctima de abuso policial debe interponer una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría, la primera está en el deber de adelantar la investigación ordinaria respecto al delito que se cometió dónde puede tener consecuencias jurídicas o penales y la segunda coadyuva en la indagación y verifica si tiene repercusiones disciplinarias para el agente.
“Por mi experiencia conozco que los (procesos) disciplinarios para funcionarios de la Policía una vez llegan a los centros de atención y disciplinarios de la Policía Nacional por lo general se archivan (…) Una víctima que acompañamos, instauró su denuncia el 1 de noviembre de 2019 y al día de hoy el proceso sigue activo pero nunca lo han llamado a nada” afirma el abogado, vocero de la firma International Legal Team.
Abogados que acompañan procesos de abuso policial identifican que la dilación institucional obliga a la víctima apoderar a un abogado para que le pongan “un poquitico más de atención” en las instancias judiciales y disciplinares pero a pesar de ello no es una garantía para el acceso a la justicia.
“Los honorarios de un abogado para llevar este tipo de casos pueden oscilar entre 2 A 10 salarios mínimos legales vigentes”, señaló el abogado de la firma International Legal Team, costos que las víctimas difícilmente pueden destinar para su representación, ya que por lo general son ciudadanos de escasas condiciones socioeconómicas. Los requisitos de algunos fiscales de sólo relacionarse con el apoderado de la víctima para brindarle información del proceso se convierte en un obstáculo para hacer seguimiento a su denuncia y el desconocimiento de esta ante los trámites jurídicos genera que la mayoría de casos cumplan el curso para ser archivados, según analizaron los especialistas que consultamos.
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“La Policía cometió un delito de lesa humanidad”, según abogado.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura entiende que la tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales”. El derecho internacional prohíbe toda forma de tortura y lo tipifica como un crimen de lesa humanidad.
“Los CAI no están cumpliendo su función, se están convirtiendo en centros de tortura y se evidenció recientemente que se han cometido homicidios (…) En el caso de Nicolás se trató evidentemente de una tortura, se cometieron lesiones y tratos inhumanos (…) y no es un caso aislado, obedece a una función sistemática de violación de derechos humanos contra ciudadanos cometidos por la Fuerza Pública”, explicó Álvaro Sánchez, abogado penalista y, defensor de derechos humanos.
“Ese trato cruel e inhumano que le realizaron al interior del CAI a Nicolás vislumbra un problema de fondo que se encuentra en esa institución y dada la ineficacia de los entes de control ante el abuso policial permite hacer un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional”, analizó Sánchez. Lo que conlleva elevar el caso de víctimas de abuso policial a un crimen de lesa humanidad en responsabilidad del Estado colombiano.
“Ahora aparte de los dolores físicos que tengo, lo que más me duele es cuando cada vez que cuento mi historia, pareciera que debo ocultar que le grite a los policías, porque la gente del común justifica que por ello me debían golpear, amarrar, insultar y torturar. Creo que es una de las cosas que más me ha impactado y duele (…) ¡Es como una falta de humanidad y empatía!”, expresó Nicolás después de una semana contando una y otra vez su historia con lujo de detalles para iniciar un camino jurídico que no tiene certeza cuando termine.
La Personería de Bogotá ha recibido al 23 de septiembre 376 quejas por abuso policial “de ellas, 202 se dieron a partir del 9 de septiembre” reportó la entidad a través de una nota de prensa en su sitio web, casos que fueron remitidos a la Fiscalía por presuntos delitos de abuso de autoridad, lesiones personales, homicidio y violencia de género.
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