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Junto a él, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali citó a los demás imputados: Andrés Felipe Chicaiza, Diego León Quiroz, Juan Antonio y Francisco Cordoba García y a 12 policías de la capital del Valle para que comparezcan el próximo 25 de enero de 2023 a la audiencia de acusación, y el 27 y 28 de febrero de ese mismo año a la audiencia preparatoria de cara al juicio oral que deberán enfrentar.

A continuación desde Cuestión Pública les presentamos un estudio hecho por el concejal de Bogotá Diego Cancino y su equipo de trabajo frente a los avances judiciales en torno a la violencia policial ejercida contra los y las manifestantes durante el Paro Nacional de 2021.

Marcelo Agredo Inchima murió por un impacto de bala en la cabeza, el 28 de abril de 2021, cuando participaba en el primer día de protestas en el oriente de Cali. El patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, imputado por la Fiscalía por el homicidio del joven de 17 años. Desde el pasado 2 de febrero el uniformado se defiende en el proceso sin estar detenido.

Eso dice el papá de Kevin Yair González, el joven de 23 años que murió el pasado 30 de abril, tras las confrontaciones entre la Policía y manifestantes en el marco del Paro Nacional en Cali. Las circunstancias de su fallecimiento aún son materia de investigación.

El joven caleño fue asesinado el 28 de mayo por un impacto de bala en el abdomen mientras participaba, por primera vez, en una manifestación. Sus familiares presumen que el disparo vino de uniformados de la Policía y aseguran que la investigación por su asesinato no avanza en la Fiscalía.

Desde el 2001, en las tomas de las Autodefensas Unidas de Colombia de los municipios del sur del departamento, tanto la Policía como el Ejército habrían cooperado con el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, que delinquía en 13 departamentos del país como Huila, Putumayo y Nariño.

Para las mujeres en Colombia la decisión de terminar voluntariamente con su embarazo puede significar ir a prisión, y esa amenaza pesa. El aborto sigue siendo un delito que genera estigma y persecución: actualmente, según información de la Fiscalía, hay alrededor de 4.754 procesos abiertos; uno de ellos es el de Manuela*. Su testimonio ilustra un calvario que podría parar si la Corte Constitucional opta esta semana por la despenalización.

Harold Ordóñez Botero, ingeniero ambiental, estudiante de maestría y firmante del acuerdo de paz fue acusado de ser uno de los comandantes de las disidencias de las Farc que opera en el Valle del Cauca, justo cuando empezó a ser una voz crítica dentro de su propio partido político; para la defensa, el caso de Ordóñez se trataría de un ‘falso positivo’ judicial.

Durante diez años, Talanú Chemical, el mayor proveedor de glifosato antidrogas en Colombia, omitió información sobre los efectos de su herbicida ante la autoridad ambiental. Esto no impidió que siguiera contratando, bajo requisitos aparentemente laxos, con la Policía Antinarcóticos, que ha estado en el centro de las quejas de campesinos por “fumigación indiscriminada”.

En solo seis investigaciones se ha identificado a los policías que presuntamente habrían disparado contra las víctimas. En otros tres casos, la Fiscalía no avanza. Hay familiares y abogados que aseguran estar bajo amenaza y seguimientos.