Con salvoconducto para traficar: el negocio maderero que devora las selvas del Chocó
En estas redes de blanqueo participan “empresarios” que financian las licencias, presentan inventarios de madera ficticios y la transportan irregularmente de la mano de funcionarios de la Policía y Codechocó. Solo entre 2018 y 2021 se perdieron 31.000 hectáreas de selva en el departamento.
(10/11/2022)
Por: El Escarbabajo
Remolcadas por pequeñas lanchas, trozas de no más de cuatro metros de largo navegan diariamente por las corrientes del río San Juan, en Chocó. Octaviano Murillo, cortero y concejal del Litoral del San Juan, las amarra entre sí para llevarlas al aserrío más cercano. Aquellos troncos flotantes fueron alguna vez árboles de hasta 40 metros de altura que crecían en las entrañas de la selva.
Solo entre 2018 y 2020 se decomisaron 21.376 metros cúbicos provenientes de ese departamento. Esto equivale a llenar ocho piscinas olímpicas de madera. Las razones: transportar especies diferentes a las autorizadas y superar los volúmenes consignados en los salvoconductos. Ronald Rincón, director de la Autoridad Ambiental del Chocó (Codechocó), reconoció a Cuestión Pública que sus funcionarios han falsificado estos permisos de movilización, lo que facilita el tráfico de madera.
Pie de foto 1: Al sur del Chocó, en el Litoral del San Juan, la madera es el negocio que mueve la economía de la región. Foto: Julián Gabriel Parra De Moya.
Este fue uno de los hallazgos de la más reciente auditoría que hizo la Contraloría a Codechocó en diciembre de 2021 en el marco del control a la deforestación en el departamento. Para esta entidad, la autoridad ambiental ha incumplido con el seguimiento a la tala de madera, que debe realizar a través de los salvoconductos, aunque Rincón aclaró que se están adelantando procesos sancionatorios.
Este documento es la guía que deben presentar los transportadores ante las autoridades para sacar los cargamentos a los centros de almacenamiento. Si el tipo de madera movilizada o el volumen no coincide con lo consignado en el permiso, se debe incautar.
Pero esto no ocurre en la práctica y las cantidades decomisadas están muy por debajo de la madera que se extrajo en los últimos cuatro años en el Chocó: 705.675 metros cúbicos, según los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea (SUNL) entregados por Codechocó entre 2018 y 2022.
“Que una madera tenga un salvoconducto no significa necesariamente que sea legal porque existe un mercado negro de estos permisos”, dijo Daniel Rico, consultor en análisis de riesgo y prevención de economías ilegales. Un comprador de madera del Litoral del San Juan, que pidió mantener su nombre en reserva por seguridad, le dijo a este medio que es muy común adquirir ante Codechocó permisos de transporte declarando, por ejemplo, 300 bloques de madera cuando en realidad lleva hasta el doble. Así, la carga que no reporta ingresa al mercado sin mayores restricciones.
Para conseguir una mayor trazabilidad y combatir el tráfico de especies, el Ministerio de Ambiente decidió digitalizar los salvoconductos a finales de 2017. Cinco años después de entrar en vigencia la norma, este permiso, paradójicamente, es usado para blanquear cargamentos enteros y Codechocó no es la única responsable.
“Se necesitan dos actores para blanquear la madera: la policía y las corporaciones autónomas”, señaló Rico.
Cuando la madera es transportada y enfrenta los retenes de las autoridades hay varias dificultades para su control. Harry Escobar, subdirector de Codechocó, admite tres: una, los sobornos que recibe la fuerza pública para dejar seguir cargamentos irregulares; dos, la falta de internet y conexión en algunas zonas del país; tres, la alta rotación de uniformados. Esto dificulta capacitar al personal para identificar que la especie de árbol que se transporta corresponda con la que dice el salvoconducto.
De nada sirve que los permisos se puedan consultar en línea, explicó, si los policías no saben diferenciar una especie de la otra.
Los consejos comunitarios fueron los que más pidieron salvoconductos para transportar madera y no precisamente porque sean los grandes jugadores de este negocio. Entre 2018 y 2022, Codechocó entregó 74.768 salvoconductos a 40 de estos consejos, 15 a cabildos indígenas, 10 a personas naturales y uno a la empresa Yuma Crocodile Products SAS, dedicada a la fabricación de artículos de piel de caimán.
Los consejos también cuentan con la mayor parte de las licencias de aprovechamiento forestal: de las 123 autorizaciones para extraer madera que otorgó Codechocó, los consejos comunitarios y cabildos indígenas se quedaron con 119 de ellas. Aunque gran parte de los bosques del departamento están dentro de sus territorios colectivos, no son ellos los verdaderos dueños del negocio.
Los “empresarios” de la selva
Quienes suelen estar detrás de las licencias son los llamados “empresarios”, relató Roque Rentería, abogado del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia). Se trata de dueños de aserríos en la región o departamentos aledaños que cuentan con el músculo financiero para pagar el costo de las licencias. Estos permisos oscilan entre 60 y 100 millones de pesos, según el director de Codechocó, Ronald Rincón.
La dinámica del negocio es sencilla: las comunidades como la del litoral San Juan a la que pertenece Octaviano Murillo, uno de los protagonistas de esta historia, ponen el territorio para que los empresarios exploten la madera. A cambio, se quedan con un pequeño porcentaje.
Carlos Devia, ingeniero forestal y profesor de la Universidad Javeriana, le explicó a Cuestión Pública que en muchas ocasiones cuando se solicita la licencia se hacen “inventarios ficticios, registrando especies que no hay en el lugar. Si registran esas especies es porque de algún lado las tendrán que sacar”. Esto propicia el tráfico de madera, pues no siempre se cortan árboles del territorio de donde se sacó el permiso.
Esto mismo lo confirmó el abogado Rentería, quien señaló que en los inventarios solo se registran las “especies más rentables”, como el Sande o el Guayacán rosado. De las 20 especies de árboles más comerciadas, de acuerdo con miles de salvoconductos analizados por este medio, siete tienen algún tipo de amenaza.
Para el biólogo José Camilo Fagua, este tipo de árboles no se deberían comercializar porque suelen ser los más grandes y los que garantizan la continuidad de la especie. “Normalmente estos riesgos de extinción no se dimensionan igual en las plantas como en los animales, pero es como si se cazaran las hembras de un animal que va a desaparecer”.
Entre 2018 y 2021, el Chocó ha perdido 31.000 hectáreas de selva y según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la tala ilegal es responsable de al menos el 10% de la deforestación en el país.
La tala ilegal está concentrada en apenas tres municipios: Riosucio, Carmen del Darién y Quibdó, que representan el 52% de la madera que se transportó en los últimos cuatro años en ese departamento.
Tronco de negocio
Colombia produce 3 millones de metros cúbicos de madera al año y cerca del 47% es ilegal, según cálculos del Ministerio de Ambiente. La mayor preocupación radica en que casi la totalidad de la madera de origen ilícito sale de los bosques naturales del Pacífico y la Amazonía, es decir, cerca de 1.3 millones de metros cúbicos.
Y aunque Colombia no tiene una economía forestal tan fuerte como Brasil o Uruguay, este negocio mueve alrededor de 700 millones de dólares, según registró el medio ambiental Mongabay en 2018.
“Todos sabemos que la mayoría de madera es ilegal. Pero eso no importa y no se nota si llegan acá convertidas en comedores y sillas”, le dijo a Cuestión Pública un comerciante del barrio 12 de octubre, sector dedicado a la venta de muebles en Bogotá.
Los expertos consultados coinciden en que existe una debilidad institucional que facilita la tala ilegal y el tráfico de madera en el país. De acuerdo con el profesor Carlos Devia, una solución es movilizar únicamente madera rolliza, es decir, troncos de 3 o 4 metros, pues así es posible identificar con mayor facilidad la especie y la cantidad con los salvoconductos.
Mientras esto ocurre, el cortero Octaviano Murillo continuará navegando por los anchos ríos del departamento en busca de los árboles más altos y gruesos. “Esto no lo hago porque me gusta, lo hago porque no hay más de qué vivir”. En lo profundo de las selvas del Chocó las sierras eléctricas siguen rugiendo sin que nadie las pueda escuchar.
