La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó mayoritariamente el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que concedió la libertad al culpable en primera instancia, Álvaro Uribe. El magistrado Gerson Chaverra se apartó de esa decisión.

Para esta Sala, la jueza Sandra Heredia, titular del juzgado 44 penal del circuito de Bogotá, no explicó en qué consistió la razonabilidad y proporcionalidad, “para disponer la restricción de la libertad” del expresidente Uribe, condenado el pasado 1 de agosto por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

De acuerdo con el fallo de tutela que les compartimos en su totalidad, la Corte Suprema advirtió que la togada hizo una exposición de motivos para justificar la captura “sin un hilo argumental sólido y fundado”.

Para la Corte, no se colmaron las exigencias constitucionales, “para la privación de la libertad”.

Salvamento de voto

Fue el magistrado Gerson Chaverra quien salvó su voto en esta decisión. Para él “no es la acción de tutela el medio idóneo y eficaz para censurar las razones que sustentan la restricción de la libertad de manera inmediata, cuando tienen fundamento en la sentencia condenatoria”.

Porque “una discusión de tal nivel debe darse al interior del proceso, a través de los recursos ordinarios o extraordinarios”, puntualizó Chaverra.

Y así evitar que la tutela “se convierta en un medio paralelo al proceso penal que termine sustituyendo el procedimiento y las competencias de los jueces ordinarios”.

Argumentos de la jueza

Contrario a lo decidido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para la jueza Sandra Heredia, Álvaro Uribe sí cumplía con los requisitos para hacerse acreedor, desde la sentencia de primera instancia, de la prisión domiciliaria, por los siguientes aspectos: 

1. Asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica de los ciudadanos. 
2. El efecto disuasivo e intimidatorio, para la no comisión de delitos.
3. Evitar una percepción negativa de la sociedad.
4. La confianza de la ciudadanía en las instituciones.
5. La necesidad de adoptar una postura ejemplarizante.
6. La probabilidad de salir del país y evadir la pena.
7. Las estrategias dilatorias que se desplegaron para impedir la instalación del juicio.
8. La gravedad del delito, en proporción a la confianza ciudadana.

Mientras Álvaro Uribe continúa libre pero condenado, el Tribunal Superior de Bogotá todavía no decide si le acepta la renuncia a la prescripción de la acción penal en su caso, la cual está fijada para el próximo 16 de octubre.

En las manos de este tribunal también está la decisión de segunda instancia, en donde se ratificaría la condena al expresidente Uribe por soborno y fraude procesal, o podría quedar absuelto de los cargos por los que fue hallado culpable en primera instancia.