El feminismo era el discurso, pero el maltrato era la norma

Mientras la Cancillería de Colombia prometía hacer de la igualdad de género el corazón de su diplomacia, dentro del equipo que intentaba sacar esta política adelante se evidenciaba un caso de presunto acoso laboral que habría demorado el proceso y la calidad de la Politica Exterior Feminista (PEF).

Uno de los proyectos emblemáticos del presidente Gustavo Petro, una vez inició su periodo presidencial, fue elaborar una Política Exterior Feminista que buscara promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres en diplomacia colombiana. Sin embargo, algunos miembros del equipo que participaban en su elaboración denunciaron sufrir acoso laboral por parte de la persona que lideraba esta iniciativa.

Según los testimonios recopilados por Cuestión Pública Feminista, el ambiente de trabajo mientras se diseñaba la estrategia, bajo la coordinación de Luciana*, fue «muy tóxico, muy cargado», sobre todo con las contratistas, quienes no tenían un vínculo laboral fijo. 

Roberta, una de ellas, contó: «Yo presencialmente escuché una llamada que ella hizo a una de las colegas en donde la trataba super mal, le gritaba y, como todo se oía en ese espacio, era imposible no darse cuenta de este ejercicio de poder». Las denuncias detallan un patrón de maltrato que incluía el «uso reiterado de gritos, tono de voz amenazante y lenguaje corporal agresivo»**, lo que generaba «temor y ansiedad»** en el equipo, según se puede leer en una queja presentada en noviembre del 2024 al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la que pudo acceder Cuestión Pública Feminista.

En algunos casos, incluso llegó a afectar la salud mental de los integrantes del equipo, lo que provocaba «ataques de pánico, episodios depresivos y enfermedades psicosomáticas relacionadas con el estrés», se señala en el documento**. Uno de los aspectos más graves de las denuncias fue la divulgación de información confidencial sobre la salud mental de los colaboradores. 

Paula afirma que Luciana «comenzó a hablar sobre mis temas de salud mental». Según el testimonio, la funcionaria pública habría conversado con personas dentro del Ministerio sobre la salud mental de la contratista, sin autorización, para referirse al desempeño de sus labores. 

«Eso para mí sí ya es como una línea muy irresponsable, porque es un tema que además tú compartes en un espacio que consideras seguro y termina siendo usado en tu contra», agrega. 

En la queja presentada en el 2024,  otro de los testimonios manifiesta que en agosto de ese mismo año la coordinadora le preguntó por teléfono a un consultor que si no iba a ir a trabajar y, ante la respuesta de este, ella le gritó que iría a sacarlo de su casa, pues prefería eso a «sacarlo muerto de allí»**, aludiendo a un posible riesgo de suicidio, síntoma de una enfermedad de salud mental que él no había compartido con el equipo.

De forma privada, la funcionaria habría advertido que, ante cualquier denuncia, respondería abriendo procesos disciplinarios contra quienes la señalaran, enfocándose en «demoras en la presentación de informes de actividades fuera de los plazos establecidos»**. 

Otra colaboradora agregó que, mientras trabajó en la PEF, «tuvimos una especie de discusión técnica frente a los términos que deberían llevar las dimensiones de la política. Nunca me lo dijo, pero era evidente que no había ningún tipo de confianza en mi criterio». Además, «era un trato muy displicente» y por esto ella habría preferido no seguir con la consultoría.

Laura, quien según su testimonio habría redactado el documento base de la PEF, denuncia que su autoría fue eliminada del documento; sin embargo, la logró incluir en un pie de página. Además, su contrato no fue renovado. También relata que recibió «órdenes imposibles de cumplir, como la redacción y diagramación de un libro de 200 páginas en 10 días».

Laura también cuenta que, a través de un grupo de WhatsApp, se solicitó incluir en los agradecimientos del texto a dos integrantes que hicieron parte del equipo; sin embargo, esta solicitud fue ignorada.

Luego de esta denuncia, la funcionaria se comunicó telefónicamente con una de las víctimas mencionadas en la ampliación de la queja. En esta llamada, ella interrogó para averiguar quién la había presentado y cuál sería su posición al ser convocada por la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID). 

El proceso se habría centrado en cuestionar la calidad del trabajo de la víctima en lugar de abordar los hechos de abuso y maltrato denunciados. Esto significó una «revictimización que denota el desconocimiento por parte del equipo de la OCID de los mínimos procesales existentes para proteger a las víctimas», según uno de los testimonios.

El impacto en el desarrollo de la PEF

La falta de profesionalismo y el presunto acoso laboral no solo afectaron el bienestar de las colaboradoras, sino que también tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la Política Exterior Feminista. 

Roberta, una de las personas que hacía parte del grupo, afirmó que si se ponen «personas que no son competentes para hacer este tipo de cargos y este tipo de roles, el resultado solo puede ser un fracaso», haciendo referencia al liderazgo de Luciana dentro de la PEF. 

Como resultado de las denuncias, Luciana fue retirada del cargo y trasladada a otra dependencia por la canciller Laura Sarabia, según los testimonios. Sin embargo, con la llegada de Rosa Yolanda Villavicencio al Ministerio de Relaciones Exteriores, la cuestionada funcionaria regresó al grupo de Política Exterior Feminista como asesora de asuntos de género en el despacho de la canciller. 

De acuerdo con los testimonios, a pesar de que existe una coordinadora para el asunto de Política Exterior Feminista, es Luciana quien toma las decisiones sobre la PEF y continúa enviando comunicaciones y convocatorias, lo que sugiere que sigue ejerciendo influencia en el grupo.

Estas situaciones de presiones y malos tratos derivaron en una «fuga de cerebros» del equipo. Laura lamenta que «muchas personas hayamos tenido que dejar de trabajar en la Política Exterior Feminista a pesar de sí tener conocimiento del sector y tener la experiencia que se necesitaba para su implementación. Esto responde al maltrato y a los abusos de poder que hubo en su momento».

Los testimonios sugieren que el presunto acoso laboral y la mala gestión han obstaculizado la implementación efectiva de la PEF, una política que buscaba ser pionera en América Latina. 

Un ejemplo de esto es que, tras dos años de trabajo, el documento definitivo fue devuelto por la Presidencia en dos ocasiones. La última versión, firmada por la entonces canciller Laura Sarabia, no fue aceptada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia debido a que incluía conceptos internos como la «Paz Total», excedía las competencias de la Cancillería y creaba órganos consultivos sin respaldo legal. 

Cuestión Pública Feminista envió un derecho de petición a la Cancillería para conocer cuántas veces fue devuelto el decreto desde la Presidencia y cuáles eran las razones. La entidad nos solicitó prórroga para responder; no obstante, a la fecha de publicación de este artículo, la respuesta no ha llegado. También, durante varias oportunidades, intentamos contactarnos con la persona encargada de la PEF, pero nunca se concretó una entrevista.  

Según Ana María González, asesora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), «las personas que más trabajaron en el documento conceptual no estaban en la Cancillería en el momento en el que se aprobó la política ni en la elaboración del decreto». El resultado fue un documento final «absolutamente escueto y superficial» que perdió la «densidad conceptual» de los borradores iniciales.

Ejemplo de esto es que uno de los elementos que quedó por fuera es la trata de personas, cuya ausencia resulta especialmente preocupante dado el alcance del problema en el país. Según un informe de Espacio Mujer, en 2025 se registraron 435 víctimas de trata de acuerdo con los reportes del Centro Operativo Anti-Trata (COAT) del Ministerio del Interior, de las cuales el 87% eran mujeres. 

La Política Exterior Feminista de Colombia, que finalmente fue firmada por el presidente Gustavo Petro el 17 de marzo de 2026, ha sido descrita por el Gobierno como «parte del compromiso para incorporar la igualdad de género como un principio orientador de la acción internacional del Estado». Sin embargo, dejó una sensación bastante negativa entre quienes trabajaron para que esta iniciativa se convirtiera en realidad.

*Cuestión Pública Feminista tomó la decisión de preservar la identidad de las personas involucradas en este reportaje, modificando sus nombres, con el objetivo de proteger su integridad y evitar cualquier tipo de repercusión o represalia en su contra por atreverse a denunciar los abusos de poder en un entorno donde la persona señalada, Luciana, continúa ejerciendo influencia en el grupo de trabajo.

** Tomado de la queja presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores.