(20/07/2024)

Desde su llegada al Capitolio en 2018, aportantes y miembros de UTL de la representante a la Cámara recibieron más de dos mil millones de pesos mediante contratos públicos, algunos con alcaldías y concejos avalados por su partido, la Alianza Verde.

Este veinte de julio comenzará la tercera legislatura del Congreso en el gobierno Petro. Según los acuerdos políticos hechos entre partidos en el 2022, el turno para la presidencia de la Cámara (2024-2025) le corresponde a la Alianza Verde, en representación de la coalición Verde Centro Esperanza.

En el tablero de opcionados al cargo, Miranda puja contra el candidato apoyado por el Pacto Histórico, Jaime Raúl Salamanca, por el primer lugar. La congresista, que enarbola las banderas de la oposición al Gobierno Petro, ha tejido en sus seis años en el Congreso una red de alianzas políticas, centrada en Cundinamarca y Bogotá, a nivel regional, y dentro del sector educativo, en el Gobierno Nacional. 

Este medio encontró que algunos de sus aportantes y antiguos miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo fueron contratistas o funcionarios en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

“Después de lo que nos pasó con Andrés Calle yo no siento ningún tipo de garantía para plantear debates”: Jennifer Pedraza

Esta legislatura marca el inicio de la segunda mitad del Gobierno y tiene como antesala la presidencia del senador Iván Name en el Senado. Name hizo una fuerte oposición al Gobierno Petro y sirve de ejemplo de cómo podría ser la presidencia de Miranda. 

En su ejercicio de poder, Name ralentizó algunas de las reformas bajo su teoría: “las reformas que saldrán de aquí son las del Congreso, no las del Gobierno”. Sus desencuentros fueron tales que le pidió públicamente a su partido declararse en independencia al Gobierno.

En la Cámara, el Gobierno Petro obtuvo un mayor respaldo en la legislatura pasada gracias al presidente saliente, Andrés David Calle Aguas, un congresista Liberal que, junto con su familia, ha apoyado a Petro desde la campaña presidencial.  

La congresista Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso*, criticó la gestión de Calle. “Después de lo que nos pasó con Andrés Calle yo no siento ningún tipo de garantía para plantear debates, intervenir en ellos o incluso para mis proyectos de ley, de los congresistas”, le dijo a este medio en el En Vivo: Todo lo que sabemos de la UNGRD.

Miranda parece caminar por la misma línea con su discurso de oposición a Petro. En su cuenta de X (antes Twitter), la representante llamó a respetar la separación de poderes ante la presunta injerencia del gobierno en la elección.

Tras el hundimiento de la reforma a la salud, encabezó la propuesta de realizar un nuevo texto con la participación de congresistas de todos los partidos, una idea con la que podría acaparar votos de la oposición a su favor en la elección por la presidencia. Pero al mirar de cerca los movimientos de sus aliados políticos, la oposición al Gobierno parece ponerse en entredicho.

La maquinaría de los verde$

Dar dinero a la campaña de congresistas verdes pareciera traer beneficios económicos. Cuatro de los financiadores de la campaña de Miranda en 2018 y 2022, que aportaron $181 millones, suscribieron 17 contratos con entidades públicas por cinco veces ese valor: $910 millones.

Este medio encontró que 11 de estos contratos fueron firmados con alcaldías en las que el partido Alianza Verde hizo parte de la coalición que avaló la candidatura de los mandatarios. 

En julio de 2023, Cuestión Pública destapó este patrón con otros dos congresistas del mismo partido. Se trató de Angélica Lozano e Iván Name. La red de la congresista Lozano conformada por familiares y aportantes recibieron contratos por ocho mil millones. Mientras que los familiares y miembros de la UTL de Name recibieron alrededor de mil millones de pesos.

Icetex en la Mira-nda

En noviembre de 2023, Blu Radio reveló abusos del presupuesto de Icetex para contratar y favorecer a amigos y familiares de congresistas. Entre los involucrados, según la denuncia, estuvo Katherine Miranda. 

Cuestión Pública encontró que uno de sus financiadores de campaña en 2022 trabaja para la entidad pública. Alexandra Bandera Ortega, la actual coordinadora de Talento Humano del Icetex, dio 40 millones a la representante. Para ese año Jairo González Quintero, su esposo, fue el mayor aportante de Miranda con $243 millones, el 32% del dinero que recaudó de particulares en esa campaña. 

Miranda le dijo a Cuestión Pública que a Bandera “Toro la había invitado a ser parte de su equipo” cuando dirigía el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

Exasesores o exasistentes de Miranda han sido contratados en entidades públicas después de que trabajaron con ella.

Tan lejos, pero tan cerca

“Katherine Miranda le sacó mermelada al Gobierno Petro. (…) Tiene puestos en el Sena e Icetex”, le dijo la representante Catherine Juvinao a la fiscal Angélica Monsalve vía Signal, en septiembre de 2023.

Cuestión Pública escarbó en ambas entidades y encontró que uno de los miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Miranda, entre 2022 y 2023, recibió 74 millones a través de dos contratos suscritos con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para asesorar jurídicamente a la entidad. 

Se trató de Diego Alfonso Velásquez Álvarez, quien estuvo en su UTL como asesor II desde que Miranda pisó el Congreso en julio de 2018. Dos meses después, fue nombrado asesor del Ministerio de Transporte en el gobierno Duque. 

Este medio consultó a la congresista Miranda quien manifestó conocer a Velásquez desde hace 14 años. Agregó que “(…) lo vinculé a mi UTL, luego me renunció porque le ofrecieron otro cargo en el gobierno nacional. Ha estado laboralmente en todos los gobiernos desde que lo conozco. En este gobierno ha estado en presidencia, Interior, SENA y tengo entendido que hoy está en MinTIC”.

Velásquez ya había hecho parte de otras UTL. En 2006, fue asesor del entonces senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, del Partido Conservador, y en 2013 acompañó al representante liberal Jaime Enrique Serrano Pérez.

Además de los contratos con el SENA, entre 2022 y 2024, Velásquez recibió otros cinco más con la Cámara de Representantes y uno con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC) por 316 millones. Este último es una entidad adscrita al Ministerio de las Tecnologías.

A la Contraloría también llegó Catalina Johana Cubaque Barrera, quien acompañó a Miranda en julio de 2018 como asesora I. Para 2022, fue nombrada por primera vez como contralora delegada intersectorial de Regalías. De acuerdo con los registros del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), Cubaque sigue en el cargo.

Además, cinco de los contratos con la Cámara fueron para prestar servicios en la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones. Miranda hace parte de esta comisión para el cuatrienio 2022-2026. En este órgano, el presidente Petro enfrenta un proceso por presunta financiación ilegal en su campaña de 2022.

Otros diez exasesores o exasistentes de Miranda han sido contratados en entidades públicas después de que trabajaron con ella. Suscribieron 41 contratos por $1,100 millones, todos adjudicados de manera directa por alcaldías, concejos y otras entidades locales.

Entre los servicios que prestó el círculo político de la congresista están las asesorías jurídicas, el acompañamiento administrativo y financiero, y el diseño y elaboración de material de comunicación institucional.

No todos los contratos suscritos por la red de Miranda con entidades de orden Nacional fueron durante el Gobierno Petro. En el mandato de Duque, uno de sus antiguos asesores fue contratado por la Unidad de Restitución de Tierras, y otro por el Ministerio del Interior. Juntos sumaron 209 millones a través de siete contratos públicos. 

¿Respaldo verde?

A inicios de julio, Katherine Miranda recibió un apoyo mayoritario de su partido para ocupar la presidencia de la Cámara. A pocas horas de tomar esta decisión en el Capitolio, este espaldarazo se ha ido diluyendo. 

Su postulación vino de 11 de los 20 representantes de la coalición Verde Centro Esperanza, conformada por Alianza Verde, Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo, Gente en Movimiento y Verde Oxígeno.

De acuerdo con Antonio Sanguino, exsenador verde, no existe dicha organización que aprobó la candidatura de Miranda. Según su versión, esta se disolvió para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

“(…)  No puede ser que quienes la atacaron sin piedad [a la coalición Verde Centro Esperanza], quienes la sabotearon, o la abandonaron desde antes de la primera vuelta, ahora pretendan resucitarla para usufructuar los beneficios de la difunta.”, expresó Sanguino a través de X.

Para 2022, Miranda fue la representante a la Cámara que recibió la votación más alta de su partido y la más votada a la Cámara con 118.540 votos. En los dos años de este cuatrienio, la congresista es autora en 57 proyectos de ley, entre ellos la penalidad de acoso sexual en espacio público y la eliminación gradual del servicio militar obligatorio. 

A la fecha Miranda y Salamanca llevan en firme su aspiración a la Presidencia de la corporación y están a la espera de las decisiones que tome cada partido. 

Créditos:

Dirección editorial: Diana Salinas. Investigación y reportería: Ketty Roqueme. Edición: Edier Buitrago. Edición legal: Camilo Vallejo Giraldo. Fact check: Sergio Retevisca.  Audiencias: Ían Schnaida, Natalia Gómez y Laura Tovar. WebMaster: Paola Tellez. Diseño y cover: Heidy González.

Publicada a las 05:00 pm