(03/03/2021)
En 2019, Susa era un pueblo inmerso en la desidia y la apatía, pues se acercaban las elecciones municipales y los candidatos a la Alcaldía hacían parte de lo que se consideraba para entonces la política tradicional, una cuestión que tenía inconformes a los susenses. Nadie esperaba que esto cambiaría con la llegada de una voz joven, nueva y femenina: la de Ximena Ballesteros, quien llegaba respaldada por su esposo, Gustavo Rodríguez, oriundo del Ecuador.
Por: Karen Forero y María Fernanda Ramírez, periodistas del CrossMediaLab de la U. Tadeo en alianza con El EscarbaBajo
La nueva esperanza del pueblo
La abstención del voto parecía apoderarse nuevamente de los resultados electorales, como en el año 2003, cuando el voto en blanco predominó en el municipio con un total de 1.872 votos que representaba el 74% de los sufragantes del municipio en esa jornada electoral, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En esta ocasión, Ximena Ballesteros se presentó como la alternativa a “los de siempre”; rápidamente consiguieron amigos y persuadieron a la ciudadanía para unirse a su campaña, como fue el caso del hoy concejal César Castellanos, quien afirmó: “Los veía como personas muy preparadas porque nos contaron sus experiencias en los Estados Unidos y Ecuador; Ximena, supuestamente, trabajaba como notaria pública en Texas y su esposo era asistente de marketing político de la campaña electoral de Rafael Correa, por eso conocían de la política, o eso nos hicieron creer”.
La primera aparición pública de Ximena fue el 2 de julio de 2019, en un video a través de la plataforma YouTube en donde la candidata, aparentemente desde la Universidad de Texas en Estados Unidos, fue entrevistada por el director del Periodico en Acción, Carlos Arturo Moreno.
Este video llegó a los susenses mediante redes sociales como Whatsapp y Facebook y le trajo la suficiente credibilidad y apoyo a Ximena para resultar postulada como candidata a la Alcaldía, en agosto de 2019, con el aval del partido Centro Democrático. Su programa de gobierno estaba basado en los “principios de Dios”, como reza en dicho documento. Durante los dos meses de campaña contó con el apoyo de candidatos al Concejo como César Castellanos: “A los concejales que íbamos con ella nos obligaban a cumplir unas rutas que solo podíamos hacer con ellos; si Ximena y Gustavo no estaban, no se podía ir a hacer campaña”, Con posterioridad a la candidatura, la alcaldesa y su cónyuge regresaron a los Estados Unidos, según informa Castellanos, a recoger a sus hijos. El viaje duró aproximadamente un mes. Cuando se encontraban de regreso, la comunidad les ayudó con un préstamo, al parecer, porque habían sido víctimas de un robo, pero nunca regresaron el dinero. Para Eduardo Rueda, líder de la veeduría municipal de Susa, la ausencia de Ballesteros en el pueblo no era nada bueno, sentían que había algo malo que no lograron ver en la campaña y que solo tuvieron la oportunidad de comprobar tres meses después.
Para Castellanos, Ximena y Gustavo eran personas que conocían a la perfección el tema de las campañas y de la seguridad; por esta razón nunca cuestionó sus acciones y decisiones. Sin embargo, recuerda con particularidad un hecho que plantó una duda: “Durante un recorrido de la campaña, Gustavo me dijo que desde las montañas nos apuntaban francotiradores, que pretendían atacarnos, decía que él había trabajado para la CIA; debo confesar que sentí miedo, pero después de todo lo que ha pasado me di cuenta de que eso fue puro teatro”, otro acontecimiento que despertó dudas en quienes apoyaban la campaña de Ximena, se presentó durante la contienda, en donde se le invitó de manera reiterada y formal a varios debates a los que no asistió.
Durante la campaña, Ximena fue el centro de atención de los susenses producto de varios hechos, entre ellos uno en donde aparentemente fue víctima de un atentado en su contra, que no solo intimidó a los susenses sino que también se volcó en un apoyo fuerte de la ciudadanía a su candidatura. Estos hechos y el poco tiempo que Ximena tuvo para hacer campaña fueron, a consideración de Eduardo Rueda, un elemento que jugó a su favor, pues no les permitió ver a él y a los susenses, que Ximena no tenía conocimiento sobre la labor que desempeñaría como alcaldesa del municipio en el futuro.
La llegada del triunfo
El 27 de octubre de 2019, Ximena fue elegida por voto popular como alcaldesa del municipio de Susa, con un total de 1.404 votos, que representa el 37,86 % del total de votantes, seguida por el candidato Alexander Ballesteros, que obtuvo 1.295 votos, el 34,92 % de los electores, y por último, el candidato Juan Gabriel Fúquene, por quien votaron 963 personas, correspondientes al 25,92 % del total de sufragantes, según datos de la Registraduría Nacional. Los susenses llevaron a Ximena Ballesteros al poder sin imaginarse lo que iba a suceder tras su posesión: una serie de acontecimientos que, hasta el día de hoy, han tenido como resultado el descontento popular, manifestaciones y hasta investigaciones por parte de las entidades de control.
Ximena Ballesteros es la primera mujer elegida de forma democrática en Susa. Según el histórico de alcaldes del lugar, las mujeres que pasaron por la Alcaldía en anteriores oportunidades fueron designadas por la Gobernación de Cundinamarca, por lo que su elección significó un precedente en la historia del municipio. Durante el mes de diciembre, la administración de Óscar Eduardo Rocha, alcalde saliente, se encargó de hacer el proceso de empalme con la alcaldesa electa hasta el 31 de diciembre del mismo año.
La punta del iceberg
El 31 de diciembre de 2019 se realizó el acto de posesión, video que se publicó en perfiles de redes sociales y del municipio, donde ciudadanos como Angelica Romero y miembros que apoyan a la veeduría, evidenciaron que Ximena no tenía aptitudes de oralidad, pero su esposo sí, por eso Gustavo no desaprovechó la oportunidad. Durante el discurso en la posesión, no dejó de resaltar las virtudes de su esposa, de su honestidad, del dinero que ganaba en los Estados Unidos y de lo que harían por el pueblo. En el acto de posesión pusieron la bandera de Estados Unidos y el discurso, según Jaime Cabra, concejal del municipio, era fantasioso y demasiado utópico para lo que se podía realizar en Susa: “Prometían llevar a los niños de Susa a los Estados Unidos a estudiar, pero además de eso, pretendían reformar la cátedra de Ciencias Sociales del colegio departamental y de las escuelas de zonas rurales, algo realmente ilógico, entendiendo que eso solo lo puede hacer el Ministerio de Educación”. Sin embargo, la gente les creyó sin cuestionar, preguntar o indagar si eso realmente era posible.
Al cuarto día de posesión, la comunidad empezó a comunicarse con Eduardo, para hacerle saber que se sentían incómodos con el rol que el primer caballero estaba ocupando, aun antes del triunfo -ahora desde el cargo de gestor social-, por tanto, el veedor decidió agendar un encuentro con Ballesteros, donde se especificó fecha, hora y lugar, para que se pudieran exponer las inconformidades de la comunidad. Sin embargo, Rueda afirma que la alcaldesa nunca llegó a esa reunión. Este no fue el único malestar de la comunidad: con el paso de los días se dieron a conocer los nombres de quienes ocuparían cargos en la administración municipal y eran pocos los nombres de personas originarias de Susa. Los elegidos provenían de municipios cercanos, no conocían el municipio y no tenían competencias para ejercer sus cargos, según Angélica Romero. Mientras tanto, algunos de los trabajadores que mantenían sus puestos por carrera administrativa, como el caso de Víctor Ballén, exjefe de maquinarias del municipio, se retiraron a razón de las aparentes irregularidades en la gestión de la Alcaldía municipal: “Al inicio del año, la alcaldesa decidió crear tres puestos nuevos para hacer las mismas labores que yo ejercía, a mi modo de ver, eso era un gasto innecesario, pues conociendo el oficio, sé que lo puede hacer solo una persona, y aparte, son más o menos cinco millones que se pagan de manera innecesaria”, narra Ballén.
Según el veedor Rueda, el gestor social ha intentado involucrarse en temas financieros del municipio, además cambió de manera informal las juntas de acción comunal por unas “gestorías sociales” y se encargó él mismo de designar a los representantes por veredas, desconociendo y quitando legitimidad a la Constitución de 1991 y a la administración pública en el país. Así mismo, se le ha fotografiado mientras discute con algunos concejales, y en ocasiones, como lo comenta el concejal Castellanos, presiona a los mismos sobre la toma de algunas medidas para el municipio.
Este no fue el único malestar de la comunidad: con el paso de los días se dieron a conocer los nombres de quienes ocuparían cargos en la administración municipal y eran pocos los nombres de personas originarias de Susa.
Tras consultar la información publicada por la administración municipal de Susa, se encontró que los datos referentes a contrataciones no están actualizados y solo contienen información hasta el año 2019. Al intentar establecer contacto con miembros de la administración, se identificó que la planta administrativa cambia de manera constante, como es el caso de la Secretaría de Gobierno y la Tesorería Municipal, pues las personas que ocupan en la actualidad los cargos son distintas a las presentadas en la página oficial de la Alcaldía. A su vez, otros departamentos administrativos que han experimentado modificaciones en el personal son: las asesorías jurídicas, donde se han presentado más de dos cambios de planta; la Secretaría de Planeación, que también ha mudado de funcionarios en dos ocasiones; y la Secretaría de Desarrollo Social, que lo hizo tres veces durante el año 2020.
Una piedra en el camino
Producto de las múltiples inconformidades y de los desplantes de la alcaldesa, un grupo conformado por Eduardo Rueda, Luis Eloy Garzon Moscoso, Nelsy Patricia Romero Jola, Rosa Elvira Robayo Villamil y Ernesto Alarcon Alarcon creó de manera legal la veeduría ciudadana, el 10 de enero de 2020, mediante la resolución 04 del mismo año, ante la Personería municipal de Susa, Cundinamarca, en cabeza de Elsa Amaya. En dicha resolución consta: “Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democratico de representación, que le permite a los ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”.
El panorama no era muy alentador, pues las aparentes irregularidades empezaron a aparecer. Uno de los hechos que empezó a evidenciar la falta de conocimiento de Ximena Ballesteros fue su mismo plan de gobierno: era un plagio del documento original del municipio de Villarrica, Tolima.
Cabe aclarar que la veeduría ya existía de manera informal, según lo indica Edwin Rincón, asesor legal de la veeduría, pues ya se ejecutaban labores de fiscalización desde las tres administraciones anteriores a la de Ballesteros, amparadas por la Ley 850 de 2003. Su labor ha sido estratégica para el descubrimiento de aparentes manejos indebidos en los recursos públicos de los municipios con tamaño y categoría semejantes a los de Susa, Cundinamarca.
Posterior a la creación formal de la veeduría, se inició una labor constante de vigilancia entre varios miembros de la comunidad. El panorama no era muy alentador, pues las aparentes irregularidades empezaron a aparecer. Uno de los hechos que empezó a evidenciar la falta de conocimiento de Ximena Ballesteros fue su mismo plan de gobierno: era un plagio del documento original del municipio de Villarrica, Tolima. Esto indignó a los concejales, afirmaron Cabra y Castellanos, pues dentro del plan de gobierno estaban estipulados proyectos para la siembra de café, sabiendo que el municipio es de tierra fría; en otro punto, el programa declaraba a Susa como un municipio afectado por el conflicto armado, cuando son históricamente conocidos bajo el lema de “remanso de paz”.
Los primeros dos meses de gestión de la alcaldesa fueron determinantes en el accionar de la veeduría, tiempo durante el cual lograron interponer recursos como derechos de petición y diferentes requerimientos con el fin de acceder a la información que la alcaldesa no brindaba, sin embargo, tras la llegada de la pandemia al país, la labor de vigilancia empezó a verse frustrada mientras las irregularidades seguían en aumento.
El ojo del huracán
En medio de su labor investigativa, la veeduría conoció los rumores de un supuesto robo en las cuentas del municipio, que empezaron a circular en las tiendas y en las calles de Susa.
Por esta razón, la veeduría decidió alertar a las autoridades. La primera denuncia que hizo el organismo ciudadano de control fue un derecho de petición dirigido a a la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Gobernación de Cundinamarca y a la Interpol, en el que pedían información sobre una denuncia interpuesta por Ximena Ballesteros ante las entidades de control referente al fraude y estafa a las cuentas bancarias oficiales de la Alcaldía municipal de Susa, pero que no informó en su momento por ningún canal a la ciudadanía, ni siquiera al Concejo.
Ya habían pasado tres meses después del acto de posesión, cuando en una sesión ordinaria del Concejo municipal, los concejales Carlos Coca y Jaime Cabra confirman lo que hasta entonces eran rumores: “460 millones de pesos habían desaparecido, en un presunto robo electrónico, y Ximena no había avisado”, afirmó Cabra, dinero que fue hurtado desde las cuentas del erario del municipio.
Susa se encuentra dentro de la sexta categoría, según los lineamientos del Estado, es decir, su patrimonio es inferior a los 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), lo que significa que el robo de este dinero representó una pérdida representativa. Según Victor Ballén y Angélica Romero, esta suma pudo invertirse en las mejoras a las vías rurales del municipio, que se encuentran en mal estado, o incluso en la compra de equipos y elementos para la prevención y cuidado de la COVID-19.
Al respecto se abrió una investigación en las entidades de control pertinentes al caso, y producto de un formato PQR No. 1397768, presentado por la veeduría de Susa, se obtuvo una respuesta por parte de la Vicepresidencia de Banca Agropecuaria de la Gerencia de Servicio al Cliente del Banco Agrario de Colombia, el 1 de junio de 2020. Dicho documento, dirigido a Ximena Ballesteros, comunicaba que: “Nuestra entidad determinó NO reintegrar el valor de $ 375.096.830, con base en la investigación, ya que se encontró que las transacciones se originaron y autorizaron con los usuarios y con la clave de uso confidencial, personal e intransferible a nombre de la persona designada por parte del municipio de Susa para el uso de la banca virtual”.
Susa se encuentra dentro de la sexta categoría, según los lineamientos del Estado, es decir, su patrimonio es inferior a los 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), lo que significa que el robo de este dinero representó una pérdida representativa.
En el mismo documento, el Banco Agrario agregó un listado de detalles en donde determina las razones por las cuales no reembolsa el dinero. Además, permitió conocer a la comunidad susense varios aspectos, entre ellos: el detalle de las tres cuentas del municipio que resultaron afectadas, el valor real del hurto, la única dirección IP desde donde se efectuaron los movimientos, el número de transacciones que se efectuaron durante el presunto robo del dinero (que fueron 40), los 3 usuarios autorizados y registrados por la Alcaldía para efectuar las transacciones: Ximena Ballesteros Castillos (alcaldesa), Sandra Milena Castiblanco Becerra (exsecretaria de Hacienda del municipio) y Mónica Lizeth Paiba Infante (extesorera del municipio); y finalmente, el destino del dinero.
También se indica que todos los movimientos se efectuaron a cuentas registradas en la entidad financiera Bancolombia. “El informe de investigación y los documentos que soportan la decisión serán remitidos, siempre y cuando lo requieran los entes judiciales y/o de control”, explicó el banco. Es por esta razón que hasta el día de hoy se desconocen los nombres de las personas y los detalles de las cuentas a las cuales se destinó el dinero del supuesto hurto electrónico.
Lo inesperado
Tras la llegada de la pandemia al territorio colombiano y los efectos del confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional a partir del 16 de marzo de 2020, el municipio gestionó una contratación con el fin de ayudar a las familias susenses afectadas que no tenían acceso a alimentos, pero este proceso desembocó en una nueva inconformidad. Fue así como el 5 de mayo del 2020, a Ballesteros se le abrió una indagación preliminar en la Procuraduría provincial de Chiquinquirá por presunta contratación irregular y tráfico de influencias. Para la veeduría municipal, era cada vez más preocupante el panorama, por tanto se asesoraron, tocaron puertas e hicieron las denuncias correspondientes ante los entes de control. Eduardo Rueda asevera que: “No recibimos respuestas, y el dicho de “no se quede callado, denuncie” era pan de cada día, el pan que no nos daba resultados, nadie hacía nada, no había respuestas por parte de los organismos de control y seguíamos en la misma situación”.
Según Rueda, a raíz de la presión que habían estado haciendo como veeduría, la alcaldesa solicitó el apoyo de una funcionaria de la Contraloría de Cundinamarca en una misión no oficial, quien se acerca a las oficinas del municipio “con la intención de cambiar o por lo menos de brindar una asesoría con respecto a los documentos de las contrataciones de los mercados. Mágicamente, esa documentación cambió de un momento a otro, estábamos en plena pandemia y desconocemos cómo llegó al municipio, pero estamos seguros de que contó con el apoyo de la alcaldía”.
Al ver todas estas inconsistencias, en calidad de representante de la veeduría de Susa, Eduardo Rueda ha pedido la verificación e información de los casos expuestos, demandando estos hechos ante la Contraloría de Cundinamarca. En esta misma petición requirió datos sobre la señora Bibiana González Rojas, funcionaria de la misma entidad, para verificar si estaba o no asignada para alguna misión oficial en el municipio de Susa, teniendo en cuenta que es hermana de la señora Mónica González Rojas, exsecretaria de Gobierno, pues se encontraba revisando carpetas y documentos propios de la Alcaldía. La respuesta del órgano de control se dio a conocer el 29 de septiembre, en el marco de la audiencia pública virtual de control social, en la provincia de Ubaté. En esta audiencia, el contralor departamental de Cundinamarca, Édgar Sierra Cardozo, manifestó que la funcionaria no se encontraba en misión oficial y que sobre ella se tomarían las medidas correctivas pertinentes, ya que el caso se encontraba en manos de la oficina de control interno disciplinario de la Contraloría, pues la funcionaria pertenecía para entonces a la oficina de control departamental de dicha institución.
La veeduría del municipio de Susa también ha solicitado información sobre los distintos hechos y su avance en las investigaciones en instituciones como la Gobernación de Cundinamarca y Migración Colombia. En esta última entidad, se solicitó información referente a la procedencia y estado judicial del esposo de Ximena Ballesteros, y aunque se respondió que el caso se va a estudiar, hasta el día de hoy no se ha brindado la información que pidió la veeduría. El retraso de estos procesos es mayor a causa de la emergencia sanitaria que se está viviendo en el mundo, pero para los veedores, se debe en gran medida a un supuesto tráfico de influencias. Las presuntas irregularidades y las denuncias realizadas por la veeduría han afectado las relaciones entre los miembros de la administración pública, los veedores y la comunidad en general, pues según comentarios de algunos susenses, se percibe un conflicto entre simpatizantes, vigilantes y detractores de la administración de Ximena Ballesteros.
Una de las víctimas de estos hostigamientos fue el mismo Eduardo Rueda, a quien en varias oportunidades se le detuvo por cuenta de un presunto incumplimiento de las disposiciones de la alcaldesa frente a la emergencia sanitaria, aun cuando él se encontraba cobijado por las excepciones de movilidad al ser un productor primario dedicado a las labores ganaderas. De igual forma, se le impedía el ingreso del concentrado para sus animales y era detenido por la policía de manera constante en las calles de Susa. Por eso, Angélica Romero asevera: “Estamos divididos entre los que apoyan a Ximena y los que consideramos que su gestión es mala; quienes mantienen contacto con ella, no hablan con nosotros por temor a ser amedrentados por ella o su marido, o los amenazan con la pérdida de sus trabajos, y ante eso, ¿uno qué hace?”.
Silenciando voces
En octubre de 2020 se conoció una denuncia pública en contra de Ballesteros por una presunta compra y censura de medios locales de comunicación. Un caso reciente sobre ataques a la prensa en el municipio es el de Luz Marina Galeano Amaya, miembro activa de la emisora comunitaria Susa Estéreo, quien expuso su caso ante la veeduría: el día 7 de octubre de 2020, en horas de la mañana, la mandataria local se comunicó con el padre Saúl Juan Carlos Rodríguez, representante legal de la emisora, para amenazar con la cancelación de contratos que la administración tiene con la parroquia y la negación de nuevos para el próximo año, si no despedía a Galeano. Estos contratos se dan por el tipo de servicio que la emisora presta a la administración, pues el dinero que reciben se destina a pautas publicitarias, comunicados oficiales y/o transmisiones acerca de política. Sin embargo, Luz Marina asegura que la emisora puede seguir funcionando con normalidad, incluso si la alcaldesa les quita los contratos.
A la amenaza de retirar la publicidad se sumó la de tomar medidas jurídicas contra la emisora, y por supuesto, contra la periodista, ya que para Ballesteros, la labor de Galeano está ligada con indisponer a la comunidad con las entrevistas que ha realizado. Al ver todo esto, por recomendación del representante legal de la emisora, la comunicadora decidió presentarse ante la alcaldesa para hablar con ella, pero no fue atendida. Hoy en día, Luz Marina sigue ejerciendo su labor en la emisora, haciendo caso omiso a las peticiones de Ximena.
“El trabajo en la emisora está basado y debe estar basado en la imparcialidad, en contar la verdad y lo que está sucediendo en el momento; por estos tres aspectos, se generó la presión por parte de la alcaldesa hacia la emisora, específicamente hacia mí: por denunciar la carencia de elementos de bioseguridad, como la cámara de desinfección a la entrada del pueblo, que haciendo el paralelo con Simijaca, este también es un municipio de sexta categoría, por lo que cuenta con los mismos recursos financieros y ellos sí cuentan con estos elementos”, explica Galeano.
El pueblo unido
Ante la falta de respuestas y acciones por parte de los mecanismos de control, la veeduría y varios miembros de la ciudadanía decidieron manifestarse, haciendo uso de medios de comunicación locales en prensa y radio, para que, por lo menos, “se conozca la historia y que otros municipios, así de pequeños como Susa, se sientan motivados a vigilar a sus gobernantes. Los medios nos dan esa posibilidad, la posibilidad que hasta ahora las acciones legales no nos dan”, señala Eduardo Rueda.
Producto de las inconformidades de la población susense y como ejercicio de presión, el jueves 15 de octubre de 2020, miembros de la veeduría, la ciudadanía y el Concejo se manifestaron en las principales calles del municipio de forma pacífica. La intención era convocar una audiencia pública para que la mandataria local respondiera por las irregularidades por las que se le acusa, sin embargo, nunca se presentó. Días posteriores a la manifestación, se intentó establecer contacto con la alcaldesa con el fin de conocer su versión de los hechos, logramos contactarnos con su secretaria personal, Adriana Contreras, quien en repetidas oportunidades manifestó que la alcaldesa posee una agenda muy apretada y por tal razón no podía atendernos. No obstante, el lunes 19 de octubre la funcionaria concedió una entrevista al medio local La Villa, del municipio de Ubaté, donde se manifestó frente a los hechos ocurridos.
Durante el curso de la entrevista, un periodista del medio local le preguntó sobre su disposición para pactar una mesa de diálogo con los miembros de la veeduría del municipio y la ciudadanía, y aunque ella respondió que sí, a la fecha no se han presentado diálogos entre las partes y tampoco una invitación al medio local. “Es una manifestación que dice: “renuncie”, pero yo no sé por qué, los concejales no se han sentado conmigo como para saber por qué. Yo estoy presta a que ellos hablen conmigo y entender qué es lo que no les he cumplido”, declaró Ballesteros. Aunque el concejal Cabra manifestó que de manera constante se le han hecho invitaciones a las sesiones del Concejo con el fin de generar espacios de diálogo, donde se conozca su versión de los hechos, la alcaldesa nunca asiste.
“Nosotros como concejales no podemos obligar a la alcaldesa a que asista a las sesiones, entonces, más que una invitación, nosotros no le podemos ofrecer”, admite el concejal. Asegura también que para lograr acceder a la información pública del municipio han debido interponer derechos de petición y cartas dirigidas a las dependencias de la administración, porque de otra manera no dan acceso a los informes y documentos necesarios para la gestión de control por parte del Concejo. “Ella tiene el poder, si ella quiere, puede autorizar cosas por decreto, y nosotros no podemos hacer nada”, concluye Cabra.
Asegura también que para lograr acceder a la información pública del municipio han debido interponer derechos de petición y cartas dirigidas a las dependencias de la administración, porque de otra manera no dan acceso a los informes y documentos necesarios para la gestión de control por parte del Concejo.
En la entrevista realizada por La Villa, se le cuestiona a Ballesteros a raíz de su poca gestión durante su periodo de Gobierno, a lo que ella contesta: “Ellos alegan que no se ha hecho nada en el periodo de Alcaldía durante la pandemia. Estamos en una pandemia, los alcaldes no hemos podido hacer nada, todo está frenado, estamos en una pandemia, nosotros gestionamos los mercados, nosotros somos los que más nos arriesgamos. Con respecto a las vías, se están haciendo unas autopistas, en los sectores de Mata de uvo y Paunita, porque creo que Susa se lo merece, no las he hecho todas porque Susa no cuenta con la maquinaria necesaria”. Al respecto, se conoce que varias de las obras que se realizaron durante el año fueron ejecutadas durante la gestión de la administración de Óscar Rocha, su predecesor, y la Gobernación de Cundinamarca.
Sin embargo, Jaime Cabra hace un paralelo entre los municipios de la provincia y expone que los mandatarios de dichos pueblos han buscado las formas de dialogar con la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de gestionar recursos. Este no es el caso de la alcaldesa, insiste el concejal, pues tienen conocimiento de su inasistencia a dichos eventos convocados de manera presencial y virtual. Cabra y Rueda coinciden en que las razones por las que Ballesteros explica su inasistencia (prevenir el contagio del virus) no tienen justificación, pues de manera reiterada se le ha visto incumpliendo restricciones como la ley seca y el toque de queda. Ellos aseguran que ha fomentado aglomeraciones en su casa, haciendo reuniones sociales con familiares, amigos y personal de la administración municipal.
En la misma entrevista, también se le cuestiona por su inasistencia a las manifestaciones, a lo que la alcaldesa respondió: “No salí para evitar una guerra civil con la gente presente en la manifestación”. Además, manifestó que su administración no podía ser objeto de ese tipo de actos debido a que ella “ha hecho las cosas bien” y que a ella no la dejaban trabajar. Cuando el entrevistador hizo referencia a la acusación por el robo del dinero del erario municipal, la alcaldesa contestó: “No tengo nada que ver en eso”, señaló que las cifras puestas en conocimiento de la ciudadanía eran erróneas y que el banco había regresado un aproximado de 86 millones de pesos, que se lograron congelar durante el tiempo en el que se interpuso la denuncia. Finalizó su intervención comentando que “la administración no tiene la culpa, eso es culpa del banco, no entiendo cómo dejó que se robaran el dinero, ellos saben las personas y las cuentas en las que terminó el dinero”.
Este no es el caso de la alcaldesa, insiste el concejal, pues tienen conocimiento de su inasistencia a dichos eventos convocados de manera presencial y virtual. Cabra y Rueda coinciden en que las razones por las que Ballesteros explica su inasistencia (prevenir el contagio del virus) no tienen justificación, pues de manera reiterada se le ha visto incumpliendo restricciones como la ley seca y el toque de queda.
Con respecto a esta afirmación, el Banco Agrario de Colombia emitió un comunicado en donde informa que las transacciones se elaboraron de manera correcta y que los 86 millones, “devueltos” según la alcaldesa, corresponden a un congelamiento que efectuó el banco, posterior a la denuncia efectuada por la Secretaría de Hacienda, en cabeza de Mónica Paiba.
De igual manera, la Contraloría Departamental afirmó, en el desarrollo de la audiencia pública de control social de la provincia de Ubaté, en cabeza de la directora operativa de control municipal Nidia Beatriz Pérez Álvarez, que la investigación se encuentra en manos de la Dirección Operativa de Control de la Contraloría, por la pérdida de 461 millones. El encargado del caso al interior de la Contraloría es el director operativo de investigaciones y dicha indagación se encuentra en proceso articulado con la Fiscalía y la Procuraduría, por lo que se confirma que el hurto es responsabilidad de la administración municipal y no del Banco Agrario de Colombia.
La última esperanza
El pasado mes de diciembre insistimos, una vez más, en conseguir testimonios por parte de miembros de la administración municipal de Susa e incluso en varias oportunidades establecimos contacto con la secretaria personal de la Alcaldía, Adriana Contreras, quien no pudo abrir un espacio en la agenda de la alcaldesa para conceder una entrevista. Producto de la insistencia con la que nos comunicamos, nos suministraron su número de contacto personal, pero nunca atendió la llamada. El pasado 11 de diciembre volvimos a establecer contacto con la Alcaldía de Susa, con la finalidad de comunicarnos con Cristian Villamil, actual secretario de Gobierno, quien manifestó: “No me siento en la capacidad de hablar sobre la gestión de Ximena”.
Como último recurso, la veeduría del municipio de Susa, en cabeza del líder veedor Eduardo Rueda, con el apoyo de algunos concejales y en general de la población civil, interpuso el pasado 7 de enero, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, un recurso de revocatoria del mandato, cumpliendo con las dos causales por las que se permite el trámite: la inconformidad de la ciudadanía y el incumplimiento en la ejecución del plan de gobierno, después de doce meses de gestión cumplidos, como lo determina la ley.
Esto convertía a Susa en el único municipio del departamento de Cundinamarca en hacer uso de este recurso. Se requería por lo menos el 30% de las firmas equivalentes a la votación total recibida por la alcaldesa, para hacer efectivo el proceso de revocatoria. Los susenses tenían plazo hasta el 15 de febrero para conseguir todas las firmas, con el fin de dar cumplimiento a lo pactado por la ley para una revocatoria del mandato.
Sin embargo, a raíz de la coyuntura por la pandemia de COVID-19, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el pasado lunes 1 de febrero, suspendió de manera temporal la recolección de firmas, debido a la falta de un protocolo de bioseguridad autorizado por el Ministerio de Salud para la recolección de las mismas, retrasando el último recurso que tenían los susenses para sacar a Ximena Ballesteros de la Alcaldía.
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