La posesión no se

demuestra con

papeles
Motorizados y panfletos los amenazan con
“balín y candela” si no se van. La empresa
mencionada en el caso dice que La Guajira
es un “lugar que estuvo rezagado del sector
funerario debido a las tradiciones (...)
y rituales (...) wayúu”.

(12/12/2020)

Por: @fundachasquis con apoyo editorial de @cuestion_p

Capítulo II

“En el derecho wayúu, la propiedad de la tierra se determina por los cementerios y los jagüeyes (pozos de agua). Existe un cementerio ancestral, con no menos de 20 sarcófagos que testimonian el antiguo asentamiento de esta comunidad en este sitio”, se afirma en la sentencia T-556/17.

“El wayúu tiene concepto de territorio y no de tierra, es el lugar donde llegaron los primeros padres, el primer pozo y se cogen las plantas tradicionales”, cuenta Viloria. La Cachaca I, II, III, Cacha Mejia, Campo Alegre, Santa Rosa, Arroyo, son un asentamiento donde todos tienen una línea de parentesco ya sea por madre o padre que han hecho posesión por más de 20 años de los territorios en disputa.

En diferentes actuaciones gubernamentales La Cachaca II ha sido reconocida como territorio indígena. El 28 de octubre del 2009 la Alcaldía de Riohacha reconoció en un acta la posesión de Alicia Uriana como autoridad tradicional de La Cachaca II. En el plan de expansión energética 2017-2021 la Unidad de Planeación Minero Energética, adscrita al Ministerio de Minas, señaló en su estudio de proyección la presencia de parcialidades y resguardos indígenas donde se encuentra ubicada La Cachaca II. Igualmente, en cartografías levantadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia del siglo XX, se observa el poblamiento wayúu en la media y alta Guajira.

Con evidencias cartográficas y la ancestralidad en la posesión, La Cachaca II es un territorio colectivo. “Esto no era una comunidad que estaba invadiendo, la han poseído y explotado los wayúu, pensaron que destruyendo sus casas se iban a ir y ellos están ahí viviendo a la intemperie con incertidumbre”, expresa Pedro Ballesteros, coordinador de territorio de Suuliwo’u, la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu.

“Lo que le pedimos al Agustín Codazzi y a la Agencia Nacional de Tierras es que realicen un estudio en conjunto para verificar la presencia física de cada uno de los terrenos que permita comprobar el traslape y no levanten coordenadas por lotes y momentos separados porque esto afecta a varias comunidades”, es la petición de Viloria.

Registro fotográfico cedido por: Yarilis y Amira López.

Funcionarios Públicos que no atienden la ley 

En su informe, la defensora de familia zonal 2 de Riohacha justificó el acompañamiento al proceso policivo mencionando que “la propiedad fue reconocida por la Agencia Nacional de Tierras según la sentencia de la Corte Constitucional”, afirmación que es falsa dado que la Corte se pronunció ordenando a varias instituciones dar respuesta de fondo sobre la titularidad en dos sentencias y la Agencia Nacional de Tierras aún se encuentra realizando las actuaciones de esclarecimiento sobre los predios.

La sentencia T-556/17 ordenó a la Alcaldía de Riohacha y a los inspectores de Policía suspender las actuaciones y procesos de desalojo que se encontraran en curso “hasta tanto se tenga claridad sobre la titularidad de los bienes en disputa”. Por lo cual los inspectores de policía Barragán y Cádiz se encontraban impedidos.

“Las comunidades indígenas son sujetos de especial protección constitucional, son inalienables, impredecibles e inembargables”, afirma José Silva, presidente de la ONG Nación Wayúu, quien viene acompañando a La Cachaca II en defensa de su territorio. “Es evidente que el proceso de desalojo es una vulneración al derecho fundamental a la propiedad colectiva del territorio que tienen las comunidades indígenas y en términos formales tampoco aplicaba un proceso policivo de restitución a la posesión, que fue amparado y supervisado por varios funcionarios públicos”, explica Silva.

Las comunidades de la Cachaca II y Santa Rosa ya han sido desalojadas a la fuerza y por vía administrativa, pero existe el riesgo de que esto suceda en las 15 comunidades aledañas que presentan la misma situación. Así lo expresó la tutela T- 079/18 instaurada por el procurador 12 judicial II ambiental en el 2018 que señala que son territorios que protege la Constitución y “están siendo despojados a través de sentencias judiciales”.

Registro fotográfico cedido por: Yarilis y Amira López.

La Cachaca II es una mina de oro 

La funeraria Nesagaviria, quien solicitó el desalojo de La Cachaca II y también en el 2015 de la comunidad wayúu de Santa Rosa, según su registro mercantil, también puede realizar actividades para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.

Nesagaviria, incursiona su negocio en el 2002 en La Guajira y expresa en su sitio web que “La Guajira estuvo rezagada por mucho tiempo del sector funerario debido a las tradiciones preexistentes alrededor del duelo y rituales de muerte de las comunidades Wayúu”.

Buscando la expansión de su negocio proyecta construir un Parque Cementerio. Intentando hacer posesión, tiene instalada una valla publicitaria anunciando la construcción entre las comunidades de Santa Rosa y La Cachaca II.

Estudios económicos evidencian que el negocio inmobiliario de los cementerios mantiene la rentabilidad y el crecimiento económico de la empresa. En promedio el alquiler de un lote por año cuesta un millón de pesos y tener un lote de por vida oscila en los 30 millones de pesos, sin contar otros servicios que se pueden derivar de la inhumación. Con este interés, La Cachaca II representa una piedra en el camino para los propósitos de Nesagaviria.

Por otro lado, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los territorios de disputa se traslapan con un polígono para la explotación de gas y petróleo. En comunidades aledañas de La Cachaca II ya se han realizado actividades de sísmica. “Es más fácil negociar con privados que con una comunidad donde tendrían que hacer consulta previa”, señala José Silva.

Además, La Cachaca II se encuentra ubicada aproximadamente a 5.7 kilómetros de la salida al mar, lo que permitiría fácil acceso a los polígonos de explotación de hidrocarburos que tienen varias empresas en mar abierto.

La disputa por la tierra entre los wayúu y los privados “es un conflicto de más de 30 años y ¿por qué ahora se dispara este pleito jurídico? Allí hay unas exploraciones sísmicas para petróleo, pasan tuberías de gas que deben pagar una servidumbre y se proyecta una variante que se va a abrir para descongestionar la vía Riohacha – Santa Marta”, cuenta Silva.

La dilación, los esfuerzos aislados y sectorizados de las instituciones gubernamentales por aclarar la titularidad predial y jurídica de La Cachaca II y las comunidades aledañas, vienen colocando en riesgo a las comunidades wayúu. Actualmente vienen asumiendo la defensa y derecho al territorio colectivo, en medio de hostigamientos armados y judiciales, poniendo en peligro derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.

** Este contenido de la Fundación Chasquis no compromete legalmente a Cuestión Pública.

Registro fotográfico cedido por: Yarilis Lopez, Amira López

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