Los daños que no

pagará Prodeco -

Glencore

(19/04/2021)

Por: @fundachasquis con apoyo editorial del EscarbaBajo de Cuestión Pública

Prodeco, compañía filial de la multinacional suiza Glencore, anunció el 4 de febrero de 2021 la renuncia a sus títulos mineros en el Cesar. Información recabada para este reportaje parece indicar que 30 años de su presencia en el departamento han dejado pueblos con total dependencia de la minería, trabajadores con enfermedades crónicas, daños a perpetuidad en el ambiente, relaciones aún sin revelar con los paramilitares, entre otras consecuencias. 

Capítulo II

El sector minero se benefició con las excepciones del decreto 457 del aislamiento preventivo obligatorio por Covid-19 expedido por el Gobierno, que le permitió a pesar de la emergencia sanitaria continuar con las operaciones mineras. Pese a ello, Prodeco suspendió sus operaciones sin autorización de la Agencia Nacional Minera (ANM) desde finales de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de ese año, lo que podría causar la caducidad del contrato de concesión, según el Código Minero.

En Prodeco había 2.000 trabajadores directos y más de 2.500 tercerizados, según Luis Ramírez, presidente del sindicato nacional  Sintramienergética, que agrupa a los trabajadores mineros, petroquímicos, de los agrocombustibles y energéticos. La minera inició el año pasado un programa de retiro voluntario de sus empleados. En una comunicación del 4 de febrero de 2021, expresó que la oferta de retiro “sería significativamente superior a lo requerido bajo la legislación colombiana”.

Fotografía, cortesía de Román Champalaune

Para Ramírez, los estímulos pueden mejorar: “Están entregando un año de salario básico, salud por seis meses más y un bono de póliza de vida (…), pero en un año también hay cesantías, primas y vacaciones”.

Los trabajadores mencionaron que la empresa contemplaba el cierre minero para 2028 y que no escuchaba al sindicato para prepararlo en la transición y la capacitación en otras actividades laborales aparte de las mineras. Muchos de los trabajadores mineros aprendieron empíricamente su oficio, por lo que carecen de competencias en otras actividades para la generación de ingresos.

Incluso, según Ramírez, más del 70 % de los trabajadores están enfermos:  “Hay un trabajador diagnosticado con neumoconiosis, producido por las micras y agentes contaminantes del carbón que no se ven, pero con las que nosotros convivimos”.  Además, hay trabajadores con enfermedades crónicas osteomusculares y respiratorias que son comunes en esta actividad para los cuales Prodeco no tendrá un trato diferencial.

Daños a perpetuidad en el ambiente y beneficios limitados  

Según datos de la ANM, la producción anual del carbón en la mina la Jagua hasta 2019 ha variado, aproximadamente, de 4 a 7 millones de toneladas; para 2020 fue de 1,4 millones de toneladas. En la mina Calenturitas fue de 2,3 millones de toneladas, equivalente a tener reunidos  460.000 elefantes adultos. Es una de las cifras de producción más bajas registradas por Prodeco en 14 años de explotación en esa mina.

En Colombia, los proyectos mineros no contemplan los daños a perpetuidad. Entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional Minera (ANM) y el Ministerio de Ambiente no lo consideran necesario al momento de otorgar la concesión, advirtió Andrés Ángel, asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Las características esenciales de los impactos a perpetuidad son que persisten en el tiempo y no hay una certeza de si hay posibilidad de resolverlos”, explicó Ángel. 

Los escombros que deja la explotación minera se disponen en botaderos de material estéril, que llegan a ser “montañas artificiales” como las reconocen comúnmente. “En la minería se consideran estériles porque no tienen el valor económico en la explotación, pero en realidad son materiales químicamente activos, que pueden liberar concentraciones de sulfuros y altas cantidades de mercurio” aclaró Ángel.

Esto implicaría que el modelo de explotación minera después del cierre previera los costos de los daños que se causarían a perpetuidad, un tema no solamente ambiental, sino también financiero.  

La minería de carbón a cielo abierto puede alterar permanentemente la calidad del agua por tener elementos tóxicos. Ángel explicó que el hueco minero implica llegar a los niveles del agua subterránea y alterar la profundidad que alcanza la capa superior del agua acumulada en el subsuelo. Al realizar la explotación es necesario bombear el agua hacia afuera y cuando termina el ciclo minero, naturalmente la perforación se llenará de agua y el ciclo hidrogeológico va a seguir.

Los planes de manejo ambiental en minería de carbón suelen contemplar la rehabilitación ambiental y proveer de servicios ecosistémicos luego de la explotación. En los procesos de restauración se habla de crear humedales, pero para Andrés Ángel esto no es preciso: “Hay que usar bien el lenguaje. No se crean humedales, se generan lagos de tajo, y eso no es estable geo-químicamente, por lo que la calidad del agua va a ir cambiando con los años”.

El agua para el carbón y la gente sin agua 

La minería de carbón a cielo abierto necesita mucha agua; en la operación se aprovechan aguas superficiales y subterráneas. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), por una tonelada de producción de carbón el consumo de agua es de 1,43 metros cúbicos. “Para controlar las emisiones de material particulado se utiliza una flota de ocho vehículos tanqueros con capacidad total de 160.000 galones de agua”, informó Prodeco en un informe de sostenibilidad.

En abril de 2018 se registró el vertimiento de aguas ácidas provenientes de la explotación en el área sur de la mina hacia el arroyo Santa Cruz. “Empezaron a explotar en el año 86 y los ríos Jujuy y Santa Cruz se convirtieron en cloacas de las minas”, señaló Álvaro Castro, habitante de la Jagua de Ibirico, Cesar. Estas afluentes hacen parte de la cuenca del río Tucuy, una de las principales fuentes hídricas del municipio de la Jagua, que nace en la Serranía del Perijá.

Fotografía, cortesía de Román Champalaune

En el informe El carbón de Colombia ¿Quién gana, quién pierde?, el centro de estudios Tierra Digna explicó que en el 2014 las transnacionales Drummond y Prodeco desviaron al menos seis caños, siete arroyos y tres ríos en el Cesar. Para la organización, esas acciones implicaron una alteración a la red de drenaje natural del centro del departamento y una potencial contaminación de aguas superficiales.

Desvío del río Calenturitas aprobado por Corpocesar. Video del proyecto: Memorias de Tierra  

Para 2019, de acuerdo con la ANM, en las operaciones de Prodeco el 96 % del agua se destinó a la minería y el 4 % restante para el consumo humano. En marzo de 2020, Prodeco anunció la donación de 9.000 galones de agua potable para apoyar a las familias vulnerables de la zona de influencia durante la cuarentena. Esto evidencia que son ellos, junto con otras empresas mineras, quienes controlan el agua del centro del Cesar.

Activistas y organizaciones ambientales consideran que las operaciones mineras ponen en entredicho la garantía del acceso al agua potable, vulnerando un derecho humano y el riesgo de la población no solo de estar expuesta a enfermedades pulmonares, sino gastrointestinales y de piel.

Spoiler: ¿Cuál es la relación entre la minería de carbón y el conflicto armado en Colombia? Espere los detalles en la tercera entrega del especial Las deudas de Prodeco. 

** Este contenido de la Fundación Chasquis no compromete legalmente a Cuestión Pública.

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