(12/08/2025)

Por: Diana Salinas.

Periodista con 14 años de experiencia, cuatro premios Simón Bolívar y directora editorial de Cuestión Pública, medio digital enfocado en investigar el poder. Ha trabajado en La Nación, diario argentino, Noticias Uno, Cuatro Caminos (RCN), entre otros. Es coautora del libro Memorias: 12 historias que nos deja la guerra y autora de una próxima publicación con editorial Planeta.

El lunes 11 de agosto fue el día en que Miguel Uribe Turbay murió. Lo digo así porque su final fue consecuencia de un atentado perpetrado el 7 de junio, en pleno acto político, de cara a las elecciones de 2026. Resistió poco más de dos meses en la clínica Santa Fe, en Bogotá.

Y sí: no murió, lo mataron.

Miguel era senador del Centro Democrático y ese día se proyectaba como candidato presidencial en el parque El Golfito, en Modelia, al occidente de la capital. Tenía una agenda política intensa.

El mismo sábado circularon videos del hecho criminal. Un joven —que después se supo que era menor de edad— se le acercó y le disparó varias veces. Primero apuntó a la cabeza: casi un tiro de gracia. Vestido con camisa azul, al lado de un árbol, Miguel sintió el impacto brutal y cayó de inmediato. Luego vinieron más disparos.

Desde entonces me horroricé. Las imágenes de los 80 y 90 regresaron con fuerza: Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, Carlos Pizarro… nombres distintos, orillas distintas, misma tragedia. En X escribí que esperaba que Miguel sobreviviera.

Pero esta vez fue distinto. No solo por lo obvio: desde aquellos años hasta hoy la democracia ha ganado terreno. Aun así, es inconcebible —al menos para mí— dar esta noticia, desde Cuestión Pública, después de los acuerdos de paz. Hubo también particularidades que no existieron en ese pasado: capturaron al agresor tras ser perseguido, y, sobre todo, fuimos testigos de este magnicidio casi en tiempo real.

La desazón es inevitable. Temo que sea el “último clavo en el ataúd” de los acuerdos más recientes. Como dijo Francesca Albanese, la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos, dentro del contexto de los derechos humanos en el genocidio de Gaza. 

Ojalá no lo sea.

Ya sé que su apellido pesa. Que su abuelo, Julio César Turbay Ayala, fue presidente liberal,  recordado por el Estatuto de Seguridad que torturó a una generación. Sé lo que pensamos —me incluyo— muchos colombianos sobre dirigentes como él.

Pero al conocer la noticia, no pensé en su abuelo, sino en su madre, la periodista Diana Turbay. Murió en un fallido rescate, tras ser secuestrada por el cartel de Medellín. Me duele hoy porque los hijos de quienes fueron asesinados por la violencia política no deberían morir así. No se lo merecen. En realidad, nadie se lo merece.

Sé que Miguel fue miope en el caso de Rosa Elvira Cely, la mujer que murió tras un abuso sexual atroz. Tanta fue su ceguera que, como secretario de Gobierno de Bogotá en el segundo mandato de Enrique Peñalosa, no dimensionó la magnitud de esa tragedia, que terminó convertida en ley y en responsabilidad para el distrito. Su cartera produjo el concepto técnico “Culpa exclusiva de la víctima”, por el que fue reprochado hasta hoy.

Lo mismo ocurrió durante el Paro Nacional de 2021, cuando adoptó la narrativa de que las manifestaciones eran propuestas por la guerrilla del ELN. Supongo que murió creyendo eso.

Aún así, esto hacía parte de las discrepancias políticas que buena parte de la sociedad tenía con él. Eran las razones más importantes que hoy me llevan a reconocer el valor de su vida, y a decir, sin reservas, que me duele muchísimo su muerte. Porque estas diferencias son las que hacen posible el debate, el consenso y la democracia. Eso es lo que, en el fondo de este hecho, deberíamos entender.

Es urgente un ¡basta ya! a los magnicidios de candidatos presidenciales. ¡Basta ya de impunidad! Este gobierno debe concentrar todos sus esfuerzos en investigar y llegar, sin dilaciones, a los culpables, sobre todo a quienes dieron la orden. Si no se logra por la vía de la paz, que sea la justicia la que actúe con toda firmeza.

Mientras escribo estas líneas, una voz interna me recuerda que todos los días en este país mueren hijos de víctimas de violencia de la misma manera. Es cierto. Hay una enorme deuda en garantizar justicia para todas las víctimas y sus familias e independencia para investigar y juzgar, sin distinción. Falta demasiado para ser ecuánimes.

Sí, suena otra vez a utopía. Lo sé.

Lamento profundamente el asesinato de Miguel Uribe Turbay. La violencia es siempre una tragedia. A nombre mío y de Cuestión Pública, expresamos nuestras condolencias a su esposa y familia.

Algo en mí se apaga con su muerte, lo confieso. Quizá un poco de esperanza —que no era mucha— en una sociedad capaz de resolver sus diferencias sin aniquilar al que piensa distinto.