La Federación Nacional de Departamentos (FND) y Philip Morris International (PMI) tienen un acuerdo por 155 millones de dólares desde 2009 para la financiación de la lucha en contra del contrabando de cigarrillos. Este pacto se dio tras el pleito entre los departamentos colombianos y PMI por presunto contrabando y lavado de activos por parte de la multinacional tabacalera, según investigaciones periodísticas previas de la prensa colombiana e internacional.

Pero los dineros del poco vigilado acuerdo parecen haberse convertido en una especie de cheque en blanco, con los que la FND ha contratado presuntas cuotas y familiares de políticos para trabajar, entre otras cosas, en el programa anticontrabando de cigarrillos y licores. Sin embargo, la tabacalera le negó tajantemente a Cuestión Pública que financie la política colombiana.

La FND también ha usado datos de encuestas que miden el contrabando de cigarrillos para hacer lobby en el Congreso en contra del aumento al impuesto al tabaco, pese a que sería la más beneficiada, pues la entidad administra ese tributo.

La entidad se comporta como un camaleón: para manejar recursos de $2,2 billones de pesos (de impuestos al tabaco junto con los dineros de PMI y que superan el costo de las elecciones de 2022), posa como una institución pública de segundo nivel, pero a la hora de negar derechos de petición a la prensa se describe como una entidad sin ánimo de lucro, que opera bajo el derecho privado y supuestamente “no cumple funciones públicas”. Bajo este argumento, no nos dio información sobre visitas al despacho de sus directores ejecutivos, gastos y los documentos oficiales del acuerdo con PMI.

Estos hallazgos logrados en ocho meses de investigación, han atravesado un arduo y desafiante ejercicio de acceso a la información tras las reiteradas negativas a nuestras solicitudes por parte de la FND.