Gonzalo Guillén

Kiko Gómez ha intentado, a como dé lugar, entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) basado en mentiras cuando, precisamente, este sistema fue creado para que las víctimas y la sociedad colombiana conozcan la verdad. En una inextricable resolución de febrero (pero que solamente me notificaron el 8 de abril), la JEP echó para atrás la decisión de primera instancia que, en 2020, había rechazado la solicitud de sometimiento y le abrió la posibilidad de ser aceptado. Gómez, exgobernador de La Guajira, está condenado por seis homicidios, entre esos el de mi padre.

Cuestión Pública comparte la compulsa de copias del caso Aida Merlano.

El periodista desvirtuó los señalamientos en su contra por parte del empresario Carlos Mattos, responsabilizó al exfiscal Martínez y también se refirió a los montajes de los que dice haber sido víctima a lo largo de más de cuatro décadas denunciando a los poderosos en el país.

Entre la documentación capturada y desaparecida por la Fiscalía General durante un oscuro allanamiento a la oficina del cesado Fiscal General Ad Hoc, Leonardo Espinosa, figura el testimonio bajo juramento de una abogada del difunto interventor de Corfiacolombiana, Jorge Pizano, según el cual él no se suicidó, sino que fue asesinado, lo mismo que su hijo Alejandro, de 31 años