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La medida de detención preventiva se da por su presunta participación en el pago de coimas dentro del Congreso para la aprobación de reformas del Gobierno Nacional.

En la Casa de Nariño, algunos no hicieron pactos con el pueblo… sino con el diablo. Campañas salpicadas de dinero sucio, acuerdos en la sombra y una entidad clave: la UNGRD. En este #EnVivo te contamos cómo investigamos el escándalo que sacudió al gobierno Petro y dio vida a House of Nariño, una serie de pódcast en tres capítulos sobre contratos, favores y silencios bien pagados.

En medio de las presiones del Gobierno para salvar el primer intento de reforma a la salud, la UNGRD destrabó un contrato para Juan Carlos Amador, socio del senador de La U. En ese momento, Chagüi era fundamental para recuperar el margen de maniobra en el Congreso.

Mientras el escándalo crecía, los procesos se firmaron a toda máquina. Olmedo cambió de nombre propiedades, amplió poderes internos y Sneyder autorizó millonarias transferencias hacia aliados políticos. Todo ocurrió en cuestión de días.

Cuestión Pública lanza House of Nariño, la historia de cómo el poder se compró con contratos, pactos en la sombra y cómo partidos de todos los colores terminaron untados en la UNGRD, luego de rondar por los pasillos de la Casa de Nariño. Dale play a esta investigación que destapa los secretos del escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro.

Cuestión Pública destapa que entre los 14 nombres dados como posibles proveedores en el Consorcio San Miguel, figura una empresa de la esposa de Simón Gaviria, hijo del expresidente y líder natural del Partido Liberal César Gaviria. Además, la investigación revela conexiones que llevan a Panamá, a Odebrecht y a los “zares del peaje”, ampliando el alcance del entramado de corrupción.

El ente investigador imputó, entre otros hechos, por los $4,000 millones para el pago de sobornos a los presidentes de la Cámara y el Senado, a cambio de aprobar las reformas del ejecutivo; estableció la ruta y presuntos responsables del funcionamiento de una “empresa criminal” para desviar recursos de la entidad, entre los que estarían el ministro de Hacienda y el director de la Función Pública.

En Cuestión Pública hablamos con la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, acerca de los hechos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, revelados en medios de comunicación.