Hacer de tripas UNGRD: los contratos ‘milagro’ que todavía no se ven

El presidente Abelardo De la Espriella dijo que había plata para hacer frente a la emergencia, pero Cuestión Pública no encontró ningún contrato en ejecución vinculado a la emergencia en SECOP.

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres recibió el terremoto más fuerte del siglo en Colombia sin un director general propio. Tampoco sin subdirectores en las tres divisiones de la entidad —para el conocimiento del riesgo, para la reducción del riesgo y para el manejo de desastres— ni empalme. 

Quien asumió de forma interina la catástrofe fue Javier Páva Sánchez, exdirector de la entidad y amigo del expresidente Gustavo Petro. Su relevo, David Santiago Tamayo Roldán, se posesionó a 48 horas del terremoto de magnitud 7,4, que deja, como corte al 13 de agosto, un saldo de 273 personas fallecidas, 377 desaparecidas y 3.824 heridas. 

En sus primeras declaraciones tras el desastre, Pava declaró en medios que la UNGRD contaba con 35 mil millones de pesos para atender la emergencia humanitaria. Y previo a eso, en la transmisión del empalme al que no asistió el nuevo gobierno, dijo que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) contaba con más de 7 billones de pesos disponibles. 

Sin embargo, Cuestión Pública encontró que, hasta el momento, no se ha subido ningún contrato vinculado a la atención de esta emergencia a la plataforma de contratación pública—SECOP— por parte de la UNGRD o de la Fiduprevisora, aunque la ley así lo exige.

¿Por qué esto es una alerta? Primero, porque ante la declaración de emergencia nacional del presidente se activa un régimen de contratación especial para atender la emergencia (contratación de urgencia, expropiaciones), según el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 que le dio vida a la UNGRD. 

Esto habilita las contrataciones directas, que, si bien en contextos de emergencias se celebran con celeridad y no siempre cuentan con veeduría del dinero y la ejecución, deben tener una trazabilidad y subirse a la plataforma de contratación pública. 

Segundo, porque por el carácter propio de la UNGRD, que se creó para atender, prevenir y mitigar emergencias, la entidad tiene pocos ojos encima: depende directamente de Presidencia, su director solo le responde al jefe de Estado y el año pasado, por ejemplo, manejó un presupuesto de casi 700 mil millones de pesos que es administrado a discreción del director y sus subdirectores.   

Y tercero, porque, precisamente por estas características, la UNGRD ha sido usada como caja menor por los directores de turno. Al término del gobierno de Iván Duque, el entonces director de la entidad, Eduardo José González, dio luz verde para la ejecución de un contrato de obra por 71 mil millones de pesos para mitigar riesgos de deslizamientos en San Gil. Sin embargo, a 2024, las obras estaban inconclusas. 

En la administración de Gustavo Petro, la UNGRD se convirtió en la chequera a través de la cual habría salido el dinero para negociar con algunos congresistas la aprobación de las principales reformas del gobierno del Cambio. 

El entramado de corrupción que investigan las autoridades puso en la mira a 28 congresistas, llevó a prisión a los presidentes del Congreso de turno, Iván Name y Andrés Calle; al entonces Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien fue liberado; y judicializó al director de la UNGRD, Olmedo López, y a su mano derecha, Sneyder Pinilla, el subdirector para el manejo de desastres.

El FNGRD: la chequera principal 

El 11 de agosto, aún sin nombrar un director en la UNGRD, el presidente Abelardo de la Espriella emitió el decreto 1171 de 2026 en el que declaró desastre de carácter nacional y detalló los lineamientos subsecuentes para la atención de emergencia. Entre ellos: 

• Activó el régimen especial de contratación del Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012, que permite una contratación directa bajo estas circunstancias.
• Creó la subcuenta SISMO 2026 dentro del ​FNGRD para manejar los recursos para la emergencia. 

Este último punto es clave porque esta subcuenta está dentro del FNGRD. ¿Y por qué el FNGRD es tan clave? Porque es la bolsa de plata para la gestión del riesgo de todo el país y financia proyectos de conocimiento, reducción, manejo, recuperación y protección financiera. Se trata de una cuenta especial de la nación, con independencia patrimonial. 

Estos recursos son administrados por la Previsora SA, una sociedad de economía mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda, que, pese a que maneja recursos públicos y es vigilada por la SuperFinanciera, funciona como una entidad privada  a la hora de entregar información sobre el manejo de los dineros del fondo, como lo experimentó este medio mientras investigaba el escándalo de la UNGRD en 2025.

Lo que sí hace la UNGRD, a través de su director, es decidir en qué se gasta esa plata y coordina técnicamente los proyectos a ejecutar. Los contratos financiados con el dinero del fondo los firma, ejecuta materialmente y desembolsa la Previsora, ya que el fondo no tiene una personería jurídica propia. 

En el caso de Olmedo López, por ejemplo, el entonces director tenía un banco de contratistas a los que repartía los contratos, como Luis Eduardo López Rosero. Conocido como el Pastuso, fue uno de los empresarios detrás de Impoamericana Roger S.A.S., la empresa del contrato de 46.000 millones de pesos de los carrotanques de La Guajira.

Estos mecanismos los detalló Cuestión Pública en su pódcast House of Nariño, Capítulo 3: el kit del saqueo. 

“En la UNGRD hay un cartel. Ahí hay enquistada una estructura criminal que extorsiona, fletea, dirige, direcciona, hace y deshace. Y en la fiduciaria también. Entonces, la extorsión a los contratistas, por ejemplo, puede implicar peajes en una entidad y en la otra para extorsionar a los contratistas”, le dijo a Cuestión Pública el exdirector de la entidad Carlos Carrillo.

A medias nos quedamos 

Aún así, encontramos que la UNGRD ha venido construyendo bancos de maquinaria para atender emergencias en los diferentes departamentos. 

Este proyecto hace parte del mecanismo Obras por Impuestos, que le brinda la posibilidad a las empresas de destinar hasta un 50 % del impuesto a la renta para financiar proyectos en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) o ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado).

Por ejemplo, en Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto, identificamos un proyecto de $20 mil millones para fortalecer el banco de maquinaria pesada para atender desastres en Medio Atrato, Riosucio, Nóvita, Medio San Juan, San José del Palmar y Bajo Baudó, muchos de los municipios que hoy están en grave situación por el terremoto. 

Pero el proyecto parece no estar andando. En la página web no se registra ninguna ejecución y tampoco encontramos contratos o convenios suscritos en SECOP. Casos similares encontramos en Valle del Cauca, en municipios como El Águila y Pradera y en Caldas, en Palestina.

La UNGRD: la caja menor

La Unidad se creó a partir de la Ley 1523 de 2012 para crear un sistema nacional de gestión de riesgos y desastres, que pudiera responder de manera articulada a desastres como el terremoto y que le diera agencia a los gobiernos locales para maniobrar ante estas calamidades. 

Las fallas en el sistema las desnudó la tragedia de Armero en 1985. Antes, las emergencias eran atendidas por las Fuerzas Militares, la Policía o la Cruz Roja, la Defensa Civil o los Bomberos o algunos ministerios. Cada uno actuaba según su capacidad y jurisdicción, pero sin protocolos comunes ni articulación institucional.

Por eso, en 2012, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), que es coordinado por la UNGRD en cabeza del director. Y de esta se desprenden tres subdirecciones clave: 

• Conocimiento del riesgo: que identifica, analiza y monitorea el riesgo (por ejemplo, el trabajo del Servicio Geológico Colombiano sobre fallas sísmicas).
• Reducción del riesgo: que interviene de manera correctiva para mitigar riesgo ya existente, evalúa riesgos futuros y maneja la protección financiera (seguros, fondos). Adelanta las obras de mitigación.
• Manejo de desastres: que encabeza la preparación, ejecución de la respuesta y la recuperación una vez ocurre el evento.

Javier Pava, exdirector de la UNGRD, le explicó a Cuestión Pública el año pasado que se pasó de un modelo de coordinación entre entidades del Estado a un modelo que privatizó la prestación de servicios de emergencia para atender desastres.

Cuando ocurre una calamidad pública, la ley establece un orden de atención: lo debe atender el alcalde o el gobernador de la zona afectada y, si este excede sus capacidades, va hasta la UNGRD para solicitar ayuda. Sin embargo, en un país azotado por las inundaciones, deslizamientos y emergencias, la disputa por los recursos abrió la puerta giratoria de la corrupción. 

Como contamos en House of Nariño, a muchos proyectos se les daba prioridad por razones políticas y no humanitarias. Y para atender emergencias, a los alcaldes o gobernadores les toca buscar una palanca o un atajo para ser atendidos en la UNGRD. Por eso, buscan a un congresista cercano, con contactos en la capital, para que haga lobby en la Unidad y destrabar el proyecto y la asignación de recursos, según nos contó Pava. 

“El alcalde buscaba el proyecto, presentaba la justificación, presentaba las necesidades. Muchas veces el alcalde, si no tenía al ingeniero, lo tenía el congresista.  Y ahí llegaban algunos arreglos económicos, ¿sí? Muchas veces no solamente eran económicos, sino que fueron electorales. Muchos recursos de la unidad fueron a apoyar campañas electorales locales”, explicó.