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En 2011 comenzó el proceso que permitiría a actores privados vender glifosato al Estado para su uso contra cultivos ilícitos. Aunque la aspersión aérea fue suspendida en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes, el herbicida siguió figurando en la estrategia antidrogas mediante la fumigación terrestre, auspiciada por un millonario presupuesto estatal. La beneficiada ha sido Talanú Chemical Ltda., pues el negocio, a través de uniones temporales, estuvo en sus manos de 2011 a 2019, cuando concentró las contrataciones en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Por parte del Estado y la empresa surgieron presuntas irregularidades.
El más antiguo de los proveedores, Talanú, es en realidad una empresa relativamente joven. Se constituyó en 2005 en Espinal, Tolima, y en 2007 registró su glifosato Cuspide 480 SL para cultivos de arroz. Para vender un herbicida como este en el país, una empresa debe registrarlo ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS). Los dos últimos analizan la información del producto en materia ambiental y toxicológica, y si dan luz verde, obtienen el registro.
El 19 de octubre de 2020, después de haber sido el mayor proveedor de glifosato de la Policía Antinarcóticos, la ANLA ordenó iniciar un proceso sancionatorio contra Talanú por la presunta comisión de una infracción ambiental. De acuerdo con la autoridad ambiental, hasta esa fecha la empresa no le había enviado los informes de cumplimiento ambiental de su glifosato para los años 2009, 2010, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019. Tampoco presentó el Plan de Riesgo Ambiental, ni el plan de contingencia de 2016.
“La razón por la que las empresas están obligadas a entregar estos informes a la ANLA anualmente es porque buscan prevenir, mitigar y compensar, en dado caso, una afectación de tipo ambiental”, señaló un exfuncionario que prefirió mantener su nombre bajo reserva.
Tras la notificación del inicio del proceso sancionatorio, Talanú decidió ponerse al día y entregó, entre septiembre y noviembre de 2020, los informes de cumplimiento ambiental que debía de 2010 a 2019, como publicó el medio CLASH. Esto según un documento de la ANLA de mayo de 2021. En tres meses reportó todo. Esto quiere decir que en los casi diez años que Talanú suministró el glifosato a Antinarcóticos, hubo muy poca información disponible sobre si cumplió o no sus compromisos en materia ambiental, pero a la ANLA solo pareció preocuparle hasta fines de 2020.
Ahí no acaba todo. Talanú tampoco le entregó a la autoridad ambiental “los soportes de las medidas preventivas para la protección de aves y especies acuáticas”, ni la información para hacerle seguimiento a esas medidas entre 2012 y 2019. Aun así, la ANLA no ha emitido sanción o multa contra Talanú.
Isabel Pereira, coordinadora de la línea de Política de Drogas de Dejusticia, señaló que “a un privado es mucho más difícil adjudicarle responsabilidad sobre daños en un programa de política pública”. Pereira considera que la ANLA tiene una amplia responsabilidad. “Por todos esos años se desentendió de su labor como autoridad ambiental”, dijo.
Pese a los incumplimientos de Talanú, sus arcas no han dejado de crecer. Pasaron de reportar unos activos totales por $1.224.682.000 en 2011, a $20.513.656.245 en 2020, un año después de que firmó su último contrato con el Estado. Talanú obtuvo sus picos de ingresos operacionales más altos cuando contrató con el Estado para proveer el glifosato.
“Afirma (...) la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, que en el municipio de Miranda, Cauca (...) el Ejército y la Fuerza Aérea realizan fumigaciones indiscriminadas esparciendo glifosato en las regiones agropecuarias, afectando gravemente la salud de los seres humanos, animales domésticos y la biodiversidad”. Esta queja fue recibida por la Defensoría el 24 de febrero de 2011.
Pereira señaló que la falta de información clave en materia ambiental omitida por Talanú en los últimos diez años también tiene implicaciones en este tipo de reclamaciones. “Sin las fichas correspondientes, se pierde por completo la memoria de cinco años de PECIG (Programa de Aspersión de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea) y cinco años de PECAT (Programa de Aspersión de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre). No hay manera de contrastar la información si la empresa proveedora del herbicida no diligenció las fichas en su momento”, explicó.
Ante la falta de acceso a la información en las regiones apartadas, la intimidación de actores armados y la dificultad para quejarse, el subregistro de denuncias es alto. Pereira, de Dejusticia, dice que la falta de información “es un problema estructural en el programa de aspersión con glifosato, que fue un programa que no tuvo ningún tipo de gestión de riesgo ni para la salud, ni para el medio ambiente, ni para los manipuladores. Mandaron a la Policía y al Ejército a asperjar coca sin regulación”.
El procedimiento de atención de quejas que funcionaba cuando estaba activa la aspersión aérea dictaba que estas reclamaciones debían ser recibidas por la Defensoría y las alcaldías para luego ser remitidas a la Policía Antinarcóticos, que las debía tramitar e investigar junto con los ministerios de Ambiente, de Agricultura, de Justicia y del Interior. Para el actual programa de aspersión terrestre, funciona de la misma manera, según la resolución 9 de 2016 emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes. En ambos programas, la resolución de las quejas le corresponde a un comité interinstitucional integrado por varios ministerios, el ICA, el INS y la Policía Antinar-cóticos. Es decir, la Policía o quienes delegue, fumigan, pero la misma entidad también investiga las quejas sobre fumigación.
“La Policía se comporta como juez y parte frente a estas acusaciones. Una de las exigencias de la Corte Constitucional es que haya mecanismos externos que puedan evaluar cuando se estén cometiendo errores o cuando haya riesgo”, señaló Pereira.
En las dos licitaciones más recientes, la lista de especificaciones técnicas contenía más del doble de ítems, incluyendo el registro ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos para el glifosato, que solo se pidió en el contrato de 2013. Ese año, Talanú cumplió con el requisito gracias a que su proveedor de glifosato Gilmore Marketing & Development Inc. - China estaba registrado en Tennessee, como reveló el medio CLASH, en diciembre de 2020, y contaba con registro ante la EPA.
En 2014, según registros del ICA, Talanú ya no compró su glifosato a Gilmore, sino que lo importó de la empresa china Trustchem Co. Cuestión Pública consultó con la EPA si Trustchem tenía registrado algún glifosato en Estados Unidos. La agencia contestó que, si bien la empresa china sí estaba registrada en su base de datos, “no pudo localizar ningún producto registrado por TrustChem Co. Ltd. para el cual el glifosato es el ingrediente activo”. Curiosamente, en las licitaciones en las que ya Gilmore no era el proveedor de Talanú, sino la china Trustchem –2018 I, 2018 II y 2019– la Policía no exigió en los requisitos técnicos el registro EPA.
Además de no pedir el registro de la EPA, ese 2019 la Unión Temporal conformada por Talanú Chemical Ltda. y Tarcisio Bossuet Tamayo Tamayo fue el único proponente en esa licitación, según contó la periodista María Jimena Duzán en una columna publicada en Semana en julio de ese mismo año. Por más reducido que sea el mercado de los herbicidas para la lucha contra los cultivos ilícitos, llama la atención que solo se haya presentado un proponente, pese a que en el país existen al menos 45 empresas que trabajan con glifosato, según cifras de 2019 de La República.
Este no es un dato menor ante el millonario negocio que ha sostenido la aspersión aérea y terrestre en Colombia. Las siete licitaciones que se abrieron entre 2011 y 2020 para adquirir este herbicida suman en total $32.493 millones es decir, un promedio de $4.641 millones por contratación. La Policía Antinarcóticos nos respondió en Derecho de Petición que para 2012, 2015 y 2016 no abrió licitación para la compra de glifosato, ya que contaba con reservas suficientes para las operaciones.
En entrevistas con algunos campesinos y una lideresa social amenazada, cuyos nombres se reservan por las intimidaciones que han sufrido, los testimonios detallaron un presunto acuerdo tácito entre erradicadores de la fuerza pública y campesinos, mediado por las autoridades locales, para evitar que a estos últimos se les erradique toda la coca que tienen cultivada.
Pedro*, uno de los campesinos cocaleros, se suscribió al programa de sustitución de cultivos en el marco del Acuerdo de Paz, quemó sus hectáreas de coca y nunca recibió el dinero prometido por los firmantes para emprender nuevas actividades. Se vio obligado a cultivar de nuevo para su sustento. Aseguró que en enero de 2020 un grupo de 20 erradicadores “desembarcaron en helicóptero” sobre uno de sus lotes.
Pedro dijo que tuvo que negociar con el capitán de ese grupo para que no le acabaran todo el cultivo, que es una de sus pocas fuentes de ingreso en una vereda sin vías ni ley. Al final solo le “mataron una tercera parte” del lote. Señaló que el hombre al mando le dijo que estaba de acuerdo, que lo importante era tomar las métricas para dejar el registro de que le habían erradicado todo aunque no fue así.
En cualquier caso, de manera terrestre o aérea, la mata de coca no se moría, contó Pedro. “Pero sí otros cultivos como el plátano o el café, porque las avionetas no discriminaban. A veces le caía glifosato a uno cuando estaba en el cultivo y los aviones no daban tiempo para salir de ahí. En esos casos me daba un sarpullido que se me quitaba con el tiempo”, dijo.
La lideresa aseguró que incluso en el Valle del Guamuez, la fumigación no era por la coca, sino para desocupar el territorio para hacer proyectos nacionales que “ellos (el Gobierno) querían acá como la extracción de petróleo”.
Ante el posible retorno de la fumigación aérea con glifosato y lo ya sufrido por comunidades como la del Valle del Guamuez, los incumplimientos de la proveedora Talanú en materia ambiental y la permisividad de las entidades estatales cobran relevancia. Quizás sea imposible determinar los impactos al ambiente o la salud pública por la falta de información en la última década. Pese a ello, el millonario negocio seguirá vigente.
Al cierre de esta investigación, ni Talanú Chemical Ltda., ni Trustchem Co., ni Gilmore Marketing & Development Inc. contestaron preguntas. Si se llegan a recibir sus respuestas, serán adjuntadas.
*Campesino al que le cambiamos el nombre para preservar su seguridad.
Cualquier comentario o solicitud por favor enviarlo a elescarbabajocp@gmail.com
Andrea Rincón / Subeditora y periodista investigadora
Andrés Pacheco / Periodista investigador
Natalia Barriga / Periodista y coordinadora creativa
Gerald Bermúdez / Fotografías
Valeria Báez / Fact checker
Camilo Vallejo / Edición legal
Sinar Alvarado / Edición, La Liga Contra el Silencio
Jeanneth Valdivieso / Edición, La Liga Contra el Silencio
Juliana Cely / Diseñadora
Valentina Hoyos G / Montaje y Community Manager
La investigación
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