‘Paras’ y jefes del Fondo Ganadero de Córdoba, unidos para apropiarse de tierras en Urabá
(23/08/2024)
De acuerdo con la sentencia judicial, civiles y paramilitares se aliaron para forzar a los campesinos a vender sus tierras. Por estos hechos, cinco personas fueron condenadas, entre ellos dos exdirectivos de esa entidad.
Los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se aliaron con directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, una entidad mixta con 20 % de participación del gobierno nacional, para obligar «a los campesinos a vender forzadamente, a cambio de pagos irrisorios para despojarlos de manera fraudulenta y definitiva».
Este hecho tuvo lugar a mediados de los años 90, tras el desplazamiento masivo de los habitantes de la región de Tulapas, ubicada entre Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en Antioquia.
Para el juez Diego Herrera Lozano, este plan se ejecutó mediante «amenazas y presiones que llevaron a los campesinos a vender», algunos de manera directa y otros mediante un poder otorgado a «Sor Teresa Gómez Álvarez, persona autorizada por los hermanos Castaño, excomandantes de las AUC, y por el Fondo Ganadero de Córdoba, para efectuar las compraventas», las cuales se realizaron por valores muy inferiores al precio real, en muchos casos por menos de la mitad de su valor.
Ni en la primera ni en la segunda instancia ha sido condenado el empresario y exintegrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, quien también está procesado por el despojo de tierras de campesinos en Tulapas (Urabá). Esto se debe a que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que resultó en la suspensión de sus procesos en la justicia ordinaria.
Tampoco ha sido condenado Benito Molina, quien fuera presidente de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, ya que se acogió a la figura de sentencia anticipada y fue condenado el 23 de septiembre de 2015.
El 1 diciembre de 1997, la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, conformada por Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, Orlando Enrique Fuentes Hessen y otros miembros, aprobó la compra masiva de tierras en la región con el objetivo de aumentar su productividad y coadyuvar con el proyecto paramilitar, según el fallo del Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Antioquia.
Según esta decisión judicial emitida en diciembre de 2023, Miguel Francisco Puche Yáñez, notario de Montería (Córdoba) y Lía del Carmen Hurtado, notaria de San Pedro de Urabá (Antioquia), «le dieron validez a los actos de enajenación de estos inmuebles despojados, violando la ley de tierras vigente para la época».
Ellos no fueron los únicos funcionarios que ayudaron en este despojo, según el juez. María Inés Cadavid, funcionaria del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) regional Antioquia, hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), se valió de sus funciones para «autorizar de manera anómala diferentes resoluciones de adjudicación, en cabeza de algunos campesinos para lograr perfeccionar el negocio jurídico». Esto permitió que el Fondo Ganadero de Córdoba se apropiara de «133 bienes adquiridos mediante legalidad aparente, de los cuales solo pudieron legalizar 105, quedando 28 en condición de baldíos».
Para el 2005, la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba entregó varios de los predios para la producción y comercialización de caucho y teca, consolidando el despojo definitivo.
Los negocios
En el 2005 el Fondo Ganadero de Córdoba, dueño ya de algunos predios de la región de Tulapas, celebró contratos de usufructo celebrados con empresas como Productora de Caucho San Pedro S.A., Reforestadora Industrial de Antioquia – RIA, entre otras. A través de estos acuerdos, el Fondo «entregó varios de los predios para la producción y comercialización de caucho y teca, consolidando el despojo definitivo».
En el informe presentado por el investigador en criminalística Jairo Salazar Medina, citado en esta sentencia, los documentos hallados en la Notaría Única de Apartadó revelan que estas empresas fueron creadas durante la época de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas» de las AUC.
El fallo judicial también menciona que uno de los socios del Fondo Ganadero de Córdoba fue la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria E.U (Incuagro), fundada el 06 de Septiembre del 2006, un mes después de la desmovilización de este comando paramilitar.
El informe del investigador también señaló que una de las socias de Incuagro fue Victoria Eugenia Restrepo Uribe, «quien para la fecha [gobierno de Álvaro Uribe] era la jefe del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República».
En una entrevista con el medio Verdad Abierta en febrero de 2012, Restrepo señaló que en sus actuaciones, ella no ha favorecido a los paramilitares.
El 28 de junio de 2016, la Contraloría General de la República anunció mediante YouTube que dejaba en firme un fallo fiscal por más de $697 millones contra Incuagro y la Compañía Productora de Caucho San Pedro.
En esa misma publicación, se mencionó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través del Fondo de Inversión para la Paz, firmó un convenio de cooperación con Incuagro para el proyecto Productora de Caucho San Pedro, «el cual tuvo una inversión de más $5.880 millones para la siembra de árboles de caucho».
Tras un proceso fiscal, la Contraloría comprobó que esta siembra «se hizo en fincas que no eran de propiedad de la compañía San Pedro, y en un predio que no le habían entregado para su usufructo». Para sorpresa de muchos, según el ente de control, algunos de estos terrenos pertenecían al Fondo Ganadero de Córdoba.
La Contraloría concluyó que de los «dineros públicos se beneficiaron particulares».
Sor Teresa Gómez
Fue el 01 diciembre de 1997 que la Junta Directiva del FGC, durante una reunión en la Finca La 52, decidió iniciar la compra de tierras, escogiendo como intermediaria a Sor Teresa Gómez, la cuñada de los jefes paramilitares Castaño Gil y representante de Funpazcor.
Sor Teresa Gómez, con la ayuda de sus colaboradores, ubicaba a los campesinos , los cuales se veían obligados a vender los bienes que habitaban.
Sor Teresa, además de haberse casado con Manuel Gil, medio hermano de los jefes paramilitares Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil, era la persona que estaba autorizada por ellos y por el Fondo Ganadero de Córdoba «para efectuar las respectivas compraventas, asignándoles precios no negociables [a los campesinos desplazados] por debajo incluso de la mitad del valor real».
Ella, con la ayuda de sus colaboradores, ubicaba a los campesinos desplazados, los cuales por «intimidaciones, engaños y presiones se veían obligados a vender los bienes que habitaban».
De acuerdo a lo consignado en esta sentencia, fue a Sor Teresa Gómez «a quien los campesinos por temor le otorgaron un poder que la facultaba para tramitar la venta, y reclamar los cheques de pago que resultaron cobrados por terceros».
Gómez fue la representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización no gubernamental creada en 1991 que servía para gestionar las tierras de los hermanos Castaño, «por medio de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ocultando toda suerte de delitos tal como quedó demostrado en los hallazgos del Parqueadero Padilla».
La sentencia judicial hace referencia al allanamiento realizado en el centro de Medellín el 30 de abril de 1998, donde el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía encontró registros sobre los financiadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, una lista de poblaciones y personas identificadas como objetivo militar, los libros contables de la organización desde 1994 e información sobre Funpazcor.
Condenas
Para el Juzgado 2 Penal Especializado de Antioquia, los condenados eran plenamente conscientes de que se trataba de «un trabajo articulado y donde existía participación de las AUC» y no existió ni una sola conducta que indicara oposición a los delitos cometidos.
Por estos hechos ocurridos en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en la zona rural conocida como “Tulapas”, fueron condenados en primera instancia:
Carlos Enrique Sotomayor y Orlando Enrique Fuentes Hessen, quienes desde la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, aprobaron la compra masiva de tierras en dicha región, con el fin de aumentar su productividad y «coadyuvar con el proyecto paramilitar».
Así mismo Miguel Francisco Puche Yáñez, Lía del Carmen Hurtado López, y María Inés Cadavid Restrepo.
En esta decisión de primera instancia, el juzgado le compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue a Victoria Eugenia Restrepo Uribe, quien fue la jefa del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República.
Segunda instancia
El 7 de junio de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia revocó parcialmente las condenas proferidas contra Orlando Enrique Fuentes Hessen, Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, Miguel Francisco Puche Puche Yáñez, Lía del Carmen Hurtado López y María Inés Cadavid Restrepo.
Esta sala decretó la preclusión por prescripción para cada uno de los cinco condenados, así:
- Orlando Enrique Fuentes Hessen, por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, y destrucción y apropiación de bienes protegidos.
- Para Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, por el delito de destrucción y apropiación de bienes protegidos.
- A Miguel Francisco Puche Yáñez, Lía del Carmen Hurtado López y María Inés Cadavid Restrepo, por los delitos de concierto para delinquir agravado, y destrucción y apropiación de bienes protegidos.
Por lo tanto, la sentencia en segunda instancia quedó así:
- Orlando Enrique Fuentes Hessen, fue condenado por deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado, a una pena de doce años y seis meses de prisión. No podrá ejercer funciones públicas por el mismo período de tiempo.
- Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, tendrá que pagar una pena de catorce años y seis (6) meses de prisión, por los delitos de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado, en concurso con concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por 12 años.
- Miguel Francisco Puche Yáñez, Lía del Carmen Hurtado López y María Inés Cadavid Restrepo, fueron condenados a trece años y seis meses de prisión por los delitos de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, en concurso con lavado de activos.
En todo lo demás, el Tribunal confirmó plenamente la sentencia impugnada.
Publicada a las 11:00 am
Créditos:
Dirección editorial: Diana Salinas. Investigación y reportería: José Marulanda y Diana Salinas. Edición legal: Camilo Vallejo Giraldo. Fact check: Sergio Retavisca. Diseño: Heidy González Audiencias: Ían Schnaida, Laura Tovar y Natalia Gómez. Webmaster: Paola Téllez. Coordinación: Ilse Milena Cárdenas.
