Ranking electoral: entre créditos de Gilinski y AVAL a Petro y un vertiginoso gasto publicitario de Fico
(27/05/2022)
A pocos días de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública le puso la lupa a los reportes que los candidatos presidenciales han presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Encontramos gastos no reportados, presupuestos excedidos y movimientos no sustentados.
En época electoral se mueven grandes sumas de dinero, cuyo origen no siempre es claro, con inyecciones económicas de créditos bancarios, aportes propios, de particulares y familiares a los candidatos. Las presidenciales de 2022 no han sido la excepción. Los aspirantes a la Casa de Nariño han recibido en sus campañas un total de $40.348 millones, según el CNE y han movido casi $24 mil millones en gastos que van desde propaganda electoral hasta gastos judiciales.
Los aspirantes están obligados a reportar los movimientos de sus campañas, de acuerdo con la Resolución 8596 de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta estipula que se deben registrar “los asientos contables, a más tardar durante la semana siguiente al día en el cual se hubieren efectuado las operaciones”. El artículo 25 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 dicta que los candidatos tienen hasta un mes después de la primera vuelta para entregar la rendición total de las cuentas de sus campañas, y los partidos, dos meses. Es decir, idealmente las y los candidatos deberían reportar gastos e ingresos máximo una semana después de efectuados, pero si desean pueden esperar hasta un mes después de las elecciones para hacerlo. A inicios de mayo, Transparencia por Colombia denunció la falta de reportes en tiempo real de los recursos que maneja cada candidatura.
🏆El avión privado y la acaudalada campaña de Petro
Comencemos con el candidato con más presupuesto en la contienda: Gustavo Petro. El total de ingresos del aspirante del Pacto Histórico a corte del 23 de mayo de 2022, según el CNE, es de $19.402 millones. Para dimensionar esta cifra, con este presupuesto se podrían comprar hasta 129 casas de interés social, que en promedio valen $150 millones*.
De este total, su campaña ha consumido solo $7.683 millones, que en su mayoría ha sido destinado a propaganda electoral en medios como El Heraldo de Barranquilla, Huila TV S.A.S, y publicidad con empresas como Grupo EFI S.A.S y Printer Colombiana S.A.S.
Llama la atención que entre sus gastos de transporte ($179 millones), a corte del 23 de mayo, a primera vista no aparece a detalle el uso del Super King Air 300, un avión privado que utilizó en abril de 2022 para asistir a algunos de sus actos de campaña en Ciénaga de Oro (Córdoba) y Villavicencio, como registró La Silla Vacía y El País de España.
Sin embargo, la campaña ha registrado sus gastos de transporte y correo con tres empresas y una persona natural. Se trata de AJ Ambulancias S.A.S. Gestión el Riesgo, que nos confirmó que prestan únicamente servicios de ambulancias; Gruamotors S.A.S., dedicada al transporte de carga por carretera y la agencia de viajes Rumbos Limitada a quien se adjudica un “205” como código de gasto y que nos dijo que sí presta el servicio de transporte aéreo privado, pero decidió no revelar el concepto por el que fue contratada por la campaña por sus políticas internas.
Hasta el momento, la campaña de Petro no ha respondido a este medio, a qué empresa o persona natural fue adjudicado el servicio del avión. Su reporte al 23 de mayo ante el CNE no deja claridad sobre este gasto específico, si se trató de una donación o la empresa encargada.
Una parte del total de ingresos de la campaña del candidato del Pacto Histórico proviene principalmente de un préstamo de $500 millones del Polo Democrático y créditos del sector financiero que se dividen como pueden ver en la visualización a continuación. Entre estos destacan préstamos del banco GNB Sudameris de los Gilinski por $5.000 millones y uno de $7.000 millones del Banco de Bogotá, del conglomerado Grupo AVAL de Luis Carlos Sarmiento.
Estos créditos, según registran sus reportes, serían cubiertos por la reposición de gastos (artículo 17 de la ley 130 de 1994) que hace el CNE a los candidatos según lo que inviertan en su campaña, a partir de una votación igual o superior al 4% de los votos válidos realizados en las elecciones. Recordemos que Gustavo Petro obtuvo más de 4 millones de votos en su coalición del Pacto Histórico en las consultas interpartidistas realizadas el pasado 13 de marzo en las elecciones legislativas.
Su gerente de campaña es Ricardo Roa Barragán. La Agencia de Periodismo Investigativo (API) reveló en enero de 2022 que Roa era la “mano derecha” del empresario William Vélez en la Empresa de Energía de Honduras que estaba a la cabeza de Vélez, “el zar del alumbrado público, propietario del Grupo Ethuss. Además amigo y financiador de la campaña de Álvaro Uribe Vélez”.
🥈Fico: el candidato con más exposición en los medios
Federico Gutierrez reportó un total de ingresos de $6.345 millones al 23 de mayo de 2022. Sin embargo, registró un gasto de $7.124 millones. Si su campaña hubiera terminado ese día, las cuentas no le darían, ya que tiene un excedente de $779 millones volando. A pesar de esto, en su informe de ingresos y gastos de campaña no registra obligaciones pendientes por pago.
Esos $7.124 millones representan un aumento del 1.720% de gastos, con respecto al reporte del 5 de mayo que fue de $391 millones, posicionando al candidato del Equipo por Colombia en el segundo lugar de mayor gasto y el de ritmo más rápido. Federico Gutiérrez es también el candidato con más exposición en los medios de comunicación, de acuerdo con un informe de Equilibrio y Pluralismo Informativo del CNE. Le siguen Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.
De los $4.961 millones que ha gastado en propaganda electoral al 23 de mayo, al menos $144 millones los ha destinado a vallas publicitarias contratadas con la empresa antioqueña Integración S.A.S. Fico ya ha tenido historia con esta compañía, que para su campaña a la Alcaldía de Medellín en 2015 le aportó $42 millones y durante su administración recibió cinco contratos directos, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública. El representante legal de Integración es Juan Carlos Molina Villegas, el mismo que actualmente representa a la Fundación Creemos Colombia, una organización que dirige el candidato presidencial y con la que ha recorrido el país promocionando su candidatura a la presidencia desde 2021.
Mateo Restrepo Villegas es el gerente de campaña de Gutiérrez. En 2017 fue interrogado en el marco del escándalo Odebrecht por la adjudicación de la Ruta del Sol 2, ya que entre 2009 y 2010, cuando se otorgó dicho proceso, era alto consejero Presidencial para la Política Anticíclica en la administración de Álvaro Uribe.
Mateo Gómez Vahos es coordinador digital en la actual campaña de Gutiérrez y también es dueño de la empresa VAHOS&OROZCO S.A.S con quien ha hecho pauta publicitaria el candidato. Mientras el segundo era alcalde de Medellín y el primero contratista de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía, fueron investigados por la Procuraduría por el “Caso la Bodega Fico”: la presunta creación masiva de cuentas falsas de Twitter para mejorar la imagen de su administración.
BONUS:
Con los ingresos que reportó Fico al 23 de mayo se podría reponer el recorte del 20% que tuvieron los ingresos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el Presupuesto Distrital de 2022.
🥉 Fajardo y la opacidad electoral
El candidato de centro de la Coalición Centro Esperanza se ubica casi a la mitad del ranking con el segundo lugar de mayor ingreso y el tercero de mayor gasto. Sergio Fajardo, de acuerdo con su reporte ante el CNE, ha tenido un ingreso de $8.778 millones a su campaña a corte del 23 de mayo. Con este dinero, alrededor de 293 personas podrían viajar a Qatar durante 5 días y entrar a un promedio de 4 partidos del Mundial 2022.
Su principal gasto fue la propaganda electoral con $2.272 millones destinados a vallas, publicidad y pauta televisiva y radial. Le sigue el gasto administrativo con $1.180 millones en pagos de honorarios a su equipo de campaña y viáticos.
Montos ambiguos y sin precisar protagonizan el informe de Fajardo: adquisiciones, capacitación e investigación política por $173 millones, paradójicamente los gastos judiciales y de rendición de cuentas por $15 millones y ‘otros gastos’ por $541 millones. Ninguno de estos conceptos son desglosados en los reportes ante el CNE de acceso público, dificultando conocer las empresas o personas naturales a las que fueron destinadas estas sumas.
La gerente de campaña del ganador de la coalición Centro Esperanza es María Eugenia Escobar Navarro, exsecretaria de Hacienda de Antioquia en la administración departamental de Sergio Fajardo. En 2018 se le abrió una indagación disciplinaria junto con Sergio Fajardo por un presunto detrimento fiscal de su gestión como gobernador en 2013 y las “supuestas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo (…) entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca SA”, mientras ella ejercía como secretaria de Hacienda. El proceso se encuentra en indagación preliminar.
Campañas ‘austeras’
Continuamos con Rodolfo Hernández, que se ha disparado en las encuestas en las últimas semanas. Ha llevado la bandera de la austeridad en su discurso, siendo el cuarto candidato de seis que menos dinero ha gastado. Su campaña registra un ingreso de $4.137 millones al 23 de mayo. Con este monto, se podría costear por un año el transporte de más de 2.100 residentes de Bogotá con un uso promedio de dos pasajes de Transmilenio al día.
El origen de los recursos de Hernández proviene de una inyección de $137 millones en contribuciones propias y de su esposa Socorro Oliveros y $4 mil millones de un préstamo de rendimiento de inversiones con el Banco de Occidente, entidad que hace parte del Grupo AVAL del banquero Luis Carlos Sarmiento.
De su presupuesto, el ingeniero reporta un gasto de $2.772 millones. Sus gastos más significativos son: $2.115 millones en propaganda electoral que varía en televisión y radio en medios como Caracol, RCN y la Organización Radial Olímpica, así como la producción de videos y productos para redes sociales.
PARA RECORDAR:
Su gerente de campaña es su esposa Socorro Oliveros, diseñadora de interiores, que está vinculada a varias de las empresas familiares. Cuestión Pública reveló que Socorro Oliveros —esposa del candidato presidencial— compró 3 propiedades entre 2016 y 2018 que superaron el millón de dólares en medio del escándalo de corrupción de Vitalogic por el que está imputado Hernández. Además, por las fechas de las compras le habría comprado dólares al presunto lavador Jhon Rueda, a través de su hijo Luis Carlos en 2016.
Socorro Oliveros, la gerente de campaña, actúa como accionista o representante legal en al menos seis empresas que comparte con Rodolfo Hernández, su hijo Luis Carlos o el abogado Manuel José Guarín.
Otras campañas ‘austeras’ son las de los candidatos del Partido Colombia Justa Libres y Salvación Nacional.
A la campaña del pastor John Milton Rodríguez han ingresado $1.534 millones (al 23 de mayo) que se dividen entre $764 millones de contribuciones de familiares o recursos propios ($564 millones a sí mismo y $46 millones de su esposa Norma Ruiz) y aquellas de particulares que representan $770 millones. De su presupuesto ha gastado $899 millones, según su registro ante el CNE. Sus gastos han sido principalmente administrativos y de propaganda electoral.
Enrique Gómez es actualmente el candidato más ‘austero’ de las presidenciales 2022. Registra un ingreso de $150 millones que surgió de donaciones de particulares y contribuciones propias por $40 millones.
Consultamos a Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral sobre los mecanismos de control de la entidad con estos reportes de los candidatos: «La herramienta que tiene el CNE para establecer la veracidad de esos gastos es a través de la Oficina de Inspección y Vigilancia, el Fondo de Financiación de Campañas y la auditoría externa que debe contratarse para cubrir el efecto electoral».
Novoa también agregó: «existen unos requisitos que muchas veces son rey de burlas, porque los informes no siempre corresponden con el volumen de gastos». Uno de los requisitos, nos aclaró, es contar con informes certificados por un contador público y que los recursos deben manejarse en una cuenta bancaria y cada ingreso o egreso de la campaña debe quedar registrado en los movimientos de dicho producto financiero.
Al cierre de esta investigación (23 de mayo), en el papel ningún candidato había superado el tope de gastos de campaña establecido por el CNE de $27.453 millones para la primera vuelta. La contienda sigue, y los valores de ingresos y gastos de cada uno pueden variar e incrementarse al cierre de estas elecciones.
* Este cálculo se realizó con la resolución 1449 de 2019 de la Presidencia, que estipula el costo máximo de una casa de interés social en 155 salarios mínimos mensuales.
