Transacciones mortales: las armas alemanas que silenciaron civiles durante el paro nacional
(28/04/2022)
Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.
Por: Cuestión Pública.
El jueves primero de julio de 2021, el Tribunal Regional de Kiel, al norte de Alemania, condenó a tres altos ejecutivos de SIG Sauer, reconocida multinacional fabricante de pistolas, por haber violado la ley de ese país al enviar armas a Colombia entre 2009 y 2011 sin licencia, a través de su filial en Estados Unidos.
Exactamente, dos meses atrás, el primero de mayo, Santiago Murillo Meneses, un joven estudiante de Ibagué, moría por una bala que le atravesó el pecho tras los disparos que habría accionado esa noche el mayor de la Policía Jorge Mario Molano, a unos 300 metros de su casa, de acuerdo con la Fiscalía. Molano fue imputado por esta entidad en junio de 2021.
Pese a estar prohibida su venta a países atravesados por conflictos armados como el nuestro, las Sig Sauer son las armas de dotación que usan los patrulleros de la Policía en todo el país. Esto pudimos confirmarlo con dos uniformados: en 2021, con uno de ellos, el cuñado de Marcelo Agredo, un estudiante de colegio de 17 años que fue asesinado tras recibir un impacto de bala en la cabeza, que habría sido detonado por un policía en Cali después de recibir una patada la tarde del 28 de abril, el día que estallaron las manifestaciones en el país.
Esta es la historia de tres compañías alemanas que durante casi una década exportaron cientos de armas y celebraron nueve contratos adjudicados de manera directa por 8.589 millones de pesos con el Estado colombiano para robustecer su arsenal. En 2021, tres años después de sellado el último negocio, pistolas Sig Sauer silenciaron para siempre la vida de dos jóvenes inermes, uno de ellos menor de edad, a manos de uniformados de la Policía.
Alimentando una máquina de guerra
Los últimos rastros de transacciones que pudimos conocer entre Sig Sauer y la Policía datan de 2017 y 2018, un año antes de que brotaran las primeras grandes manifestaciones en todo el país.
Documentos de la base de datos Importgenius suministrados por nuestro aliado internacional, el medio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), arrojaron 10 exportaciones expedidas por esta compañía alemana hacia Colombia. Se trataba de compras de “material reservado para la defensa y seguridad nacional”. Su destinatario final era el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, una entidad adscrita al Ministerio de Defensa que, según su página web, básicamente presta apoyo logístico a esa institución en la adquisición de armas, municiones, uniformes y otros elementos que requiera para desarrollar sus actividades.
Por medio de un listado de códigos de partida arancelaria obtenido del sitio web del Ministerio de Comercio pudimos determinar que el material reservado importado correspondía a una categoría amplia que puede incluir “pistolas con cañón único, semiautomáticas y múltiples, y a partes y accesorios de armas largas de caza o de tiro deportivo, armas de fuego, pistolas de muelle, fusiles y ametralladoras”.
Solicitamos a la Policía información vía derecho de petición sobre esas 10 transacciones provenientes de Sig Sauer. La institución confirmó la celebración de dos contratos con esta empresa durante ese periodo (2017 y 2018). Ambos contratos sumaron $2.072 millones y se adjudicaron por contratación directa para adquirir repuestos de pistolas Sig Sauer SP2022 calibre 9mm.
Sin embargo, estos contratos no corresponden a la totalidad de importaciones que nos entregó OCCRP, una decena. Como las cuentas no daban, enviamos un derecho de petición a la Policía y al Fondo Rotatorio a finales de febrero de este año para entender la razón de la diferencia entre armas importadas según Importgenius y aquellas registradas por los contratos que nos suministró la Policía. El Fondo Rotatorio nos negó la información adicional por considerarla “material reservado, destinado para la Defensa y Seguridad Nacional”.
En la misma respuesta nos explicó que las 10 importaciones que sumaron en total USD 1.288.075 (unos $1.853 millones, según la tasa del dólar específica a las fechas de las transacciones en 2017 y 2018) no fueron suscritas directamente por ellos. Según la entidad, su participación se limitó a realizar el proceso de nacionalización de las mercancías. En la respuesta destacan que el material contratado fue de uso exclusivo de la Policía Nacional, que negó tener relación alguna con estas importaciones. Aunque la Policía nos negó la información sobre el destinatario final de ese material, a una pregunta sobre quien recibiría las armas, la compañía Ancla Ltda -apoderada en Colombia de Sig Sauer Inc, filial de la empresa alemana en Estados Unidos para 2017 y 2018- nos respondió que iban para la institución.
En medio de este cruce de explicaciones inexactas, cortas y confusas, encontramos que de las 10 importaciones, seis provenían de SIG Sauer Inc, la filial estadounidense de la alemana SIG Sauer. Las cuatro restantes figuraban únicamente a nombre de SIG Sauer. Esta compañía tiene como casa matriz a L&O Holding, fundada por los empresarios alemanes Michael Lüke y Thomas Ortmeier. Este conglomerado también es dueño de la compañía hermana de Sig Sauer en Estados Unidos (Sig Sauer Inc) y de la empresa suiza de armas San Swiss Arms AG.
SIG Sauer tiene un problemático prontuario judicial. En 2019 inició el juicio en Alemania contra tres altos ejecutivos de la compañía por exportar armas a Colombia entre 2009 y 2011. Se trató de Ron Cohen, director general de Sig Sauer Inc.; Michael Lueke, copropietario de L&O Holding y un sujeto identificado como Robert L., cuya identidad se protegió por las leyes de privacidad de Alemania. Según la sentencia que llegó hasta julio de 2021, SIG Sauer violó las leyes de exportación alemanas al triangular las armas enviándolas de Alemania a su filial en Estados Unidos asegurando que serían utilizadas por el ejército de ese país. “La exportación sólo se permitió con el fin de vender las mercancías y mantenerlas en EE. UU.”, dice el fallo, pero las pistolas tenían otro cliente final: la Policía de Colombia.
Unas protestas teñidas de sangre con sello Sig Sauer
Existe una razón por la cual Alemania prohíbe que sus armas terminen al servicio de guerras ajenas como la nuestra: el temor a que sean usadas en las reiteradas violaciones a los derechos humanos que se perpetúan a manos del Estado y de grupos armados en conflictos cíclicos y recrudecidos.
Las agresiones por parte de la Fuerza Pública fueron recurrentes durante las manifestaciones que retumbaron en Colombia entre abril y mayo de 2021, en la que 80 personas perdieron la vida, según registramos en nuestra base de datos A Sangre y Fuego. Pudimos confirmar que al menos dos de esas víctimas fueron asesinadas con armas Sig Sauer por parte de dos uniformados de la Policía Nacional, de acuerdo con los informes forenses y las imputaciones que les hizo la Fiscalía. Una de ellas, fue el estudiante caleño de 17 años, Marcelo Agredo.
Marcelo murió por un impacto de bala en la cabeza en las manifestaciones del 28 de abril en Cali. Días después de su muerte Cuestión Pública habló con su cuñado, Jhon Jairo Valderrama, miembro de la Policía Nacional que prestaba su servicio ese mismo día.
Valderrama mencionó que la responsabilidad de la muerte de Marcelo recae sobre el patrullero Luis Ángel Piedrahita, quien descargó toda la letalidad de su arma contra Marcelo. “No podemos disparar a un manifestante desarmado con la SIG Sauer 2022, nuestra arma de dotación, porque es precisa y letal a una distancia de hasta 50 metros. Marcelo estaba a unos pasos de mi compañero cuando este le comenzó a disparar”, le dijo a Cuestión Pública en 2021.
El 11 de abril de 2022, Cuestión Pública habló con Gonzalo Perdomo, abogado que representa a la familia de Marcelo Agredo. Nos confirmó que en el informe balístico realizado por la Fiscalía el 5 de mayo de 2021, se hallaron tres ojivas de proyectiles calibre 9mm en la escena del crimen, de los cuales dos fueron disparados por la pistola de dotación Sig Sauer SP2022 del patrullero Piedrahita. El 21 de abril de 2022, Cuestión Pública pudo acceder al documento para verificar que los dos proyectiles sí fueron disparados por la pistola Sig Sauer de Luis Ángel Piedrahita, identificada con el número de serie SP0131038.
Pese a que el 13 de mayo de 2021 el uniformado fue capturado, el 1 de febrero de 2022, fue puesto en libertad por vencimiento de términos, según su abogado, Luis Fernando Bayona. Mientras continúa el proceso, Cuestión Pública informó que Piedrahita se defiende en libertad.
“Nosotros los policías no debimos haber tenido acceso a un arma de esas en la calle», comentó un policía retirado bajo reserva de identidad por temor a represalias.
Santiago Murillo, de 19 años, fue otra de las víctimas fatales con arma Sig Sauer. Santiago Murillo recibió un disparo en el pecho el 1 de mayo de 2021 en Ibagué cerca a su casa. Ese mismo día, falleció en la Clínica Nuestra Ibagué a las 10:20 de la noche.
En septiembre de 2021, la Fiscalía acusó al mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya como presunto homicida de Santiago. “Existe uniprocedencia entre el proyectil extraído a la víctima y el arma SP 0169540, con lo cual se puede inferir con probabilidad de verdad que quien disparó contra Santiago Murillo fue Jorge Mario Molano Bedoya, miembro de la policía en grado de mayor”, dijo la Fiscalía según reseñaron múltiples medios.
Con dicha información, este medio confirmó con el informe de balística que esa arma, la SP 0169540 del policía Molano y desde la que salieron los disparos que mataron a Santiago, es de “marca Sig Sauer, modelo SP2022, calibre 9mm Luger”. Este modelo corresponde a las pistolas que habrían sido exportadas ilegalmente desde Alemania.
Indagamos sobre la prohibición de usar armas letales por parte de la Policía durante las manifestaciones. “La instrucción es clara, las armas de fuego nunca pueden estar cerca de estos grupos (de manifestantes)”, complementó uno de los uniformados entrevistados.
Según el policía, cuando se presenta alguna manifestación hay una reestructuración de su dotación: se les brinda un casco, un escudo y una tonfa o bolillo, el único elemento de defensa personal que pueden usar en caso de ser agredidos.
Dos fuentes de la Policía Nacional nos explicaron que además del arma de dotación asignada a cada patrullero o integrante de cualquier otra institución de la Fuerza Pública, este puede hacer uso personal de una segunda arma. Esta arma se puede comprar en Indumil con la licencia de capacitación que tienen los policías. Un uniformado nos dijo que algunos de ellos salen al servicio con ambas armas, la de dotación y con el arma propia. “A pesar de que no es permitido, hay policías que lo hacen por su seguridad” agregó.
Poca transparencia y otras vendedoras de armas alemanas cuestionadas
La omisión de información en la venta de armas entre Sig Sauer y la Policía no provino al parecer únicamente de la compañía alemana, que ocultó que su verdadero cliente era la institución colombiana. Entre 2009 y 2016 aparecieron en nuestro radar cinco contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) I, celebrados entre Sig Sauer y la Policía Nacional por un total de 3.986 millones de pesos.
Cuatros de ellos se adjudicaron por contratación directa a Sig Sauer, cuya representante en Colombia es la empresa Ancla Ltda. En los documentos del contrato de 2010, aparece una solicitud de prórroga del contrato inicial por parte de Ancla, señalando que “desafortunadamente, la Policía Nacional, tal vez por error, no ha entregado el Certificado de Uso Específico o End User Certificate en el cual debe constar que las pistolas serán usadas exclusivamente por la Policía (…)”.
Ancla señaló en esa misma solicitud de prórroga que tuvo que extender la entrega de ese armamento porque faltaba un certificado por parte del Gobierno Nacional que indicara que la Policía no necesitaba permisos de importación para adquirir ese material.
Contrato 2010 inicial N° 06-2-10198-10 /Adición No. 1 al contrato inicial N° 06-2-10198-10
Llama la atención que en la misma solicitud, Ancla Ltda menciona la adquisición de silenciadores por parte de la Policía Nacional, los cuales no se evidencian en el contrato inicial, ni en la adición No.1 del contrato que consta de 115 unidades más de “pistola táctica para operaciones especiales calibre 9mm”.
Además de la compañía Sig Sauer, hallamos otras dos empresas alemanas involucradas en la importación de armamento a Colombia. La primera de ellas fue Rheinmetall Denel Munition, la cual celebró el 4 de mayo de 2015, un contrato con Indumil, entidad encargada de la fabricación y la comercialización de armas, municiones y otros elementos de guerra en Colombia. En ese contrato se adquirió pólvora para munición calibre 5.56x45mm por un valor de USD 1.057.500 ($2.531 millones en ese entonces).
Contrato entre Rheinmetall Denel Munition y la Industria Militar.
Una segunda empresa alemana, Carl Walther, le vendió armas a la Industria Militar colombiana en 2010. Pese a que en SECOP no se encontró ningún contrato con esta compañía, Indumil reconoció a Cuestión Pública el 9 de marzo de 2022, como respuesta a un derecho de petición, haber contratado con Walther para adquirir carabinas y pistolas Walther Cal.22 L. Al indagar sobre los posibles documentos de la contratación, la entidad nos negó la información por posible daño a los “intereses públicos”.
Para el 2014, el medio alemán Deutsche Welle (DW), denunció la presencia de pistolas tipo P99 y carabinas Walther provenientes de la ciudad alemana Ulm, en el catálogo de armas de Indumil.
“No nos podemos explicar cómo llegó el arma al comercio en Colombia”, explicó Manfred Wörz, gerente de la empresa Carl Walther para el medio DW. Hasta la fecha no se presentó alguna sanción contra Walther por lo que podría ser una transgresión a la ley de control de armas bélicas de Alemania.
En Alemania estalló un escándalo cuando el periodista Frederik Obermaier reveló en el Süddeutsche Zeitung, el segundo diario de ese país, que las armas de Sig Sauer terminaron en Colombia.
El poderoso detrás de la venta de armas en Colombia
Ancla Limitada es la empresa colombiana que ha representado legalmente a la compañía estadounidense SIG Sauer Inc en seis de los contratos.
Desde 2001 y hasta 2019 el rostro conocido detrás de esa empresa fue el ya fallecido empresario Felipe Alfonso Jaramillo Samper, de acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá. Jaramillo también era dueño de la empresa Helicentro S.A.S y la firma Alfonso Jaramillo y Cía, que también han sido contratistas del sector defensa por más de 30 años, como mencionó El Espectador.
En diciembre de 2013, la Jefatura de Aviación presentó un informe al Ministerio de Defensa sobre irregularidades en 21 contratos que entre 2009 y 2013 habían sido adjudicados a Helicentro S.A.S. Pese a las observaciones, en 2014, le fueron otorgados tres contratos más con entidades del sector de defensa. Estos sumaron $5.900 millones.
Ante el fallecimiento de Jaramillo Samper, Beatriz Jaramillo de Lloreda pasó a tener representación legal en varias de sus empresas. El 14 de febrero de 2020 se eligió a Jaramillo de Lloreda, como presidente de la sociedad. Para 2010, Jaramillo de Lloreda fue aportante a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos con 2 millones de pesos, según una lista que reveló El Espectador en 2017.
Jaramillo y su ‘Santo’ de las armas
Para 2006 y 2011, las empresas de Jaramillo Samper se vieron favorecidas por la llegada de su amigo Juan Manuel Santos al Ministerio de Defensa, según una columna de 2014 de Andrés Quintero en El Heraldo. En 2006, Ancla Ltda obtuvo los primeros contratos para adquirir armas Sig Sauer para uso de la Policía Nacional. Este caso ya había sido denunciado en la Comisión Primera del Senado, por Paloma Valencia Laserna, senadora del Centro Democrático.
Entre 2005 y 2006 se presentaron dos propuestas de contratación para adquirir armas destinadas al Ministerio de Defensa. Entre los proponentes estaba Sig Sauer, que no cumplió con los requisitos técnicos. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2006, cinco meses después de que Santos fuera designado como ministro de Defensa, se firmó un convenio con el gobierno de EE.UU. para comprar las pistolas Sig Sauer.
Según la senadora, tanto Santos como Jaramillo sabían de la exigencia del permiso de exportación por parte de las autoridades alemanas. Aun así, se dio la importación por medio del gobierno estadounidense. De esta manera, las armas Sig Sauer serían fabricadas en Alemania, pero ensambladas en los EE.UU y luego enviadas a Colombia.
Ancla Limitada respondió a nuestro cuestionario por medio de Beatriz Jaramillo, hermana de Felipe Jaramillo. La compañía aseguró que ya no es apoderada de Sig Sauer en Colombia. Además, dijo haber representado a la empresa de armas alemanas en 4 contratos de repuestos para pistolas. Sin embargo, Cuestión Pública tiene evidencia de que fueron 6 contratos y no solo para repuestos, sino también para la venta de fusiles de francotiro, pistolas tácticas para operaciones especiales y pistolas SIG Sauer SP2022 calibre 9mm como evidenciamos en tres contratos a los que tuvimos acceso.
Un exmiembro de la Policía Nacional, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, confirmó a este medio que en las capacitaciones del uso de estas armas, les indicaron que eran ensambladas en los EE. UU., pero que desconocía el origen de las mismas.
El 21 de octubre de 2014 Paloma Valencia también reveló en medio de un debate en el Senado que entre noviembre de 2011 y enero de 2012, la Policía Nacional presentó un informe sobre el mal estado de algunas armas Sig Sauer. El medio alemán NDR publicó en 2014 un documento de reclamación en 2011 por parte Sig Sauer Inc sobre un problema de óxido de las pistolas enviadas al país.
Hasta la fecha no se tiene registro de acciones jurídicas contra alguna entidad pública adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. Las sanciones solo castigaron el accionar de los ejecutivos de Sig Sauer en Alemania.
Una excoronel nos señaló que aunque no hay ninguna ley que prohíba a la Policía colombiana comprar armas a compañías alemanas que tienen una restricción de enviar armamento a países en conflicto, es poco ético que la institución realice estas transacciones con los niveles de opacidad evidenciados en esta investigación. Especialmente a la luz de posibles y reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de la Fuerza Pública que, como se vio durante el Paro Nacional de 2021 y evidenció la Fiscalía en imputaciones a dos uniformados, acallaron para siempre la vida de al menos dos jóvenes estudiantes con sus pistolas Sig Sauer.
Al cierre de esta publicación, ni Sig Sauer ni la Policía habían contestado nuestras preguntas.
*Para la conversión se tomó el valor de la moneda aproximada según el año y el mes del contrato*
