sábado, abril 27, 2024

¿Cuotas de políticos en FedeDepartamentos con plata de Philip Morris?

Pese a que la Philip Morris (PMI) le dijo a Cuestión Pública que no financia la política colombiana, este medio encontró que en el marco del convenio por 155 millones de dólares que tiene con la Federación Nacional de Departamentos, esta entidad pública ha contratado a un hermano, esposas, una cuñada y presuntas cuotas de congresistas y gobernadores. Hay 27 contratos que suman $1.850 millones a 15 personas con vínculos políticos. Hasta el hacker Sepúlveda resultó contratado. En paralelo, un ejecutivo de PMI hizo 25 visitas al Congreso, una al despacho del otrora senador Iván Duque.

Camargo, Tavera y Córdoba: los cuestionados de la poco transparente FND

La Federación Nacional de Departamentos (FND), que administra los impuestos departamentales del licor y el tabaco por $1,9 billones (2020), ha sido fortín de cuestionados políticos en la última década. Por su dirección ejecutiva han pasado el defensor del Pueblo Carlos Camargo, el contralor general Carlos F. Córdoba y el investigado exgobernador de Santander, Didier Tavera. Cuestión Pública recopiló los escándalos y presuntos conflictos de interés en la entidad.

De (P)MI para Fede(departamentos): los 155 millones de dólares poco vigilados

Los USD 155 millones que la Philip Morris (PMI) gira a la Federación Nacional de Departamentos (FND) desde 2009 no cuentan con control estatal distinto al de la propia FND. Esto pese a que el dinero proviene de un acuerdo que se dio después de una demanda de Colombia a PMI por presunta evasión de impuestos de los colombianos. En este matrimonio, PMI también se beneficia con el lobby de la FND en el Congreso en contra del aumento del impuesto al tabaco.

Philip Morris y FedeDepartamentos: un matrimonio inseparable

La Federación Nacional de Departamentos (FND) y Philip Morris International (PMI) tienen un acuerdo por 155 millones de dólares desde 2009 para la financiación de la lucha en contra del contrabando de cigarrillos. Este pacto se dio tras el pleito entre los departamentos colombianos y PMI por presunto contrabando y lavado de activos por parte de la multinacional tabacalera, según investigaciones periodísticas previas de la prensa colombiana e internacional.

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Hilo #CasoEnriqueVivas

Las presiones han sobresalido en el #CasoEnriqueVives. El empresario fue acusado de la muerte de 6 jóvenes en Sta. Marta al conducir en aparente estado de embriaguez. Te contamos de otras posibles irregularidades, su padre (ha incidido en el caso), su clan y sus negocios

Glifosato sin control: el millonario negocio del químico antidrogas

Durante diez años, Talanú Chemical, el mayor proveedor de glifosato antidrogas en Colombia, omitió información sobre los efectos de su herbicida ante la autoridad ambiental. Esto no impidió que siguiera contratando, bajo requisitos aparentemente laxos, con la Policía Antinarcóticos, que ha estado en el centro de las quejas de campesinos por “fumigación indiscriminada”.

Los cocaleros de Putumayo resisten la violencia y el abandono estatal

Este fotoensayo reúne las historias de tres campesinos​​ del sur del departament​o y muestra cómo es su relación con los cultivos de coca y su vida en medio de la presencia de grupos armados y un Estado que incumple y erradica la mata sin ofrecer alternativas.

La red Saab: el engranaje colombiano de la ficha clave de Maduro

Cuestión Pública y CONNECTAS revelan la red del barranquillero en Colombia antes de su captura en Cabo Verde: desde importaciones y exportaciones irregulares hasta presunto lavado y posibles testaferros que apuntó la Fiscalía.

Ríos de mercurio: especial sobre minería ilegal en Chocó

Cuestión Pública y La Liga contra el Silencio unieron fuerzas con OCCRP, The Miami Herald y El Nuevo Herald para investigar una mafia de minería ilegal que operó en Chocó durante siete años (2011-2018). Según un expediente judicial, las actividades mineras fueron iniciadas por dos estadounidenses de origen iraní que viven cómodamente en Miami. Su defensa en Colombia ha estado liderada por la firma de Diego Cadena, conocido por representar al expresidente Álvaro Uribe y a narcotraficantes.

El apartamento que Cabal le vendió a un representante del Cartel de Cali

En 1992, María Fernanda Cabal le vendió un apartamento y un garaje en Cali a Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien gerenció dos empresas fachadas de los líderes del Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, según el Departamento del Tesoro de EE. UU. El mismo año del negocio, Sarasti era directivo de la empresa Obursátiles SA, que entre 2003 y 2011 fue incluida en la Lista Clinton, designada como una “entidad traficante de estupefacientes”. Sarasti entró a esa lista el mismo año que Obursátiles, pero fue retirado en 2009.