martes, marzo 19, 2024
Una serie regional que expone las maniobras de las corporaciones de alimentos y medicinas para influir en el Estado en favor de sus intereses. ¿Qué cargos ocupan nuestros políticos y funcionarios cuando terminan su labor en el sector público?, ¿por qué, a veces, los gobiernos priorizan los intereses de un grupo de empresarios sobre el bienestar de los ciudadanos?, y ¿cómo nos afecta?
Salud con lupa presenta la primera serie latinoamericana que expone las maniobras de las corporaciones de alimentos y medicinas para influir en el Estado a favor de sus intereses. La investigación se hizo en alianza con reporteros de Perú, Chile, Colombia y México.
Un panorama sobre las prácticas del sistema financiero que agobian a los consumidores en cuatro países.
A la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y su esposo Miguel Rueda no solo los une un matrimonio. También los negocios y su cercanía con Saludcoop y Carlos Palacino, el expresidente de la EPS, inhabilitado por 18 años por la Procuraduría en el año 2012.
Los vacíos jurídicos y las ventajas de los que disfrutan las empresas en el cabildeo han convertido el flujo de los intereses defendidos en el Congreso en un espectáculo de magia digno de Harry Houdini. Cuestión Pública indagó en las maniobras de las corporaciones para influir en las decisiones legislativas. Lo que encontró incluye la presencia de cabilderos durante los debates parlamentarios, tácticas distractoras y el financiamiento de investigaciones para frenar regulaciones contra el tabaco, las gaseosas y la comida chatarra.
¿Qué tienen en común la gobernadora del Valle Dilian Francisco Toro, el senador Roy Barreras y el excongresista Holger Díaz? Además de ser médicos de profesión, los tres usan el sector Salud como trampolín para alimentar su plataforma política, sus redes de influencia y poder. Son los ‘influencers’ 2.0 de la salud en el país.
La jefa de la cartera del Ministerio del Interior de Colombia y su esposo están relacionados con entidades de salud que en el 2017 generaron $19 mil millones en ventas; alrededor hay cientos de millones de pesos en contratos y convenios públicos, financiamiento a campañas electorales y la aprobación de políticas que favorecen a las entidades con las que tienen conexión. Todo esto deja en evidencia cómo se entrelazan, en su carrera, la actividad pública y el interés privado.