El capítulo de Colombia fue realizado por el equipo de datos e investigación de Cuestión Pública, EscarbaData. La investigación reveló que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuyos dos de sus dueños más importantes son dos de los conglomerados económicos más grandes del país ​​—Grupo AVAL y Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)​​— han invertido billones de pesos de los ahorros de sus cotizantes en empresas de sus mismos grupos económicos y en compañías involucradas en escándalos de corrupción, detrimento público y clanes políticos y económicos, entre otros. 

Gracias a esta investigación los ahorradores de estos fondos se enteraron de a quiénes habían financiado por años con sus ahorros pensionales: Corficolombiana, exsocia de Odebrecht en la Ruta del Sol II; la Triple A de Barranquilla; Coviandes, con participación de Corficolombiana, que opera la vía en la que colapsó el puente de Chirajara; Konfigura, empresa del exministro Carrasquilla que estructuró los bonos de agua; Pacific Rubiales; Interbolsa, y Serfinanza, Casa Char, etc.  

Cuestión Pública expuso el fenómeno de las autoinversiones, que algunos expertos llaman ‘autopréstamos’, que hacen las AFP en empresas de su mismo grupo económico.  La investigación alerta sobre un modelo que asegura inversión a un grupo de empresarios sin que existan regulaciones suficientes de inversiones éticas. 

La investigación, cuyos millones de datos abrimos a la ciudadanía a través de litigio ante la Superintendencia Financiera, fue citada en un proyecto de ley para solucionar problemas pensionales, reseñada en debates presidenciales y en columnas de economistas reputados en grandes medios. Ella obligó al pronunciamiento del gremio de las AFP, Asofondos,  y promovió el debate público sobre la reforma pensional que continúa hasta hoy.

A través de la investigación transnacional ‘A dónde va mi pensión’ se descubrieron tres perfiles de inversión: el primero en Chile, Perú y Colombia donde las empresas privadas han recibido la mayor parte de la financiación, la mayoría asignado a empresas privadas nacionales o internacionales; el segundo, El Salvador, Panamá, la República Dominicana y Costa Rica, los fondos se utilizaron principalmente para comprar deuda pública local; y por último en Uruguay y México, donde los fondos se utilizaron para financiar tanto al sector privado como la compra de bonos que representan deuda gubernamental local. 

La distinción a este trabajo fue otorgada tras ser seleccionado entre más de mil postulaciones, que incluyen a periodistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.