(28/07/2021)
Juan Esteban, el primer herido del Paro Nacional
A este adolescente de 15 años le destruyeron el rostro la mañana del 28 de abril del 2021, cuando apenas comenzaban las jornadas de manifestaciones del Paro Nacional en Cali. Su madre necesita ayuda para la reconstrucción del rostro de su hijo mientras espera respuestas de las autoridades. Como él hay miles de jóvenes víctimas de la brutalidad policial en el contexto de las protestas.
Juan Esteban Peláez Torres —de 15 años, trigueño y siempre sonriente— nunca había participado en manifestaciones sociales. Sin embargo, tenía una razón que lo empujó a las calles el 28 de abril del 2021, día que inició el Paro Nacional: la Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque. Carmen Cecilia Torres, su madre, recuerda que él le dio diversos argumentos para salir a manifestarse: «estaba muy informado y me explicó la forma en que esa reforma iba a afectar a los más pobres». Y en la casa de los Peláez Torres saben lo que es vivir apenas con lo justo.
Carmen —de 35 años, blanca y ojos color café— es una mujer cabeza de hogar que apenas sobrevive desde que perdió su empleo a inicios de la pandemia por Covid-19. Han sido tiempos duros en los que, en medio de las afugias de los encierros decretados por la Alcaldía de Cali, se gana la vida confeccionando y vendiendo blusas por redes sociales.
Su hijo mayor, Daniel Peláez —de 17 años, delgado y ojos que se convierten en dos líneas cuando sonríe— había marchado pacíficamente muchas veces y regresado sano y salvo a casa. Por eso, Carmen confiaba en que la Policía sería respetuosa de los derechos humanos con los manifestantes y les permitiría a sus hijos participar en la movilización. «Pueden ir, pero no se vayan a quedar hasta tarde que eso puede ser peligroso. Chicos, nos vemos aquí a las 10 a.m.», les dijo.
Pero a las 9:43 a.m. de ese 28 de abril, en el barrio Ciudad Jardín, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) arremetió contra un grupo de manifestantes entre los que se hallaban los hermanos Peláez. En medio de la situación, un reportero del portal Colombia Informa, que transmitía en directo, gritó: «¡El policía lo acaba de herir!».
Un miembro del Esmad le había disparado a la cara a menos de cinco metros, dejándole las estructuras óseas despedazadas. En términos de Sebastián Rodríguez, el estudiante de medicina que atendió a Juan Esteban en la brigada médica, «la gravedad de la herida del paciente solo podía ser comparada con la producida por un accidente de un carro que golpea a alguien en el rostro. Se necesitaba mucha energía para destruir así el soporte óseo y dejarle la cara hecha una gelatina. Uno podía verle el hueso a través del corte, desde el lagrimal del ojo hasta los orificios nasales, que no paraban de sangrar […] Una escena realmente impresionante».
Juan yacía en los brazos de seis de los marchantes que intentaron socorrerlo en medio del caos para salvarle la vida. Faltaban 17 minutos para la hora pactada de regreso a casa y Carmen ignoraba que la vida de su hijo pendía de un hilo.
Coordenadas de la arremetida del Esmad
Horas antes de la agresión, a las 8:40 a.m., los hermanos Juan Esteban y Daniel Peláez Torres salieron de su lugar de residencia y llegaron aproximadamente a las 9 a.m. a la estación del MIO Universidades, lugar de concentración ubicado a dos kilómetros de su casa. Un punto estratégico que, el 28 de abril, se nutrió con las personas provenientes de la carrera 100 —reunidas en el lado occidental y oriental de la intersección— y de la calle 16 —principalmente concentradas al norte—. Por su parte, el Esmad se ubicó al lado sur.
Los hermanos Peláez estaban en el sentido occidental de esa intersección, cerca al semáforo. A 40 metros de allí, en el barrio Ciudad Jardín, Santiago López —de 26 años, moreno, con bigote— esperaba la llegada de su amiga Ximena González. Santiago dijo a Cuestión Pública que: «El ambiente en Universidades era pacífico ese día. Estábamos ahí parados en la carrera 100 con avenida Cañasgordas y, de un momento a otro, a eso de las 9 a.m., el Esmad empezó a lanzar gases lacrimógenos. Si hay algo de lo que doy fe es que a la hora en que ellos atacaron nadie había hecho destrozos».
Ximena González —una administradora de empresas de 32 años, blanca, rubia, ojos color café y pacifista desde la adolescencia— salió desde el Barrio Limonar y en la Autopista Sur se unió a un grupo de manifestantes que venía desde Puerto Resistencia (antes Puerto Rellena) hacia la estación de buses de Universidades. Al llegar, los gases lanzados por el Esmad zumbaban sobre las cabezas de los manifestantes y armaban un ambiente espeso de humo blanco. «Eran aproximadamente las 9:30 a.m. y la Policía ya arremetía contra todos. La gente retrocedía y tuvimos que meternos en la Universidad del Valle. Un compañero que había recogido una lata de gas lacrimógeno en la mano nos mostró que estaba vencido hacía dos años», recordó.
Mientras tanto, en la estación Univalle, a espaldas de donde estaban los hermanos Peláez Torres, Mateo Calero —18 años, moreno, delgado— presenció el ataque de los agentes del Esmad: «Gritábamos ‘¡sin violencia!, ¡sin violencia!’, porque el punto de concentración estaba repleto de abuelitos y niños. Finalmente, al ver que no hubo respuesta por parte nuestra, los uniformados fueron hacia la estación Universidades… Yo no puedo decir con certeza lo que pasó allá, pero se escuchaban los estruendos desde donde estábamos nosotros».
Jhonnier Asprilla, un soldador de 26 años que hizo parte de las manifestaciones el 28 de abril, dijo a Cuestión Pública que «fue impresionante la forma en que los uniformados atacaron: las granadas lacrimógenas no iban parabólicas sino disparadas de manera directa hacia los cuerpos. Ahí, en la carrera 100, quedamos muy poquitos comparados con los manifestantes de la calle 16 y muy rápido hubo el primer herido grave cerca de la Cristalería la 13. Fue el peladito flaquito, como de 15 años». Jhonnier se refería a Juan Esteban.
El grupo rezagado de la calle 100
Según el relato de Daniel Peláez a Cuestión Pública, eran las 9:30 a.m. aproximadamente cuando él y Juan Esteban retrocedieron hacia el local Cristalería La 13. El menor de los hermanos Peláez respiraba con dificultad en medio de los gases lacrimógenos que la fuerza pública había lanzado sobre la carrera 100. El miedo se apoderó de ambos al divisar que el Esmad había dividido en dos el grupo de manifestantes y ellos habían quedado en el más pequeño, aislados y rodeados de uniformados.
Daniel trató de calmar a Juan Esteban y, en un intento por neutralizar el efecto de los gases lacrimógenos que le irritaban las vías respiratorias, le entregó una botella con solución de bicarbonato de sodio, una camiseta para que se cubriera la nariz y, cuando le pasó las gafas, le dijo «son para que te protejás los ojos».
Según el relato recopilado por este medio, a las 9:35 a.m., Daniel le pidió a su hermano menor que se quedara atrás porque pensó: «Que así Juan Esteban estaría más seguro. Mientras tanto me fui a llevar agua con bicarbonato a los jóvenes de la Primera Línea estudiantil y a revisar si podíamos salir por alguna parte porque era bastante peligroso quedarnos. Adelante, la Primera Línea era lo único que evitaba que las agresiones de la Policía sobre nosotros pasaran a mayores».
Daniel avanzó pocos metros cuando vio que una formación de agentes del Esmad se subió al carril de buses MIO apuntando a la multitud y escuchó varias detonaciones ensordecedoras. Solo entonces se percató de que el grupo de personas de atrás, donde había dejado a su hermano menor, estaba siendo reprimido.
A las 9:43 a.m. Juan Esteban se percató de que un hombre del Esmad se estaba aproximando a él, de manera diagonal, por su derecha. Vio al policía envuelto en esa coraza blindada apuntándole directo a la cara y se quedó inmóvil, petrificado por el miedo. Dejó caer lo que llevaba en sus manos: el celular de Daniel y el estuche de las gafas. De repente, en pocos segundos, el policía accionó un arma. Juan Esteban sintió el sonido metálico del golpe sobre su rostro.
A 10 metros de distancia, Jhonnier Asprilla —de 26 años, piel morena y ojos negros— lo vio caer y corrió, junto con otros cuatro jóvenes, a socorrer a Juan Esteban. «El pelado se veía muy mal: estaba bañado en sangre y la potencia del impacto le había cortado la cara tan profundamente que se le veían los huesos», dijo a Cuestión Pública. Por su parte, Daniel recuerda que cuando volvió la mirada al lugar en donde había dejado a su hermano de solo 15 años lo descubrió herido sobre el pavimento.
En un vídeo de aquel 28 de abril se ve cómo dos manifestantes llevaron en brazos a Juan Esteban y, pasos más adelante, cuatro más corrieron a ayudarlos hasta que se convirtieron en un grupo de más de 10 personas que lo socorrieron para llevarlo a un lugar seguro. Según el relato de Juan, en ese momento podía sentir cómo escurría sangre tibia de su ojo y lo único que se le venía a la cabeza era la idea de que se iba a quedar ciego de ese ojo por el resto de su vida. Cuando lo alzaron entre todos, en medio de la arremetida incesante del Esmad, Juan Esteban gritó: «¿Dónde está mi hermano? ¡No voy a ningún lado sin mi hermano!».
La brigada médica
La brigada Estudiantil de Salud —o brigada médica— de la Universidad del Valle estaba organizada en tres niveles de complejidad para la atención de heridos en el marco de las manifestaciones: el grupo de afuera atendía heridas leves, el punto intermedio se encargaba de estabilizar a quienes lo requirieran y el punto avanzado o “avanzada” recibía a los heridos de gravedad.
«Ese 28 de abril teníamos motoambulancias a las afueras de la Universidad. La persona que trasladó a Juan Esteban en una de ellas nos dijo que al paciente le dispararon un gas lacrimógeno directo a la cara desde una distancia muy corta, entre cuatro y cinco metros», relató Sebastián Rodríguez, el estudiante de medicina que lo atendió. A pesar de que ese 28 de abril atendieron 75 heridos, aún hoy nadie olvida a Juan Esteban porque, a las 10 a.m., fue el primero en llegar a ‘avanzada’ y se veía muy mal.
«El paciente tenía la nariz fracturada y el hueso que rodea su ojo derecho —el periorbital— quedó bastante afectado. La lesión era esférica, concordaba con el borde de una lata de gas […] Esperamos hasta que al fin logró abrir su ojo y nos encontramos con una buena noticia: no había daño ocular», contó a este medio Sebastián Rodríguez, miembro de la brigada Estudiantil de Salud.
Cuando Juan Esteban ingresó, el personal de la brigada supo que requería una remisión a un centro hospitalario de alta complejidad, así que pidieron con premura una ambulancia con la ayuda de organizaciones defensoras de derechos humanos y, durante ese tiempo, debieron inyectarle «líquidos para estabilizar hemodinámicamente. El paciente perdió mucha sangre mientras esperábamos la ambulancia; se le bajó la frecuencia cardiaca, la saturación y la presión arterial», recordó el médico.
Otros miembros de la brigada médica explicaron que tuvieron que canalizarlo y realizar un empaquetamiento nasal, es decir, ponerle unas gasas en la parte interna para detener la hemorragia. También le pusieron una gasa por fuera de la nariz para detener el sangrado exterior mientras llegaba la ambulancia para su remisión, pero nunca llegó. Lo trasladaron en un automóvil particular, una hora después, porque se estaba agravando.
La Fundación Valle de Lili
Cuando Carmen vio la llamada entrante de Daniel tuvo una mala corazonada. Contestó y casi de inmediato preguntó: «Dani, ¿le pasó algo a Juan?». Daniel, al otro lado de la línea, con la voz quebrada y apenas audible entre el bullicio de fondo, respondió: «Un policía hirió a Juan Esteban, mamá, pero él está bien». Carmen corrió, inmersa entre la incertidumbre y la desesperación, a encontrarse con un Juan Esteban irreconocible.
Según la historia clínica de Juan Esteban, él ingresó a urgencias de la Fundación Valle de Lili sobre las 11:48 a.m. y recibió diagnóstico y atención de al menos 14 profesionales de la salud a lo largo del día: especialistas de diversas áreas, cirujanos, enfermeros y psicólogos. El documento médico reseñó: «Mientras se encontraba en manifestación en marcha en estación Universidades, ‘Smat [sic] lanza aturdidora’ y el joven recibe golpe con este elemento en cara».
A las 11:55 a.m., debido a la intensidad del dolor que expresaba Juan Esteban, el médico solicitó un TAC de cráneo, un TAC de órbitas y nasal que reveló múltiples daños físicos en el rostro. Los resultados también consignaron en la pestaña de datos clínicos un trauma craneoencefálico y un trauma facial con aturdidora durante la marcha.
Sobre las 4:43 p.m. Juan Esteban ocupaba una camilla aguardando por una cirugía debido a la agresión policial. A las 5:35 p.m., un equipo médico conformado por el especialista en otorrinolaringología y cirugía maxilofacial decidió entrar en cirugía para «explorar y corregir fractura nasal y drenaje de hematoma septal». El documento registró, además, una «fractura del malar y del hueso maxilar». Juan Esteban no presentó complicaciones y a las 11:45 p.m. de ese 28 de abril le dieron de alta.
Carmen Torres aseguró que, después de que su hijo fue dado de alta, el Servicio Occidental de Salud EPS (S.O.S.) ha entorpecido el proceso de atención médica de su hijo de forma deliberada. Ella, desempleada e inundada de deudas, ha tenido que costear por su cuenta las citas de terapia para Juan Esteban, en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, que ascienden hasta $201.600 mensuales.
«La situación es muy difícil para mí: lo he llevado cuatro veces pero la orden no cubre los medicamentos ni las evaluaciones neuropsicológicas que cuestan $380.000 en el Hospital Psiquiátrico y $1 millón en otro lugar. Además, la psiquiatra envía terapia de familia con psicología cada ocho días. Le he dado lo que he podido pero no tengo cómo cubrir las pruebas neuropsicológicas ni las terapias familiares.»
Desde el ataque, Juan Esteban se ha despertado en la madrugada a punta de gritos, en medido de pesadillas en las que un agente del Esmad le ha disparado. Hace pocos días tomaron un taxi en la calle y entró en pánico cuando vio un policía. En medio del caos de tener que asistir a citas diversas por causa de la agresión policial, Juan contrajo Covid-19, con el agravante de que sus defensas no respondían muy bien por la pérdida de sangre sufrida y el neumólogo le recomendó sueros para las defensas que cuestan $422.000. Carmen no puede pagarlos.
El modus operandi en los sectores aledaños a estación Universidades
Según informaron miembros de la Brigada Médica a Cuestión Pública, tan solo el 28 de abril atendieron a 75 manifestantes pacíficos que resultaron heridos por el accionar violento de uniformados de la Policía.
Testimonios recabados por este medio dan cuenta de más heridos y de lo que podría ser un modus operandi de la fuerza pública ese día: un tratamiento violento a la manifestación pacífica con disparos de fusiles lanza gases y lanzadores múltiples (que disparan objetos contundentes como granadas lacrimógenas y balas aturdidoras). Estos objetos pueden ser mortales si son accionados directamente contra la cara y la cabeza de los y las manifestantes, como sucedió en el caso de Dilan Cruz en Bogotá, el pasado noviembre de 2019.
A menos de 20 metros del lugar en que le dispararon a Juan Esteban, instantes después de su agresión, cayó otro herido. Diego Velasco —de 23 años, estudiante de Sociología— recordó haberlo socorrido: «Por donde miraras ese día, veías compas heridos […] El muchacho tenía la quijada fracturada, como descolgada. El compañero estaba privado de dolor».
Mientras una motoambulancia llevaba a Juan Esteban hacia el área de atención de la Brigada Médica, Diana Vargas —23 años, trigueña, ojos color miel, estudiante de la Universidad Javeriana— se encontró con sus amigos y transitaron por la ciclorruta hasta la intersección de la carrera 100 con calle 16. Ella y su grupo de amigos auxiliaron a otro herido: «Llegamos al frente de Aventura Plaza y eran casi las 10 a.m. cuando le dispararon en la cabeza a un muchacho por el lado de la estación Universidades. Estaba medio desmayado, le sangraba mucho la cabeza y lo llevamos a la Brigada Médica en la entrada de la universidad. Le decíamos que iba a estar bien. Yo quedé con las piernas llenas de sangre del chico herido», relató Diana.
En esa misma área, Jonathan García —23 años, moreno de cabello ondulado y estudiante de Ingeniería Mecánica— había llegado desde Meléndez sobre las 9:30 a.m. a la estación Universidades y encontró el ambiente caldeado. Según su versión —que concuerda con la de dos testigos más—, una tanqueta equipada con un Venom, el lanzador de proyectiles múltiples, escupía granadas lacrimógenas de forma indiscriminada sobre las cabezas de los manifestantes. Pero al recabar en registros de ese día, Cuestión Pública no encontró imágenes del Venom.
La soledad de una víctima de la Policía
Tras varios días de investigación, el 16 de mayo, el equipo de Cuestión Pública visitó a la familia Peláez Torres. Era una tarde marcada por el júbilo de la celebración del puntaje de Icfes de Daniel y el plan de Carmen Torres era pedir una pizza a domicilio. Ese día, Daniel visitaría a su abuela y Juan Esteban, aún afectado por el cambio en su rostro debido a la agresión, decidió permanecer en casa.
Carmen relató que, dos días después del disparo a Juan Esteban, el 30 de abril del 2021, en horas de la mañana, intentó recorrer los pasos de sus muchachos el día de la manifestación. Quería recabar pruebas de la agresión contra su hijo. Vio que en el sector había algunas cámaras de seguridad que, aparentemente, apuntaban hacia el sector donde fue agredido. En los locales se negaron a permitirle ver las grabaciones: «En unos dijeron que era la Fiscalía la que debía pedirlas y, en el otro, un vigilante aseguró que supuestamente no había grabaciones porque les habían dañado las cámaras», aseguró Carmen.
Jhonnier Asprilla, el soldador que auxilió a Juan Esteban, aseguró a Cuestión Pública que a la hora en que lo hirieron (9:43 a.m.) nadie había atacado los locales frente al lugar de los hechos y la evidencia de lo ocurrido tuvo que ser captada por las cámaras. Esa afirmación concuerda con la versión de un habitante del sector que aseguró a este medio que varios comerciantes voltearon las cámaras o las quitaron por temor a grabar algo.
El 30 de abril del 2021 a las 10:58 a.m., dos días después de los hechos, Carmen tomó una foto de la cámara de Cristalería La 13, donde fue herido Juan Esteban. La cámara no tenía signos de violencia y apuntaba hacia el suelo.
El 29 de abril Carmen presentó una denuncia de carácter averiguatorio ante la Fiscalía, pero el caso fue asignado a la SIJIN, en lugar de que fuera el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía quien asumiera la investigación. Ese comportamiento es atípico dado que la SIJIN es una unidad adscrita a la Policía Nacional de Colombia.
El investigador de la SIJIN no se dirigió a revisar la situación de las cámaras sino hasta el 20 de mayo, casi un mes después de la denuncia, y comunicó que no existían las grabaciones referenciadas por Carmen porque las habían dañado.
En contraste, otra de las fotos tomadas por Carmen, el 30 de abril, muestra que una de las cámaras que podría haber captado el instante en que auxiliaron a su hijo estaba en buenas condiciones.
Al respecto, Nicolás Fernando Castiblanco Lemos, abogado defensor de derechos humanos, explicó a Cuestión Pública que si la Fiscalía no hace bien el recaudo probatorio se le estaría violando el derecho a la justicia de la víctima. «Lamentablemente, la alternativa jurídica en el caso es presentar una acción de tutela por denegación de justicia ante el exceso de carga probatoria a la víctima», dijo.
Por su parte, Carmen Torres denunció que el interrogatorio de la SIJIN pareció más un intento de deslegitimar la versión de Juan Esteban como víctima que de recolectar las declaraciones y el material probatorio para determinar causas de modo, tiempo y lugar que permitieran dar con el culpable de la agresión a su hijo: «Me dijeron más o menos que tenía que llevar las pruebas de que era un policía el que lo había agredido y cuestionaron una y otra vez la versión».
Preocupa, además, que el 21 de junio del 2021 le comunicaron a Carmen Torres, vía WhatsApp, que «el caso lo lleva en curso el Juzgado de Instrucción Penal Militar 158 por el preliminar 2645». Al respecto, Sebastian Caballero, abogado y miembro de la Primera Línea Jurídica en Cali, planteó que la competencia de la justicia penal militar en este caso es «bastante cuestionable porque una agresión de este tipo es irregular y extrajudicial y no tiene nada que ver con la misionalidad del servicio policial».
Álvaro Sepúlveda Franco, profesor universitario por 30 años y director de Escuela Ciudadana (una ONG que se dedica a temas de derechos humanos, transformación de conflictos y cultura de paz), explicó que «si a un joven le destruyen el rostro se presenta una lesión personal agravada y una tentativa de homicidio porque fue producto de algo que lo pudo matar. Entonces, si el fiscal investiga y tiene el apoyo de Medicina Legal, del Cuerpo Técnico de Investigación, de los elementos y de los peritos, perfectamente pueden determinar que la víctima fue herida por un arma, o golpe de un gas lacrimógeno o de aturdidora».
Para el académico, en el Sistema Penal Acusatorio los fiscales no tenían suficientes elementos técnicos, ni la disposición de un equipo humano preparado para recolectar las pruebas del caso: «La ausencia de elementos probatorios le impide al fiscal aplicar la norma y el código para presentar su caso ante el juez penal, lo que se traduce en impunidad». Además, afirmó que en la coyuntura del Paro Nacional, el Estado no pareció condenar ninguna de las actuaciones de la fuerza pública.
La brutalidad quedó documentada por organizaciones como Temblores ONG que registró en el informe emitido con corte al 15 de julio del 2021 que en el marco de las manifestaciones hubo al menos 90 víctimas de agresiones oculares, 2053 detenciones arbitrarias, 1661 víctimas de violencia física, 833 intervenciones violentas, 228 casos de disparos de arma de fuego y 35 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
El 24 de mayo, durante el debate de moción de censura en el Senado, el ministro de Defensa Diego Molano dijo que la “fuerza pública actúa con estricto apego a los derechos humanos para garantizar las movilizaciones”. Sin embargo, el caso de Juan Esteban Peláez, junto con las narraciones de los testigos de la brutalidad policial de ese día en Cali a la altura de la Universidad del Valle, dejarían clara la sistematicidad en las vulneraciones de derechos humanos desde el primer día en que arrancó el Paro Nacional del 2021.
Nota: Algunos nombres de este reportaje fueron modificados para proteger la identidad de las y los entrevistados.
Texto
Abrahán Gutiérrez N.
Lorena Ceballos Chamorro
Edición
Ingrid Ramírez Fuquen
José Marulanda
Diana Salinas
Webmáster
Valentina Hoyos G.
Editor jurídico
Camilo Vallejo G
Diseño cover
Heidy González
Con el apoyo de:
Sin ti, no hay periodismo independiente.
Defiende el periodismo en el que crees con tu abono.
Abónate a
Cuestión Pública.
Conoce nuestro programa
de membresías aquí
¿Quiéres contarnos una historia? Te mostramos la forma segura y confidencial de hacerlo Ver Más
