paro nacional

Luego de tres aplazamientos, la Fiscalía acusó al patrullero Luis Ángel Piedrahita por el homicidio de Marcelo Agredo Inchima de 17 años, ocurrido el 28 de abril de 2021 en Cali.

Contra los jóvenes que participaron en el Paro Nacional se están usando de manera indiscriminada herramientas que fueron creadas para combatir a Grupos Armados Organizados (GAO). Encontramos evidencias. También hay posibles delitos “inflados”. Le pusimos la lupa a los procesos penales. Esta es la historia.

Junto a él, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali citó a los demás imputados: Andrés Felipe Chicaiza, Diego León Quiroz, Juan Antonio y Francisco Cordoba García y a 12 policías de la capital del Valle para que comparezcan el próximo 25 de enero de 2023 a la audiencia de acusación, y el 27 y 28 de febrero de ese mismo año a la audiencia preparatoria de cara al juicio oral que deberán enfrentar.

Cuestión Pública libera las cifras oficiales sobre los procesos judiciales en contra de civiles durante el paro y los datos sobre la impunidad en este y el estallido del 9 de septiembre de 2020. En el segundo aniversario de la masacre del 9S, ningún miembro de la Policía sindicado por la muerte de 7 de los 14 civiles asesinados ha sido condenado. Solo el uniformado vinculado al asesinato de Javier Ordoñez, la noche anterior, recibió una pena de 20 años de cárcel. Más de un año después del paro nacional, solo hay 23 integrantes de la fuerza pública sentenciados por hechos de violencia y represión durante esta manifestación, pese a las 4.269 denuncias presentadas ante la Fiscalía.

El pasado 8 de agosto de 2022, a un día de su posesión, el gobierno de Gustavo Petro presentó una nueva reforma tributaria, con la que espera recaudar $25,9 billones. Aunque en redes sociales se hizo viral que la reforma era muy parecida a la presentada un año atrás por el gobierno Duque, la cual desencadenó en protestas durante varios meses y eventualmente la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla, Cuestión Pública analizó ambos documentos y encontró que existen puntos en común pero son más las diferencias.

A continuación desde Cuestión Pública les presentamos un estudio hecho por el concejal de Bogotá Diego Cancino y su equipo de trabajo frente a los avances judiciales en torno a la violencia policial ejercida contra los y las manifestantes durante el Paro Nacional de 2021.

En la Comuna 20 de Cali recuerdan los episodios violentos que vivió esa ciudad durante el estallido social de 2021. Allí la arremetida policial dejó amenazas y miedo entre las víctimas, pero también el ánimo de enfrentar una justicia que consideran veloz contra los manifestantes y lenta contra la fuerza pública.

Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.

Marcelo Agredo Inchima murió por un impacto de bala en la cabeza, el 28 de abril de 2021, cuando participaba en el primer día de protestas en el oriente de Cali. El patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, imputado por la Fiscalía por el homicidio del joven de 17 años. Desde el pasado 2 de febrero el uniformado se defiende en el proceso sin estar detenido.

Eso dice el papá de Kevin Yair González, el joven de 23 años que murió el pasado 30 de abril, tras las confrontaciones entre la Policía y manifestantes en el marco del Paro Nacional en Cali. Las circunstancias de su fallecimiento aún son materia de investigación.