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La ley de cuotas en Colombia, que establece que al menos el 30 % de las listas a cargos de elección pública deben estar conformadas por uno de los géneros que en su mayoría terminan siendo mujeres, genera opiniones diversas entre candidatas y expertos. Aunque muchas reconocen que la norma ha permitido avances en la participación femenina, también coinciden en que su implementación sigue siendo limitada y, en algunos casos, meramente formal.

La participación femenina en la política, especialmente en escenarios como el Senado, se ve constantemente obstaculizada por diversas formas de violencia y una persistente doble exigencia. A pesar de los avances legislativos, como la Ley Estatutaria 2453 de 2025, que busca prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres (VCMP), la realidad en el terreno sigue siendo desafiante.

Otra barrera evidente es la baja participación de mujeres en los debates públicos debido a la falta de invitaciones a estos espacios, cruciales para la visibilización de las candidaturas. Se ha observado que, incluso en debates centrados en las cabezas de listas al Senado, pese a haber varias mujeres liderando, su presencia es mínima.

Cuestión Pública Feminista consultó a siete candidatas de diferentes partidos y la mayoría coincidió en que una de las dificultades más significativas a la hora de hacer política es la doble carga relacionada con el cuidado del hogar.

Esta barrera se agrava al observar cómo se distribuyen los recursos en la política. Cuestión Pública rastreó cuáles han sido los conglomerados empresariales que más dinero han aportado a las campañas al Senado desde 2010 y descubrimos que las grandes empresas financian principalmente a los hombres.

La brecha para ser elegidas sigue llena de obstáculos: menor acceso a financiación, violencia política y una carga desigual de cuidados que condiciona su participación. Hoy representan casi el 40 % de las candidaturas y solo ocupan 34 de las 108 curules de la cámara alta del Congreso.

Según los reportes de Cuentas Claras, 10 candidatos que recibieron aportes de las empresas del Grupo Bolívar entre 2010 y 2022, por un poco más de $36 millones, participan en la actual contienda electoral.

Entre 2014 y 2022, empresas del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo le donaron $644.748.232 a 19 candidatos que buscan llegar al Congreso en los próximos comicios del ocho de marzo.

Entre 2010 y 2022, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) realizó donaciones a candidatos que compiten en la actual contienda electoral por un poco más de $837 millones. Entre sus empresas destacan el Grupo Argos, Nutresa (que ahora es de los Gilinski), el Grupo Sura y Bancolombia.

Emparentados con la realeza de Mónaco y de la antigua Prusia, los Santodomingo aún mantienen sus intereses en Colombia.