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“A ratos pienso si es que el senador Cepeda (...) cree que yo tuve que ver en el asesinato de su padre”, dijo el expresidente, en el marco del juicio que se adelanta en su contra. No es la primera vez que el hoy acusado habría revictimizado al senador del Pacto Histórico por el asesinato del congresista Manuel Cepeda Vargas.

Hablamos con Daniela Gómez Rivas, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. Ella como exviceministra de Defensa conoce muy bien lo que hoy pasa en el país con respecto al conflicto armado y sus consecuencias.

Hablamos con el defensor de Derechos Humanos, Wilfredo Cañizares, sobre la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc en esa región del país, y las consecuencias que de estos combates están padeciendo los habitantes de esa región.

Conversaremos con Jhon Jácome, periodista de Cúcuta, sobre la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc en esa región del país, y las consecuencias que están padeciendo los habitantes de esa región.

El periodista Pablo Navarrete presentó su libro sobre la masacre en el corregimiento de Ituango, Antioquia, durante el periodo como gobernador de Álvaro Uribe Vélez. Un relato en el que hablan víctimas y sobrevivientes, que se publicó en el mismo año en que el expresidente fue señalado por el exparamilitar Salvatore Mancuso —ante la JEP— como presunto partícipe de los hechos.

El militar Carlos Javier Soler, quien fuera hasta el domingo 22 de mayo secretario de Seguridad y Justicia de Cali, otorgó contratos por $48.895.000 a un abogado que fue cofundador de una organización de extrema derecha y ex copartidario del paramilitar Ernesto Báez. La Secretaría de Seguridad también contrató militares de alto rango salpicados por presuntas conexiones con la mafia. Todos los contratos son posteriores al Paro Nacional de 2021.

En 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concedió a la filial colombiana de Gran Tierra Energy una licencia para buscar petróleo en Villagarzón, Putumayo. El Ministerio del Interior negó la presencia de comunidades indígenas hasta 2021, cuando reconoció la necesidad de consulta previa de un resguardo inga. Pero la alianza Cuestión Pública - Mongabay Latam encontró que el proyecto se realizaría en las entrañas de al menos seis resguardos más de este pueblo, ignorados en el proceso. Tras 10 años de inquebrantable resistencia en el país, los inga están a punto de escalar su caso a la Corte Interamericana de DD.HH.

Kiko Gómez ha intentado, a como dé lugar, entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) basado en mentiras cuando, precisamente, este sistema fue creado para que las víctimas y la sociedad colombiana conozcan la verdad. En una inextricable resolución de febrero (pero que solamente me notificaron el 8 de abril), la JEP echó para atrás la decisión de primera instancia que, en 2020, había rechazado la solicitud de sometimiento y le abrió la posibilidad de ser aceptado. Gómez, exgobernador de La Guajira, está condenado por seis homicidios, entre esos el de mi padre.

Por medio de un contrato con el Ejército para instruir en derechos humanos a uniformados, este abogado les dijo que con el acuerdo de paz las antiguas FARC no se convirtieron en un partido político, sino que siguen siendo un brazo armado. “Mientras unos están en el Congreso, otros están matando colombianos”, les enseñó este catedrático. Desde el partido Comunes (antes FARC) consideran que Vargas les puso una lápida en la espalda. Múltiples voces no comprenden cómo un excopartidario del paramilitar Ernesto Báez y de un neonazi instruye DDHH en el Ejército.

Desde el 2001, en las tomas de las Autodefensas Unidas de Colombia de los municipios del sur del departamento, tanto la Policía como el Ejército habrían cooperado con el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, que delinquía en 13 departamentos del país como Huila, Putumayo y Nariño.