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Cuestión Pública, reconstruye cómo se fabricó la ofensiva digital que acompañó el recorte presupuestal al tribunal de Paz.

Esta investigación revela las violencias de género que sufren niñas y jóvenes dentro de las estructuras de grupos armados y muestra un patrón silencioso en el reclutamiento a sus filas ilegales.

Esta investigación revela las violencias de género que sufren niñas y jóvenes dentro de las estructuras de grupos armados y muestra un patrón silencioso en el reclutamiento a sus filas ilegales: las niñas menores de 13 años son reclutadas en mayor proporción que los niños de esa edad en el Cauca, el departamento con las cifras más altas en Colombia.

En Colombia, México y Ecuador, el crimen organizado usa los algoritmos de las redes sociales para atraer a niños, niñas y adolescentes a sus filas. Las plataformas lo saben, pero prefieren enfocar sus esfuerzos en evitar tener que hacer todo lo que podrían para enfrentarlo.

La CCIT, gremio que reúne a las big tech, logró evitar que las plataformas fueran obligadas a detectar tempranamente y bloquear contenido sobre reclutamiento en línea bajo unas metas verificables, como proponía el proyecto de ley por la niñez libre (Ley 2590). Una vez más ganó la autorregulación, mientras el algoritmo reclutador continúa expandiéndose por sus plataformas digitales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 comparecientes de las extintas Farc-EP por atentados, masacres, homicidios, violación, violencia sexual y otros hechos como tomas guerrilleras que afectaron a civiles colombianos. En la justicia ordinaria, en el 97% de estos crímenes no había condenas y en casi el 90% estaban en etapa preliminar.

Este año se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, pero la promesa de una transición hacia un país en paz se entreteje con una realidad más compleja: en territorios como Nariño, el conflicto no ha terminado, más bien, se ha transformado.

La alianza de medios que conforma La Liga Contra el Silencio manifiesta su rechazo categórico a la estigmatización contra los medios Agencia Prensa Rural, Kaos y Rebelión. La investigación “Mención de Iván Cepeda en computadores de las FARC no fue un montaje”, publicada por La Silla Vacía con apoyo investigativo del equipo editorial de La Liga Contra el Silencio, incluyó una frase que califica a estos medios como “orgánicos a las FARC” y que por errores del proceso editorial interno no fue conocida por ninguno de los 16 medios de la alianza antes de su publicación.

¿Era el único camino? ¿Realmente el Gobierno no sabía de la presencia de menores de edad? Esas son algunas de las preguntas sin respuesta alrededor de los atroces bombardeos que le costaron la vida a por lo menos 15 niños y niñas en operaciones militares en Guaviare, Amazonas y Arauca.

Según el Instituto de Medicina Legal, desde agosto han muerto 15 menores de edad en bombardeos de las Fuerzas Militares contra disidencias de las Farc. El presidente Gustavo Petro ofreció explicaciones en X, pero las críticas no cesaron: periodistas, analistas y simpatizantes del gobierno cuestionan las decisiones operacionales, tal como ocurrió en el gobierno de Iván Duque.