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Con 30 años en el Congreso, el que hasta hace poco fue el líder del partido Conservador se convirtió en todo un animal político. Sus aliados, exasesores y familiares ocupan posiciones en diversas entidades, de diferentes niveles y ramas del poder público, principalmente en los organismos de control. La fuerza política y de cuotas con la que llegaría le serviría de contrapeso o influencia con el Gobierno. Cuestión Pública encontró que las empresas en las que su familia ha participado, acumulan casi $4 mil millones en contratos con el Estado, sólo en los últimos cinco años.

Con jugadas señaladas por los entes de control como desleales, el clan Torres acaparó el sector de la movilidad; además consolidó una red empresarial de 45 compañías, con un patrimonio de 209 mil millones de pesos.

Desde La Liga Contra el Silencio creemos en el poder de las historias y en la investigación periodística, como la que llevó a cabo y publicó Vorágine sobre los informes del profesor Jorge Restrepo y la empresa gerenciada por Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands.

El 29 de abril, el juez Hugo Carbonó, del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, ordenó aplazar la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Esta decisión se tomó tras la solicitud de la defensa de Nicolás Petro, argumentando que la Fiscalía no había entregado la totalidad de los elementos probatorios.

El lunes, 6 de marzo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso compareció ante un Tribunal para que se decidiera sobre la petición del presidente Gustavo Petro de concederle la libertad extraordinaria para que sea gestor de paz. En esta audiencia la Fiscalía manifestó estar a favor de retirarle a Mancuso 33 órdenes de captura.

Mientras Euclides Torres explicó ante el Congreso su presunta financiación en la campaña “Petro Presidente”, uno de los congresistas del clan jaló un proyecto de ley que está a punto de ser aprobado y beneficiaría a sus empresas en el sector de la movilidad.

El 11 de enero de 2024, Nicolás Petro Burgos, exdiputado de la Asamblea Departamental del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, fue llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Al menos 85 personas, entre comerciantes y cobradores gota gota reclutados por oficinas de cobro, siguen detenidos en las cárceles de ese país. Enfermos, golpeados, y sin contacto con sus abogados y familias, están atrapados en el colapsado sistema judicial salvadoreño.

Llegaron a El Salvador reclutados por oficinas de préstamos gota gota y se esfumaron dentro del sistema penitenciario tras ser capturados en el régimen de Nayib Bukele desde 2022. Hasta ahora ninguno ha sido condenado. El gobierno de ese país no los deporta.

Después de caerse su aspiración como jefe de la cartera del Ministerio de las Tecnologías, MINTIC, logró colarse en el Consejo Nacional Electoral. Su influencia se extiende hasta la Fiduprevisora. ¿Quiénes son sus aliados y cómo ha llegado hasta aquí?