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Las Madres de los Falsos Positivos (Mafapo), junto a magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), leyeron en Bogotá los nombres de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército y ocurridas en los departamentos de Huila, Antioquia, Norte de Santander, Casanare y el Caribe colombiano.

En esta diligencia, 74 comparecientes tuvieron que reconocer su responsabilidad por ‘falsos positivos’ en el marco del subcaso Huila. Los comparecientes se refirieron a 108 hechos ocurridos entre 2005 y 2008, en los que se perpetraron 200 asesinatos.

Se trata de la versión voluntaria que deberá rendir el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso relacionado con los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares.

En una acción civil presentada por el expresidente contra el exjefe paramilitar en Estados Unidos, el político antioqueño detalla las acusaciones que el hoy gestor de paz le hizo ante la Jurisdicción Especial, JEP.

Este tribunal avaló el sometimiento del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su calidad de incorporado, entre los años de 1989 y 2004, a la Fuerza Pública, a partir de su involucramiento como punto de conexión entre el aparato militar y el paramilitar.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió que la excongresista ha efectuado un compromiso claro, concreto y programado en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas. En sus aportes salpicó al expresidente Álvaro Uribe.

Cuestión Pública divulga la decisión completa de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— que declaró el incumplimiento del oficial con sus compromisos de verdad y revocó su beneficio de libertad. Viene siendo procesado allí por falsos positivos que no reconoció.

JEP responde: no se trata de un homónimo, Otoniel sí señaló al senador Miguel Ángel Pinto de ser aliado del bloque CentaurosCuestión Pública comparte en integridad la respuesta dada por la Justicia Especial para la Paz al senador Miguel Ángel Pinto, luego de que este le pidiera al tribunal aclarar e individualizar a la persona mencionada por Dairo Úsuga, alias ‘Otoniel’. La Sala de Reconocimiento de la JEP señaló que Otoniel sí mencionó al senador Pinto como presunto colaborador del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Otoniel aclaró que nunca se reunió de manera directa con Miguel Ángel Pinto.

Kiko Gómez ha intentado, a como dé lugar, entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) basado en mentiras cuando, precisamente, este sistema fue creado para que las víctimas y la sociedad colombiana conozcan la verdad. En una inextricable resolución de febrero (pero que solamente me notificaron el 8 de abril), la JEP echó para atrás la decisión de primera instancia que, en 2020, había rechazado la solicitud de sometimiento y le abrió la posibilidad de ser aceptado. Gómez, exgobernador de La Guajira, está condenado por seis homicidios, entre esos el de mi padre.

El abogado Fernando Vargas Quemba, quien militó en el Movimiento de Restauración Nacional (Morena) al lado del exparamilitar alias Ernesto Báez, fue contratado por el gobierno Duque para formar a las tropas del Ejército en derechos humanos. La JEP indaga si Vargas Quemba es el abogado detrás del cambio de testimonio de miembros de la fuerza pública señalados de participar en ejecuciones extrajudiciales.