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Diana Salinas y Gonzalo Guillén han sido dos de los periodistas que más han investigado el paramilitarismo en Colombia, revelando nombres y conexiones entre políticos, empresarios y estos grupos criminales.

En casi 23 meses, al menos 220 periodistas han sido asesinados por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. Esta dolorosa cifra se suma al sufrimiento de los 2,1 millones de personas que hoy padecen hambre en el enclave.

La Procuraduría General de la Nación emitió el 2 de mayo una decisión que reconoce la responsabilidad del Ejército Nacional en los actos de perfilamiento y vigilancia ilegal contra periodistas, en el caso conocido como Carpetas Secretas.

El pasado 5 de abril, El Salvador aprobó una reforma a su código penal. En esta se castiga con cárcel a los periodistas o medios que divulguen información que genere zozobra y que sea creada o presuntamente creada por las pandillas.

¿Saben que sí tiene —fijo— Andrés Escobar? Un poco más de treinta años. Si las cuentas no me fallan, en la segunda mitad de este 2022 cumplirá treinta y dos. En el Registro Único Empresarial (Rues), la base de datos en la que están todas las empresas legalmente constituidas en Colombia, solo está registrado su nombre. Nada más.

Microtráfico, extorsión, carteles, disidencias de las Farc y corrupción. El panorama delictivo de esta ciudad en el Valle del Cauca provoca temor y autocensura entre los periodistas, que prefieren callar tras el asesinato de su colega Marcos Montalvo.

Cristian Hernández, de 26 años, murió entre las 9 y las 10 de la noche después de recibir un impacto de bala en la frente. Testigos aseguran que fue un tiro de gracia de un policía y su familia denuncia que no permitieron que fuera auxiliado. Si bien el joven domiciliario no era parte de las manifestaciones en contra del abuso policial convocadas el pasado 9 de septiembre, tuvo la mala fortuna de estar cerca al lugar de la manifestación: el CAI del barrio Verbenal, Usaquén. Mira la reconstrucción de lo que pasó esa noche aquí.

La noche del 9S la policía reportó 26 protestas en diferentes puntos de Bogotá, producto del asesinato de Javier Ordóñez, quien fue torturado y golpeado hasta morir por agentes del CAI de Villa Luz en la madrugada de ese día.Todo se concentró en cuatro localidades: Engativá, Usaquén, Suba y Bosa. También en el Parkway y Soacha. Los relatos aquí reunidos narran la versión de hombres y mujeres testigos de cuando la ciudad ardió en protestas furiosas y violentas contra la Policía, que utilizó armas de fuego. El fragor de la noche acabó con la vida de 13 personas, dejó más de 50 civiles heridos y a 30 policías también lesionados, según su propio reporte. Unos 43 CAI de la ciudad fueron incendiados y averiados.

530 oficinas estatales y particulares que manejan recursos públicos violaron el derecho al acceso a la información vía derecho de petición en casi 10.000 casos, entre 2017 y 2019, según información de la Defensoría del Pueblo. La Liga Contra el Silencio hizo un ranking de los infractores y analizó las implicaciones de esta conducta para el trabajo de la prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Con la emergencia por la COVID-19, ¿esta situación puede empeorar?

La prensa en Colombia experimenta su momento más crítico, uno que comenzó con la caída de la publicidad y ahora tambalea producto del coronavirus. En medio de esos dos picos, venimos asistiendo al despido de periodistas sin cesar, al cierre temporal de medios que más bien podría ser indefinido y a la no impresión de diarios regionales durante la cuarentena. Las medidas son duras y ni las verdaderas cifras sobre esta crisis mediática, ni su impacto, se conocen con transparencia.