Imaginamos una línea de onda que separa dos puntos. En un costado, la línea vertical a la izquierda, está el límite constitucional y de derechos humanos de la expresión. Este está definido según los tratados internacionales, la Constitución y la jurisprudencia de cortes nacionales e internacionales. Es un límite que podría moverse hacia la izquierda y ser más laxa con la expresión, o moverse hacia la derecha y ser más estricta. Pero este movimiento depende de que se modifiquen normas nacionales o internacionales. Después de muchos años de decisiones y aprendizajes, podría decirse que los sistemas de derechos humanos han buscado un punto de equilibrio en el que esta línea no sea muy laxa pero tampoco muy restrictiva con la expresión.

A la izquierda de ese límite están los contenidos que no se permiten expresar, o incluso, si queremos generalizar todavía más, aquellos mensajes que violan derechos de otros de manera desproporcionada, según lo diga un juez. Contra ellos procede las sanciones judiciales posteriores que correspondan. Entre ellos están, por ejemplo, los discursos de incitación o los discursos de odio. Sobre estos últimos tocaría hacer otra columna, pero basta con recordar que no todo mensaje racista, misógino o de contenido violento es de odio ni necesariamente está prohibido. (Por ahora recomiendo el Plan de Acción de Rabat y la Prueba de Umbral de Rabat, ambos documentos de la Naciones Unidas.)

Pero volvamos. Al otro costado, la línea vertical punteada a la derecha, aparece lo que hemos llamado el límite en términos morales. Se define de acuerdo a consensos colectivos que indican una frontera a partir de la cual ciertas expresiones se vuelven indeseadas o despreciables. Así pues, a su derecha encontramos expresiones que siendo permitidas se hacen reprochables. Por lo tanto, son susceptibles de ser combatidas, ya no por vía de la obligatoriedad judicial, sino por medios formativos y preventivos desde la educación, el activismo y el debate público sobre lo que está bien o no. En este espacio quedan, por ejemplo, muchas de las expresiones racistas y misóginas que se han usado contra Francia Márquez en el contexto de campaña presidencial de Colombia. La de King Kong, que dijo Marbelle, que siendo reprochable, creo yo que es díficil hacerla sancionar ante un juez.

Será esta misma educación, activismo o debate público (y no la ley) lo que podrá correr la línea hacia la izquierda, poniendo más restricción moral a la expresión. O hacia la derecha, dejándole más laxitud moral. En el entorno de medios, este límite es el que define el grado de autorregulación, de buenas prácticas y de formación de periodistas que se aplican para mitigar las expresiones reprochables.

Ahora bien, tenemos que en el centro, entre límite y límite, se encuentran los mensajes y contenidos que pueden decirse pero que no son moralmente reprochables. En mi criterio, el espacio de deliberación pública en el que se respeta la expresión y se cumple con los ideales morales más deseados. 

En este punto, para mí, aparecen mensajes en los que se puede criticar a un afro que tenga un rol de interés o una mujer lesbiana en el poder. Incluso con términos fuertes e insultantes, siempre que no se acuda a la discriminación que marca ya lo reprochable. Cabe también en ese centro, a pesar de la reforma salvadoreña, el poder mostrar las pandillas, sobre todo porque el reproche de zozobra ni siquiera debería alcanzar a cubrir como indeseado ese tema.

Visto esto, llegamos al punto que queremos: los gobernantes autoritarios tienden a poner cada vez más cerca los dos límites, el constitucional y el moral (sobreponer la línea a la izquierda y la otra punteada a la derecha), para de esa forma dejarnos cada vez menos espacio de deliberación pública deseada. O bien acuden a cooptaciones del Congreso y de las Cortes para mover hacia la derecha el límite constitucional. O bien acuden a tácticas políticas y de propaganda para mover el límite moral hacia la izquierda.

Este movimiento se reconoce en cómo Bukele mueve las leyes para sacar expresiones del juego, incluso ignorando las normas internacionales. Pero también se reconoce en los comportamiento reiterados de Álvaro Uribe y de Gustavo Petro, en Colombia, en los que quieren plantear que cualquier reproche moral hacia un contenido que le parece terrorista o comunista, a uno, o racista, nazi o violento, al otro, debería llevarse al plano judicial y constitucional. Ejemplos de Uribe acá y acá. Ejemplos recientes de Petro acá y acá.