Cadena de favores
(13/02/2022)
Por: Diana Salinas
Días antes de declarar, a Cadena pareció llegarle cantos de sirenas. A principios de septiembre, Claudia Ortiz, la entonces presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural firmó la resolución 0609 en la que declaró una cartera de imposible recaudo y por tanto su caducidad. Entre la lista de exonerados de pago figura un predio del abogánster, por ser usuario del Distrito de Riego Asorut.
Les voy a pedir que volvamos a ese final de infarto del 2019 cuando el expresidente Álvaro Uribe tuvo que ir a la Corte Suprema a declarar. Fue el 8 de octubre, para ser precisa:
“¡Uribe, paraco, el pueblo está berraco!”, “¡cómplices!, ¡asesinos!”. Se escucharon gritos entre la aglomeración que se formó al costado del Palacio de Justicia, justo por la parte que tiene el ingreso a ambas cortes: La Suprema y la Constitucional. Un cordón amarillo de policías bloqueaba la calle a la altura de la carrera séptima y le impedía la entrada a cientos de personas que gritaban: “¡Queremos pasar!” y segundos después: “¡re-sis-tencia!”. Un listón de la bandera, tan ancho que arropa desde el cuello hasta los pies a quienes lo sostienen, abarcaba algo así como una cuadra. Dentro, frente al Palacio, logró colarse una mujer vestida de monja que aseguraba ser misionera Carmelita y que, con megáfono en mano, gritaba: ¡Uribe!, ¡Viva el Centro Democrático! Ella, en un paisaje que incluía camionetas de protección estacionadas en los andenes y escoltas que esperaban la salida del exmandatario y para entonces Senador de la República, se robó el show de la prensa que estaba por ahí, como aves de rapiña, rondando el espectáculo. Del lado de la séptima, jóvenes universitarios que marcharon, ahora saltaban, arengaban como si alentaran a su equipo de fútbol.
Pero esto no era, ni de cerca, un juego. Era un llamado de la justicia a declarar al expresidente Álvaro Uribe, investigado por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Resultó que por esos días se generó una especie de sincronía imperceptible de detalles que casi nadie vio, excepto las partes.
La cronología de los hechos señaló que uno de los abogados involucrados con las acusaciones en contra del expresidente, Diego Cadena, había rendido declaración días antes de Uribe. La Corte Suprema debió coger con los calzones abajo a ambos en ese episodio de infarto, porque no tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo, al menos, en un detalle: el pago de los honorarios de Uribe a Cadena.
Fue así como el 23 de septiembre, ante magistrados y autoridades, Cadena, mejor conocido como el abogánster, dijo que el expresidente Uribe sí lo había remunerado con “recursos para los gastos de su desplazamiento y el tiempo empleado como apoderado”. Que, además, “lo remuneró por esas gestiones pero no recuerda la fecha”, reseñó la Corte Suprema en el auto No. 52.240 del 3 de agosto del 2020. Y citó al abogado en cuestión: “pero sí recibí una remuneración”. Pero, ¿cuál podría ser?
Días antes de declarar, a Cadena pareció llegarle cantos de sirenas. A principios de septiembre, Claudia Ortiz, la entonces presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural firmó la resolución 0609 en la que declaró una cartera de imposible recaudo y por tanto su caducidad. Entre la lista de exonerados de pago figura un predio del abogánster, por ser usuario del Distrito de Riego Asorut.
En la resolución consta que la deuda está relacionada con “el cobro por la prestación del Servicio Público de Adecuación de Tierras” y que para esto se “analizaron 90 solicitudes de parte y una solicitud de oficio, realizada por los usuarios de los distritos de adecuación de Aracataca, Abrego, Chicamocha, La Doctrina, Lebrija, Montería-Mocarí, Repelón, Riofrío, (ASO)RUT, Santa Lucía y Tucurinca.»
Ortiz ha sido recordada porque, recién posesionado el gobierno de Duque, la postularon para ser la directora de la Unidad Nacional de Protección, pero su nombramiento se cayó a causa de unos tuits que le descubrieron. Luego, le ofrecieron el cargo de presidenta de la ADR, pero no contaba con la experiencia y los estudios requeridos. De tal manera que, para lograr el nombramiento, tuvo que acudir a una notaría a certificar experiencia rural en una de sus fincas, según La W Radio.
Una vez dentro, ella pareció activar la cadena de favores. Mientras el ‘caso Uribe’ alcanzaba efervescencia en la Corte Suprema, por el proceso de falsos testigos, en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) exoneraron la deuda que, para ese entonces, tenía un predio del abogánster Diego Cadena con esta entidad.
Las contradicciones saltan siempre que las piezas no cuadran del todo. Al revisar las propiedades de Cadena en los registros públicos, le figuraban cinco apartamentos, cinco lotes y una oficina. La frase de la resolución “cartera de imposible recaudo”, retumbó por la capacidad patrimonial que poseía el abogado. ¿En serio no tenía con qué pagar?
Quince días después de la declaración de Cadena, llegó el turno de Uribe ante la Corte. Ese 8 de octubre, el expresidente contradijo a Cadena y aseguró que él aún no le había pagado por sus servicios: “Siempre le dije que por supuesto yo le tenía que pagar honorarios y está definido que se le entrega un lote de propiedad de mi señora en una parcelación rural de Montería. Eso está ofrecido a él y se le cumplirá”.
Pero Cuestión Pública revisó todas las propiedades de ese terreno rural al que pareció referirse Uribe, en el Conjunto Campestre Balmoral y en el listado de propietarios no aparece ninguno con el nombre de Diego Cadena.
Si la exoneración de la deuda del predio de Cadena se constituyó en un pago, pongámoslo como un caso hipotético, lo que Uribe le dio por honorarios fue irrisorio frente al valor de un lote en dicha parcelación rural de Montería. Para que se hagan una idea: el total de la cartera exonerada de la ADR asciende a $612 millones en la resolución, lo que casi equivale al valor de un lote en el Balmoral, cuyos precios fluctúan entre 250 y 716 millones, según la reciente investigación de Cuestión Pública.
Mientras que, la deuda del predio de Cadena con la ADR, según el documento, es de menos de 34 millones de pesos y que correspondió al valor saneado de cinco predios del Distrito de Riego Asorut, incluido el del abogado.
Si a esto se le suma que, dentro del proceso con la Corte, se descubrió que el abogánster pagó a presuntos falsos testigos cerca de 40 millones de pesos, según informó El Tiempo, por “razones humanitarias”, como se refirió Uribe en la declaración sobre estos pagos, esto probaría, cómo mínimo, que Cadena sí que tenía con qué saldar la cartera de “imposible recaudo” ante la ADR.
Si sanear la deuda del predio con Asorut no fue parte del pago del expresidente, entonces: ¿Cuánto y cómo le pagó Uribe a Cadena por honorarios? Esta y otras preguntas quedaron en el whatsapp del abogado, quien dijo responder el jueves en la tarde, pero nunca lo hizo.
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Bonus track: Cuestión Pública sospechó que Claudia Ortiz fue puesta en ese cargo para cuidar que la entidad no ordenara parar las obras de la urbanización Balmoral de la familia Uribe Moreno; un proceso que ya había iniciado la administración anterior a raíz de nuestra investigación llamada, Californication. Lee la nota aquí.
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