Cuestión Poder

El militar Carlos Javier Soler, quien fuera hasta el domingo 22 de mayo secretario de Seguridad y Justicia de Cali, otorgó contratos por $48.895.000 a un abogado que fue cofundador de una organización de extrema derecha y ex copartidario del paramilitar Ernesto Báez. La Secretaría de Seguridad también contrató militares de alto rango salpicados por presuntas conexiones con la mafia. Todos los contratos son posteriores al Paro Nacional de 2021.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización que integra la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, analiza en entrevista el largo y espinoso camino que ha recorrido el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo en Colombia, debido a la oposición del Centro Democrático y otros partidos adscritos al Gobierno.

En la Comuna 20 de Cali recuerdan los episodios violentos que vivió esa ciudad durante el estallido social de 2021. Allí la arremetida policial dejó amenazas y miedo entre las víctimas, pero también el ánimo de enfrentar una justicia que consideran veloz contra los manifestantes y lenta contra la fuerza pública.

Hacemos un homenaje a las 42 víctimas, entre civiles y fuerza pública, que han muerto de manera violenta desde el inicio del Paro Nacional hasta el 20 de mayo de 2021. También recordamos los rostros e historias de otras 14 personas asesinadas en el marco de movilizaciones sociales durante el Gobierno de Iván Duque.

Marcelo Agredo Inchima, de 17 años, murió en la tarde del 28 de abril después de recibir un impacto de bala en la cabeza, que habría sido disparado por un policía, durante las manifestaciones del Paro Nacional en Cali. Cuestión Pública habló con el papá de Marcelo, con su hermano y su cuñado, un policía activo en Cali.

El proyecto urbanístico que está planeado sobre una isla del mismo nombre evidencia cómo en Barranquilla se entretejen nexos entre el mundo de la política, los negocios y la justicia. Todo empezó con la expedición del POT.

El abogado Fernando Vargas Quemba, quien militó en el Movimiento de Restauración Nacional (Morena) al lado del exparamilitar alias Ernesto Báez, fue contratado por el gobierno Duque para formar a las tropas del Ejército en derechos humanos. La JEP indaga si Vargas Quemba es el abogado detrás del cambio de testimonio de miembros de la fuerza pública señalados de participar en ejecuciones extrajudiciales.

Cuestión Pública conoció en su totalidad dos documentos determinantes en el futuro del candidato presidencial: la acusación de la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga y el pliego de cargos de la Procuraduría por los mismos hechos. Ambos apuntan en la misma dirección: Hernández actuó en varios niveles para direccionar la licitación de las basuras en Bucaramanga en favor de Vitalogic y su propio hijo.

Cuestión Pública tuvo acceso a nuevos apartes de la conversación revelada por Cambio donde María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, le dijo a un defensor de derechos humanos al servicio del personal militar que “Duque es un mamerto”. En esa misma charla se va lanza en ristre contra el actual comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, insulta a integrantes de su partido y agrega nuevos calificativos contra el presidente Iván Duque y su gobierno. La charla ocurrió el 10 de noviembre de 2021.

Desde el 2016 reposa en la entidad una solicitud para revocar la adjudicación de los baldíos de El Brasil a personas que serían cercanas al fallecido esmeraldero Víctor Carranza. El pasado 2 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela que obliga a la ANT a tomar una decisión en un plazo de seis meses.