Cuestión Poder

El 8 de octubre el presidente Gustavo Petro dijo que adquiriría tres millones de hectáreas para avanzar con la Reforma Rural Integral. Aún así, su administración acaba de reconocer que esta meta es imposible en cuatro años. Todavía no saben de dónde saldrá el dinero.

Con contratos fueron beneficiados 3 de sus 7 donantes de campaña. Lo hizo a través de dos municipios cuyos alcaldes son sus aliados: Puerto Asís y Puerto Caicedo. Los valores de dichos negocios públicos ascienden a más de $1.458 millones. Al gobernador Buanerges lo rodean familiares y conexiones políticas también cuestionadas.

Socorro Oliveros, su esposa, financió el 66 % de la campaña a la Cámara por Santander. En el Comité Directivo hay familiares y empleados de sus empresas y al menos 20 militantes tienen relaciones personales o laborales con su familia. Hay quienes hablan de una “defraudación a ley electoral”.

Las declaraciones de “Paz total” no alcanzaron para frenar las masacres durante el primer mes del nuevo gobierno. Cuestión Pública consultó las cifras, las regiones y los números de víctimas que tiene el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Una de las respuestas iniciales de Gustavo Petro ha sido la instalación de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV) en 65 municipios y 14 departamentos del país.

Junto a él, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali citó a los demás imputados: Andrés Felipe Chicaiza, Diego León Quiroz, Juan Antonio y Francisco Cordoba García y a 12 policías de la capital del Valle para que comparezcan el próximo 25 de enero de 2023 a la audiencia de acusación, y el 27 y 28 de febrero de ese mismo año a la audiencia preparatoria de cara al juicio oral que deberán enfrentar.

El 13 de agosto de 2020, el Tribunal Superior de Cali le dio 5 días al Ejército Nacional para instalar una placa conmemorativa y reconocer en acto público su responsabilidad por el asesinato de Katherine Soto Ospina. Sin embargo, dos años después, la placa reposa en el Batallón Pichincha y Julieta Ospina, madre de la joven, sigue esperando que el Ejército le pida perdón.

Ningún miembro de la Policía ha sido condenado por el homicidio de los 14 civiles asesinados el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha. Tan solo han sido identificados 4 uniformados como presuntos responsables del homicidio de 7 personas, pero sus procesos no han culminado con éxito la etapa de juicio. Las familias de las víctimas siguen esperando justicia.

Cuestión Pública tuvo acceso a la acusación de la Corte Suprema, del pasado 18 de agosto, en el que determinó que este tendría participación en el proceso de Álvaro Uribe. Cuestión Pública pone a disposición de la ciudadanía la resolución.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela que presentó el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos en contra de las Salas de Casación Penal y Especial de Primera Instancia.

El pasado martes fue elegido como uno de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, lo que no se sabía hasta ahora era que, el 18 de agosto de 2022, contra él ya se había expedido una resolución de acusación por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto dentro del caso de compra de testigos en el que se encuentra implicado también el expresidente Álvaro Uribe Vélez.