En 2019, el gobierno colombiano de Iván Duque lanzó la operación Artemisa. Buscaba detener la deforestación, pero apenas cubrió el equivalente al 3 % del área deforestada del país de 2019 a 2021, según cálculos de Mongabay Latam y Cuestión Pública.
Pese a que Artemisa costó más de 3400 millones de pesos (700 000 dólares) a Colombia, la deforestación no paró de crecer: de 158 894 hectáreas deforestadas en Colombia en 2019, se pasó a 174 103 en 2021.
Duque también prometió recuperar la selva en los lugares de la operación, pero hasta el momento no hay tareas de restauración del bosque en esos sitios, según le confirmó Parques Nacionales a esta alianza.
En las últimas dos administraciones distritales se han aprobado $895 mil millones para la intervención de estas áreas protegidas, a través del proyecto de Corredores Ambientales. Sin embargo, en el desarrollo del mismo se han evidenciado una posible manipulación del cauce (el nivel máximo de las aguas) del Humedal Tibabuyes, la construcción en zonas prohibidas y el incumplimiento de los planes de manejo de los humedales.
A un día de haber tomado posesión Gustavo Petro y parte de su gabinete, el nuevo Gobierno Nacional presentó ante el Congreso su proyecto de ley de reforma tributaria. Lleva por nombre “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social”. Es expuesta en un documento de 130 páginas y su propuesta normativa contiene 69 artículos.
Siete periodistas han sido asesinados desde 1988 en este departamento, donde la corrupción, la violencia narcoparamilitar y las alianzas entre poderes legales e ilegales tienen una larga tradición. El crimen más reciente ocurrió en Montelíbano contra este reportero, el primero que muere en Colombia bajo la supuesta protección del Estado. Al menos otros tres colegas cercanos siguen amenazados.
Contra los jóvenes que participaron en el Paro Nacional se están usando de manera indiscriminada herramientas que fueron creadas para combatir a Grupos Armados Organizados (GAO). Encontramos evidencias. También hay posibles delitos “inflados”. Le pusimos la lupa a los procesos penales. Esta es la historia.
En febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia amplió el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 24 de gestación, un avance histórico. Sin embargo, con base en cuatro casos en el Quindío, esta investigación expone los obstáculos que aún existen para hacer uso de esta garantía y muestra que al menos 126 mujeres en el país sufrieron impedimentos frente a su decisión de abortar. Ofrece información y herramientas que pueden ayudar a enfrentar dichas barreras.
En Cuestión Pública hemos pasado el 2022 festejando: Nuestras investigaciones han obtenido tres premios internacionales (Premio Digital Media WAN-IFRA LATAM 2022, TRACE y Sociedad Interamericana de Prensa) dos reconocimientos nacionales y dos fueron incluidas en la agenda de COLPIN 2022.
En MANIFIESTA conocimos al menos 10 casos de trabajadoras que denunciaron haber vivido diferentes violencias y abusos laborales en la Secretaría de la Mujer de Bogotá, la entidad que tiene como objetivo cuidar de las mujeres en la ciudad. Cinco de ellas, que nos contaron sus experiencias con detalles, denuncian la contradicción.
“La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado” fue la frase que más se destacó.
Sigue el cubrimiento de Cuestión Pública y el análisis de la jornada electoral en los principales departamentos y ciudades del país.
