Cuestión Pública

El Departamento de Control y Comercio de Armas asignó a varios empresarios en los últimos años más de 300 armas para su seguridad privada. Hoy siguen en sus manos de manera ilegal y no han sido recuperadas por el Estado. Entre esos casos está el del asesinado narcoganadero ‘Ñeñe’ Hernández, quien obtuvo 13 pistolas calibre 9 milímetros y dos subametralladoras Uzi. Revelamos cómo el ‘Ñeñe’ se hizo a las licencias que le cancelaron hace cuatro años. Las armas no aparecen.

Cuestión Pública quiere ganarle a la desinformación en su propia cancha, por eso creó su canal de Telegram como parte de una gran campaña contra la desinformación.

En la zona, el tiempo es oro para la Paz Total. La negociación del Gobierno con los mineros ha sido un trabajo de orfebrería, comparable a una pieza de filigrana. El resultado es, de momento, una compleja pieza de joyería cuyo costo podría ser nada menos que la exclusión de los acuerdos del Clan del Golfo, la organización criminal y narcotraficante más poderosa del país.

Una nueva polémica se cierne sobre alias Lucas, quien quedó libre de culpa en primera instancia por homicidio justo después de formar parte de la mesa de paz de La Picota. Tenemos en exclusiva el fallo.

Las prácticas corporativas de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, una de las principales productoras de papel y cartón en el país, han generado en Cajibío alta conflictividad social, riesgos para la soberanía alimentaria y la alteración de algunos recursos naturales.

Las estatuas que fueron retiradas ilegalmente de Colombia hace 100 años se almacenan en el Museo Etnológico de Berlín. Allá los responsables de su custodia están conscientes de la injusticia, pero las autoridades colombianas ni siquiera parecen querer regresar los objetos a casa.

Algunos predicadores del Evangelio de Cristo se han enriquecido con una combinación efectiva de coaching, estrategias de mercadeo y religión. Recurren a una manipulación espiritual que no se considera delito, y sus ingresos son inauditables. El control estatal por ahora es imposible, gracias a la libertad de culto y al lobby político. Y la iniciativa que proponía cobrarles impuestos se hundió recientemente en el Congreso.

En 2019, el gobierno colombiano de Iván Duque lanzó la operación Artemisa. Buscaba detener la deforestación, pero apenas cubrió el equivalente al 3 % del área deforestada del país de 2019 a 2021, según cálculos de Mongabay Latam y Cuestión Pública. Pese a que Artemisa costó más de 3400 millones de pesos (700 000 dólares) a Colombia, la deforestación no paró de crecer: de 158 894 hectáreas deforestadas en Colombia en 2019, se pasó a 174 103 en 2021. Duque también prometió recuperar la selva en los lugares de la operación, pero hasta el momento no hay tareas de restauración del bosque en esos sitios, según le confirmó Parques Nacionales a esta alianza.

En las últimas dos administraciones distritales se han aprobado $895 mil millones para la intervención de estas áreas protegidas, a través del proyecto de Corredores Ambientales. Sin embargo, en el desarrollo del mismo se han evidenciado una posible manipulación del cauce (el nivel máximo de las aguas) del Humedal Tibabuyes, la construcción en zonas prohibidas y el incumplimiento de los planes de manejo de los humedales.

Siete periodistas han sido asesinados desde 1988 en este departamento, donde la corrupción, la violencia narcoparamilitar y las alianzas entre poderes legales e ilegales tienen una larga tradición. El crimen más reciente ocurrió en Montelíbano contra este reportero, el primero que muere en Colombia bajo la supuesta protección del Estado. Al menos otros tres colegas cercanos siguen amenazados.