Cuestión Pública

Minerales Córdoba, uno de los actores económicos más importantes de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba, concentra hoy por lo menos 23 títulos mineros con los que contempla desarrollar la mina de cobre de San Matías. Este proyecto podría traer millonarios ingresos a la minera canadiense, ligada al magnate estadounidense Robert Friedland y a la china JCHX, y cuantiosas regalías al Estado colombiano. El problema es que muchos de sus títulos se traslapan con territorios étnicos y campesinos que víctimas del conflicto armado reclaman como suyos, así como con áreas que mineros tradicionales vienen solicitando al Gobierno colombiano hace años.

Durante los últimos siete años a las seis alcaldías del Sur de Córdoba no les han faltado recursos: han contratado 1,3 billones de pesos, un poco más de la inversión del sector salud en Colombia en 2022. No obstante, adjudicaron una cuarta parte de todos sus recursos a una veintena de contratistas, de los que al menos 11 están asociados por personas y empresas con denuncias, sanciones o investigaciones en curso. Algunas de las obras más costosas van atrasadas o parecen abandonadas.

A Rafael Moreno Garavito, el periodista investigativo asesinado en octubre de 2022, le había tocado vivir en una región turbulenta al noroccidente de Colombia, en la que se han mezclado grupos armados ilegales, narcotráfico y minería de gran y pequeña escala. Se pasó la vida documentando el mal uso de recursos públicos y denunciando abusos. Una alianza periodística internacional continuó su trabajo con el ánimo de frustrar el intento de silenciarlo.

Empresas y personas cercanas al exalcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, obtuvieron $25 mil millones en contratos entre 2012 y 2019, mientras él y su grupo gobernaban. En ese mismo periodo, a través de Jaguazul, la empresa de acueducto de ese municipio, se estableció un carrusel de convenios interadministrativos que se extendió a tres municipios y sirvió para que luego la entidad adjudicara contratos por menor valor.

Casi cien contratos públicos por al menos $14.411 millones que otorgó la Alcaldía de Puerto Libertador durante las administraciones de Espedito Duque y su sucesor Eder Soto, quedaron en manos de aliados y amigos. El periodista Rafael Moreno, que venía denunciando a ambos políticos, fue asesinado en octubre de 2022.

El Departamento de Control y Comercio de Armas asignó a varios empresarios en los últimos años más de 300 armas para su seguridad privada. Hoy siguen en sus manos de manera ilegal y no han sido recuperadas por el Estado. Entre esos casos está el del asesinado narcoganadero ‘Ñeñe’ Hernández, quien obtuvo 13 pistolas calibre 9 milímetros y dos subametralladoras Uzi. Revelamos cómo el ‘Ñeñe’ se hizo a las licencias que le cancelaron hace cuatro años. Las armas no aparecen.

Cuestión Pública quiere ganarle a la desinformación en su propia cancha, por eso creó su canal de Telegram como parte de una gran campaña contra la desinformación.

En la zona, el tiempo es oro para la Paz Total. La negociación del Gobierno con los mineros ha sido un trabajo de orfebrería, comparable a una pieza de filigrana. El resultado es, de momento, una compleja pieza de joyería cuyo costo podría ser nada menos que la exclusión de los acuerdos del Clan del Golfo, la organización criminal y narcotraficante más poderosa del país.

Una nueva polémica se cierne sobre alias Lucas, quien quedó libre de culpa en primera instancia por homicidio justo después de formar parte de la mesa de paz de La Picota. Tenemos en exclusiva el fallo.

Las prácticas corporativas de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, una de las principales productoras de papel y cartón en el país, han generado en Cajibío alta conflictividad social, riesgos para la soberanía alimentaria y la alteración de algunos recursos naturales.