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En un contexto de rentabilidad negativa de los fondos de pensiones y millonarias ganancias para las AFP, existe un descontento de los afiliados en Perú, Chile y Colombia hacia el actual sistema privado de administración de pensiones. El año pasado las personas en edad más cercana a jubilarse obtuvieron las mayores pérdidas. La Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Cuestión Pública identificó que en este mismo periodo, las AFP de Perú y Colombia destinaron alrededor de USD 9.000 millones para financiar a empresas vinculadas a los grupos económicos de estas como Credicorp (Prima AFP), Scotiabank (Profuturo), GEA (Protección), Grupo Aval (Porvenir) y Grupo Skandia (Skandia). Aunque con algunas variaciones, en los tres países diversos actores políticos ya plantean una reforma del sistema previsional.

Cuestión Pública encontró que existe la posibilidad de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández haya violado la Ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas, al aportar más de $127 millones a su aspiración a la presidencia. La presunta violación a la norma se habría dado porque Hernández está imputado desde 2020 por interés indebido en la celebración de contratos, un delito contra la administración pública, y dicha Ley prohíbe que personas imputadas o acusadas por esos ilícitos aporten a campañas políticas. Socorro Oliveros, su esposa y gerente de campaña, también podría terminar vinculada a un proceso penal al haber permitido el ingreso de los recursos presuntamente ilegales de su marido.

Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.

Cuestión Pública revela el patrimonio de los primeros diez congresistas y sus posibles conflictos de interés.

Cuestión Pública encontró que el cuñado de la primera dama Verónica Alcocer no solo constituyó sino que ha dirigido dos sociedades que están vinculadas al entramado empresarial de Frontera Vacana, la empresa que envió el cargamento de vacas que fue hallado con cocaína por las autoridades españolas. Se trata de una red de empresas más grande, que incluye sociedades extranjeras.

Cuestión Pública revela el patrimonio de los segundos diez congresistas, los más votados para la nueva legislatura, y sus posibles conflictos de interés.

Álvaro Uribe está en la lista corta de austeridad de las campañas, pero la fortuna de su familia encabeza las de mayor crecimiento al ritmo de su gestión como servidor público.

En el corto tiempo que lleva Margarita Cabello como cabeza de la Procuraduría, parece seguir el mismo patrón clientelista de uno de sus antecesores y exjefe, Alejandro Ordóñez. La procuradora ha contratado familiares y presuntas fichas de políticos, clanes, antiguos magistrados y funcionarios del gobierno. La alianza periodística Cambio-Cuestión Pública encontró 21 casos de estos. Este límite es importante porque es un sitio de paso obligado hacia los países del sur que para muchos migrantes ofrecen mejores condiciones de vida que Colombia. 

El pasado 8 de agosto de 2022, a un día de su posesión, el gobierno de Gustavo Petro presentó una nueva reforma tributaria, con la que espera recaudar $25,9 billones. Aunque en redes sociales se hizo viral que la reforma era muy parecida a la presentada un año atrás por el gobierno Duque, la cual desencadenó en protestas durante varios meses y eventualmente la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla, Cuestión Pública analizó ambos documentos y encontró que existen puntos en común pero son más las diferencias.

Los ahorros pensionales de los colombianos y colombianas han ido a parar a empresas cuestionadas, investigadas fiscalmente o con conexiones políticas. Cuestión Pública encontró dinero de los cotizantes, invertido por las Administradores de Fondos de Pensiones, en la concesionaria del puente fallido de Chirajara, en la saqueada Triple A de Barranquilla, en los “bonos de agua” que quebraron a varios municipios, en la ya liquidada petrolera Pacific Rubiales y en el banco del clan político-empresarial Char y ahora financiero, Serfinanza.