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No fueron uno, ni dos, ni diez. El hermano de la ungida por el Partido Verde para ser la próxima presidenta del Congreso, ha recibido 8 mil millones de pesos* en contratos públicos, mientras ha sido congresista. Otra empresa de sus aportantes contrató con la Alcaldía de Claudia López.

La entidad adjudicará este martes 29 de noviembre una licitación de 179 mil millones para los servicios de seguridad informática, telecomunicaciones y videoconferencia. Uno de los proponentes incluye a la empresa Telefónica, contratista de la Fiscalía desde 2019 y en cuyo periodo de servicio ocurrió el hackeo de información más vasto a una entidad pública en la historia del país.

#ÚltimaHora Esta es la declaración de renta más esperada, la del expresidente y senador Álvaro Uribe, subida hoy a la web de la Función...

Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.

Familiares del senador verde fueron y son asistentes de congresistas, desde hace siete periodos. Ocupan cargos en los últimos tres gobiernos nacionales; tienen contratos públicos que suman más de mil millones de pesos, solo en el último año.

En el corto tiempo que lleva Margarita Cabello como cabeza de la Procuraduría, parece seguir el mismo patrón clientelista de uno de sus antecesores y exjefe, Alejandro Ordóñez. La procuradora ha contratado familiares y presuntas fichas de políticos, clanes, antiguos magistrados y funcionarios del gobierno. La alianza periodística Cambio-Cuestión Pública encontró 21 casos de estos. Este límite es importante porque es un sitio de paso obligado hacia los países del sur que para muchos migrantes ofrecen mejores condiciones de vida que Colombia. 

Cuestión Pública encontró que 23 aspirantes a alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y JAL trabajaron asistiendo o asesorando parlamentarios hasta hace pocas semanas.

Álvaro Uribe está en la lista corta de austeridad de las campañas, pero la fortuna de su familia encabeza las de mayor crecimiento al ritmo de su gestión como servidor público.

Luego de varios intentos por cambiar las fallas del sistema de pensiones basado principalmente en el modelo de capitalización individual de las AFP, Perú, Chile y Colombia debaten estos días las reformas de sus sistemas previsionales. El escenario es el mismo: altas comisiones que solo benefician a las AFP, inversiones en empresas cuestionadas, baja cobertura y pensiones que no cubren las necesidades básicas de sus afiliados. Un reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, en Perú y Chile, y Cuestión Pública, en Colombia.

En un contexto de rentabilidad negativa de los fondos de pensiones y millonarias ganancias para las AFP, existe un descontento de los afiliados en Perú, Chile y Colombia hacia el actual sistema privado de administración de pensiones. El año pasado las personas en edad más cercana a jubilarse obtuvieron las mayores pérdidas. La Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Cuestión Pública identificó que en este mismo periodo, las AFP de Perú y Colombia destinaron alrededor de USD 9.000 millones para financiar a empresas vinculadas a los grupos económicos de estas como Credicorp (Prima AFP), Scotiabank (Profuturo), GEA (Protección), Grupo Aval (Porvenir) y Grupo Skandia (Skandia). Aunque con algunas variaciones, en los tres países diversos actores políticos ya plantean una reforma del sistema previsional.