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Estas son las empresas mencionadas por la Fiscalía General de la Nación como integrantes de una estructura criminal que comerció crudo ilegal y desfalcó 80 millones de dólares a la petrolera.

El equipo de Gustavo Petro está inspirado en el jogo bonito del PT de Brasil, el Partido de los Trabajadores que triunfó en el poder con Lula Da Silva.

¿Qué cargos ocupan nuestros políticos y funcionarios cuando terminan su labor en el sector público?, ¿por qué, a veces, los gobiernos priorizan los intereses de un grupo de empresarios sobre el bienestar de los ciudadanos?, y ¿cómo nos afecta? Puertas giratorias - Edisson Ernesto Rodríguez Pinzón.

Ahora que recién termina el gobierno Duque, señalado de cooptar las ías, Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio hallaron que la Procuraduría ha firmado convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que han servido para realizar contratos con la exviceprocuradora de Alejandro Ordóñez, a un exmagistrado del Consejo de Estado y a la empresa Du Brands.

En un contexto de rentabilidad negativa de los fondos de pensiones y millonarias ganancias para las AFP, existe un descontento de los afiliados en Perú, Chile y Colombia hacia el actual sistema privado de administración de pensiones. El año pasado las personas en edad más cercana a jubilarse obtuvieron las mayores pérdidas. La Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Cuestión Pública identificó que en este mismo periodo, las AFP de Perú y Colombia destinaron alrededor de USD 9.000 millones para financiar a empresas vinculadas a los grupos económicos de estas como Credicorp (Prima AFP), Scotiabank (Profuturo), GEA (Protección), Grupo Aval (Porvenir) y Grupo Skandia (Skandia). Aunque con algunas variaciones, en los tres países diversos actores políticos ya plantean una reforma del sistema previsional.

Cuestión Pública encontró que existe la posibilidad de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández haya violado la Ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas, al aportar más de $127 millones a su aspiración a la presidencia. La presunta violación a la norma se habría dado porque Hernández está imputado desde 2020 por interés indebido en la celebración de contratos, un delito contra la administración pública, y dicha Ley prohíbe que personas imputadas o acusadas por esos ilícitos aporten a campañas políticas. Socorro Oliveros, su esposa y gerente de campaña, también podría terminar vinculada a un proceso penal al haber permitido el ingreso de los recursos presuntamente ilegales de su marido.

Te contamos quiénes fueron #LosSenadoresdelFracking que votaron por mantener el artículo que regula el Sistema General de Regalías para proyectos de fracking. De los 39 que votaron a favor, Cuestión Pública ya investigó a 23 de ellos en #SabemosLoQueHiciste.

Nube de palabras del discurso de posesión ante los funcionarios y contratistas del nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

¿Qué cargos ocupan nuestros políticos y funcionarios cuando terminan su labor en el sector público?, ¿por qué, a veces, los gobiernos priorizan los intereses de un grupo de empresarios sobre el bienestar de los ciudadanos?, y ¿cómo nos afecta? Puertas giratorias - Nicolás Uribe.

Cuestión Pública cruzó la lista de los 2.835 aspirantes al Congreso (Cámara y Senado) con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y encontró 14 candidatos y candidatas que estarían presuntamente inhabilitados para ser elegidos, por haber contratado con el Estado dentro de los seis meses anteriores a la elección. Estos son sus nombres y sus contratos.