Los Reyes de la Tierra en Urabá. Capítulo 1

Capítulo 1

Los Reyes de la Tierra en Urabá

(9/12/2022)

Empresas del bananero Javier Restrepo Girona, incluido en la lista de presuntos financiadores de las AUC, adquirieron casi mil hectáreas en la región mientras allí ocurrían masacres y desplazamientos forzados. En marzo de 2022, el Tribunal de Antioquia le ordenó devolver una finca de tres hectáreas a sus anteriores dueños, quienes huyeron por amenazas.

El día en que Arley de Jesús Caro fue asesinado, iba camino a comprar pescado. Era una tarde de febrero de 1996, en pleno auge del paramilitarismo en la región. El último lugar en donde se le vio vivo fue en la entrada de la finca donde trabajaba, ‘La Revancha’, una parcela de 66 hectáreas en Turbo, Antioquia. No habían pasado diez meses del homicidio, cuando la propiedad fue adquirida por la Bananera Sara Bretaña.

En esta sociedad era gerente Liliana Montoya, esposa del empresario Javier Restrepo Girona. Según señaló el exjefe paramilitar Raúl Hasbún en versión libre ante la Fiscalía, entre 1996 y 2004 bananeros de Urabá, incluido Restrepo, habrían auxiliado con dinero y de manera voluntaria al Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por este apoyo económico, en 2021 la Fiscalía General de la Nación lo imputó, junto a otros, por concierto para delinquir agravado, informó en exclusiva la revista Semana.

A través de registros en Cámaras de Comercio y certificados de tradición y libertad, Cuestión Pública encontró que el 60% de la tierra propiedad de empresas relacionadas a Javier Restrepo Girona en el Urabá fueron compradas entre 1996 y 2004, los años de mayor control paramilitar en la zona. En total, son 991 hectáreas ubicadas en los municipios de Turbo y Apartadó, en Antioquia. Una región dedicada al cultivo del banano y el plátano, en la que los grupos armados se disputaron el control territorial con asesinatos selectivos y masacres.

El recrudecimiento de la violencia en Urabá hizo parte de una estrategia para recuperar la seguridad, impulsada en 1996 por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Según documentó Verdad Abierta, la estrategia desembocó en una ola de enfrentamientos entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, en la que se involucraron las Fuerzas Militares en apoyo de los grupos paramilitares.

La muerte de Arley Caro fue una de estas acciones bélicas. El excomandante paramilitar Hebert Veloza, alias H.H. reconoció en 2007 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá haber ordenado el asesinato. En las audiencias dijo que lo mataron porque había sido señalado de auxiliar a la guerrilla. Pero Nelly Morales, esposa de Arley, recuerda algo distinto: “los paramilitares lo amenazaban por oponerse al pago que les daban a los trabajadores”, le aseguró a la Fundación Colombia Ganadera.

El empresario Restrepo le dijo a Cuestión Pública, vía correo electrónico, que la finca ‘La Revancha’, donde asesinaron a Arley Caro, fue adquirida a través de una permuta por otra propiedad en Magdalena. Sobre el homicidio, Restrepo dice no haber tenido conocimiento, al igual que sobre los motivos por los que los anteriores dueños vendieron la finca. Estos últimos le dijeron a CP que no harían ningún comentario sobre los hechos.

Como muchos en la región, Caro trabajaba en una finca productora de banano. Era desmovilizado del Ejército Popular de Liberación (EPL) y había sido elegido representante de los trabajadores ante el Comité del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro).

En su relato ante Justicia y Paz, otros paramilitares como José Mangones y Omar Martínez contaron que la violencia paramilitar en Urabá se dirigió principalmente hacia los obreros de Sintrainagro. Era el sindicato al que pertenecía Caro al momento de ser asesinado en la finca La Revancha, unos meses antes de que fuera comprada por Bananos de Sara Bretaña. Según los desmovilizados, la persecución al sindicato era para asegurar que el negocio de las empresas bananeras se mantuviera y generara utilidades al grupo armado.

La guerra de las bananeras

Los paramilitares dijeron ante Justicia y Paz, que entre 1997 y 2007 ingresaron a las arcas de las AUC, en promedio, casi tres mil millones anuales provenientes del negocio bananero, a través de la Convivir Papagayo. De acuerdo con la lista de Hasbún, C.I. Tropical, una comercializadora constituida por Javier Restrepo y familia, tenía a su cargo 13 fincas en la región que aportaban dinero a las AUC.

Desde 2016 Javier Restrepo fue miembro de la junta directiva de la Asociación de Bananeros, Augura, que agrupa a varias de las comercializadoras señaladas de haber financiado a los paramilitares. Mientras él integró la junta directiva, Augura contribuyó con dinero a las campañas políticas al Senado de María Fernanda Cabal, Ernesto Macías y Santiago Valencia del Centro Democrático, de Germán Darío Hoyos del Partido de La U y la del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en 2019.

Cuando la empresa Bananos de Sara Bretaña se constituyó en 1994, su gerente principal era Patricia Correa Tamayo, quien luego también sería mencionada entre los financiadores de las AUC. En la lista entregada por Raúl Hasbún a la Fiscalía en 2011, Correa aparece relacionada con la Agrícola Santorini y la finca Costa Rica – Revancha.

Aunque Correa Tamayo es referenciada por Hasbún como la encargada de la compañía, de acuerdo con los registros mercantiles de la Agrícola Santorini, esta pertenecía en ese momento en un 95% a Javier Restrepo y su esposa Liliana Montoya. Restrepo ya era accionista un mes antes de que Correa asumiera como representante legal, en octubre de 1997.

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Algo similar ocurrió con la Agrícola La Ilusión, constituida en marzo de 1992. Javier Restrepo y su familia eran accionistas para abril del año siguiente y se volvieron representantes legales en diciembre de 1997: Georgina Girona de Restrepo, su madre, como representante principal y Javier Restrepo como suplente.

Girona de Restrepo fue señalada por Raúl Hasbún como otra financiadora de las AUC, por las fincas Represa y Raíces, que administraba a través de la Agrícola La Ilusión. El predio La Represa, de 372 hectáreas, fue comprado en dos partes en 2001 a la sociedad Grupo 20, también señalada de financiar al grupo ilegal y entre cuyos fundadores se encuentra Jorge Hasbún, tío del exjefe paramilitar Raúl Hasbún.

Sobre este tema, Javier Restrepo le dijo a Cuestión Pública que él y su familia no tuvieron relación con los paramilitares: “a nosotros, como productores de banano, las grandes empresas comercializadoras nos descontaban un porcentaje por cada caja de fruta que era exportada, dinero que -según nos era informado- estaba destinado a comprar equipos de comunicación. ¡Debo ser enfático en aclarar que nunca se nos dijo que esos dineros exigidos estaban destinados a una finalidad diferente!”.

Los paramilitares Mangones y Martínez contaron en Justicia y Paz, que fueron ocho las comercializadoras de banano que presuntamente financiaron a las AUC durante años. Estas comercializadoras les pagaban a los paramilitares tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Una de ellas, C.I. Tropical, fue constituida por Javier Restrepo y su familia en 2001, y seguían siendo accionistas para 2009. De acuerdo con el Tribunal de Justicia y Paz, los aportes que hicieron las comercializadoras constituyeron “una fuente permanente de apoyo logístico y financiero” para las AUC.

Tierra, masacre y desplazamiento

Cifras del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación señalan que en 1996 Urabá aportó el 45% de las víctimas de abandono y despojo de tierras en Colombia. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica identificó más de 817 acciones bélicas en el marco del conflicto armado y 218 masacres solo en esta región, cometidas por diferentes grupos armados entre 1992 y 2004.

Jenniffer Vargas Reina, directora del Centro de Investigación para la Paz y los Derechos Humanos (Cipadh), le dijo a Cuestión Pública que en ese contexto de violencia “lo que ocurre es que después de las masacres vienen procesos de apropiación de fincas. Hay casos de fincas que a los pocos meses después de las masacres fueron vendidas y apropiadas por actores poderosos”.

Fue justo entre 1996 y 2004 que Cuestión Pública encontró 20 transacciones inmobiliarias de empresas relacionadas a Javier Restrepo en Turbo y Apartadó, de las cuales 13 fueron baldíos de la nación.

De las 20 propiedades analizadas, once han estado involucradas en procesos de restitución de tierras y una fue implicada en una declaratoria de inminencia de riesgo o desplazamiento forzado por parte del Comité Local para la Atención Integral a la Población Desplazada por Violencia de Turbo, en 2008.

Solo en Currulao, corregimiento donde se ubica La Revancha, y en la que se han registrado masacres en 1985, 1988, 1996 y 2007, empresas relacionadas a Restrepo compraron al menos otros once predios que suman 300 hectáreas.

Sobre el particular, Javier Restrepo le dijo a Cuestión Pública que fue la crisis económica del banano y la baja productividad de las parcelas, lo que motivó a muchos de los campesinos a ofrecer y vender los predios. El empresario remarcó que ellos compraron las propiedades por la colindancia con las fincas que ya tenían y con el propósito de crecer un poco. Aun así, Restrepo reconoció que por motivos de seguridad los empresarios no podían siquiera visitar la región.

“Fue a través de nuestros administradores de producción del banano que nos ofrecieron varios de estos pequeños predios. (…) Con todos y cada uno de ellos se llevó un proceso de negociación transparente, a precios altos para el momento y la región. Con estos dineros, la mayoría de los vendedores compraron terrenos a 4 o 5 kilómetros de distancia, mejor ubicados y con unas áreas mucho mayores”, dijo.

Un campesino de la región, a quien este medio protege su identidad por seguridad, le dijo a Cuestión Pública que vendió su propiedad por la imposibilidad de seguir trabajando a raíz de la violencia en la región: “uno así no trabaja en forma, uno como amedrentado no trabaja en forma como debe”.

Esta misma fuente señaló que le vendió la finca a una de las empresas de Restrepo Girona porque “los que aparecieron fueron ellos, que a ellos les interesaba esa tierra, que ellos nos la compraban y nos la compraron por lo que… prácticamente por lo que ellos ofrecieron, porque ninguno se sometía a irse a trabajar a esas tierras”.

Restitución de tierras

A la fecha, hay dos decisiones judiciales que afectan a sociedades de Restrepo Girona. La primera ocurrió en 2009 cuando el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó declaró a la empresa Cultivos Recife S.A.S., y a otras, como ocupantes ilegales de predios colectivos de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Según documentó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Javier Restrepo y su hermana Yolanda han sido directivos de Cultivos Recife.

Los territorios de las comunidades fueron adjudicados por el Incora en el año 2000. De acuerdo con la sentencia del Tribunal, confirmada por el Consejo de Estado en 2010, fueron víctimas de desplazamiento forzado a pesar de existir una titulación colectiva. Terceros llegaron a ocupar su territorio para cultivar palma de aceite o hacer ganadería, sin el consentimiento de las comunidades.

Por esta razón, el Consejo de Estado ordenó a Cultivos Recife, y otros, devolver la tenencia material de la tierra a las comunidades y suspender cualquier actividad que realizaran sobre dichos territorios.

Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reseñó que Javier Restrepo fue vinculado a un proceso ante la Fiscalía 8 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario relacionado con los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, usurpación de tierras y delitos contra el medio ambiente, presuntamente cometidos en Curvaradó y Jiguamiandó.

Un segundo caso que afecta a Restrepo Girona y otra de sus empresas, la Bananera La Florida S.A., falló en su contra el 29 de marzo de 2022. En esta fecha, como reveló El Espectador, el Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia ordenó a Javier Restrepo y a La Florida devolver un lote de terreno de tres hectáreas que habían comprado en 2001.

El predio se llama Los Llanitos y queda en la vereda Arcua Central del corregimiento de Currulao, Turbo (Antioquia). Óscar Restrepo Restrepo, el antiguo -y ahora nuevo- propietario, le dijo a Cuestión Pública que tuvo que salir del lugar por amenazas. Según cuenta, a su finca llegaron dos hombres armados una mañana de 1996 y no tuvo más remedio que irse. Su familia lo siguió cinco años después, en 2001, también amenazada.

Fue en ese momento que la Bananera La Florida compró el predio. Óscar recuerda que ni siquiera pudo ir a hacer el negocio en persona por seguridad y autorizó a alguien para vender la parcela. Los Llanitos le había sido otorgada por el Incora en abril de 1978, luego de que junto a otros invadieron un terreno baldío. El compromiso fue pagar la tierra en 15 años.

Sobre la decisión en el caso de restitución, el Tribunal expresó que “se requerían mayores esfuerzos para verificar la situación de regularidad de la zona en la que se encuentra el predio que se pretendía adquirir, como quiera que el conflicto armado interno en el país, y específicamente en el Urabá, fue de tal talante, que convergieron diferentes actores armados que irrumpieron la tranquilidad no solo de los campesinos, sino de la población en general”, informó El Espectador.

Cuestión Pública encontró que el inmueble restituido corresponde a una parte de un loteo realizado en 1997, del que hay un segundo predio. Óscar Restrepo señaló que este pertenece a uno de sus familiares. Ambos lotes fueron vendidos el mismo día a la Bananera La Florida. El segundo inmueble, el Lote dos Los Llanitos, tiene un proceso de restitución de tierras vigente desde 2019.

En su informe final, la Comisión de la Verdad planteó que aunque la retoma paramilitar del Urabá se amparó en el discurso contrainsurgente, el otro objetivo era construir una estructura que garantizara no solo el tráfico de cocaína y el comercio ilegal de armas, sino también “ampliar el latifundio con tierras para proyectos agroindustriales y de ganadería extensiva por medio del despojo y el desplazamiento”.

Los comandantes de las AUC han reconocido que no fue el narcotráfico el que sirvió a la mayor parte del sostenimiento de los bloques en la región, sino que fueron empresas bananeras las que “aportaban a la financiación de los paramilitares, mientras que estos se ocupaban de combatir las guerrillas y disciplinar la vida laboral…”.

Nota: Este primer capítulo hace parte de una serie de textos sobre la tierra en el Urabá antioqueño. Será un ciclo de varios artículos con el fin de mostrar la forma como durante los años de mayor violencia en la región, la tierra se fue concentrando en un pequeño grupo de empresarios y familias, que aún hoy mantienen la titularidad de las propiedades.