(11/01/2019)
Ejecutivos del Grupo Aval, cuyo dueño es el banquero más poderoso del país Luis Carlos Sarmiento Angulo, participaron de una maniobra que consistió en la modificación en 2015 del acta No. 50, de la junta directiva del consorcio Ruta del Sol SAS, celebrada el 21 de febrero de 2014. La versión final del acta aprobó el contrato a una comisionista de bolsa que sirvió como vehículo para presuntamente el pago de, según la Fiscalía, sobornos a funcionarios públicos.
Antes de la modificación, el Consorcio Ruta del Sol SAS (sociedad que constituyeron Episol-Grupo Aval, Odebrecht y CSS Constructores) ya había pagado a la firma Profesionales de Bolsa, sin previa aprobación de la junta directiva, $5.533 millones por dos facturas entre diciembre 2014 y enero 2015, según el informe de pagos entregado al excontroller Jorge Enrique Pizano por el área de tesorería de la concesionaria.
La versión final del acta aprobó el contrato a una comisionista de bolsa que sirvió como vehículo para, presuntamente, el pago de sobornos a funcionarios públicos.
El entonces representante legal de esa firma, Gustavo Adolfo Torres, está siendo procesado por enriquecimiento ilícito de particulares. La Fiscalía le imputó ese delito porque el dinero que salió de la concesionaria Ruta del Sol SAS para Profesionales de Bolsa, empresa que dirigía, habría servido para sobornar a funcionarios públicos a cambio de impulsar la adición de la ruta Ocaña-Gamarra. Esta obra fue aprobada como adición de la Ruta del Sol, en vez de ser otorgada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mediante licitación. «Una vez recibido el dinero, estas empresas distribuían parte del mismo a través de otros subcontratos o transacciones posteriores, los cuales tenían el objeto de hacer llegar pagos irregulares a funcionarios públicos, que presuntamente prestaron su concurso para impulsar la adición de la Ruta Ocaña – Gamarra ante la ANI, en especiales condiciones económicas, según los intereses de ODEBRECHT”, dijo la Fiscalía en un comunicado oficial del 25 de julio del 2017.
Al respecto, el exsenador y exlobista de Odebrecht Otto Bula, en un interrogatorio entregado a mediados de 2017, dijo a la Fiscalía que los dineros recibidos por Profesionales de Bolsa terminaron en manos del exministro de Transporte Miguel Peñaloza, el exsenador Plinio Olano y el lobista Federico Gaviria, a cambio de gestiones que no explicó en detalle. Bula fue el lobista receptor de los 4.6 millones de dólares que Odebrecht pagó para esa misión y es el que repartió los dineros.
Cuestión Pública y Univisión, en alianza con la Red de Periodismo Investigación Estructurado que lidera IDL Reporteros del Perú, tuvieron acceso al acta No. 50 original y a la que fue modificada un año después. También a los correos electrónicos que dieron cuenta de cómo se hizo la maniobra para aprobar, con fecha posterior, la oferta de servicios de Profesionales de Bolsa para una asesoría financiera y de banca de inversión, por “un valor básico de $2.000 millones de pesos y una prima adicional de éxito”.
De acuerdo al acta estos fueron los asistentes a la reunión de junta directiva del consorcio celebrada el 21 de febrero de 2014 y este fue el orden del día:
El cambiazo del acta
Según los correos obtenidos en esta investigación, los cambios en el acta No. 50 se empezaron a coordinar el 26 de marzo de 2015, cuando Luis Ernesto Pérez Durán, abogado de la Concesionaria Ruta del Sol SAS (conformada por Episol-Grupo Aval, Odebrecht y CSS Constructores), le envió un correo a Alberto Mariño Samper, miembro de la junta directiva de la concesionaria y a su vez representante de Episol (Corficolombiana-AVAL) en el consorcio. Mariño también era el hombre de confianza de Luis Carlos Sarmiento Junior, según está consignado en el pliego de cargos del caso Ruta del Sol II de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Dicho correo a Mariño fue enviado con copia a Eder Ferracutti, representante legal de la concesionaria Ruta del Sol, con el acta de 2014 en adjunto y el siguiente mensaje “Doctor Alberto: Conforme a su solicitud, enviamos la versión en Word del acta correspondiente a la reunión de febrero 2014.”
Cuestión Pública y Univisión, en alianza con la Red de Periodismo Investigación Estructurado que lidera IDL Reporteros del Perú, tuvieron acceso al acta No. 50 original y a la que fue modificada un año después. También a los correos electrónicos que dieron cuenta de cómo se hizo la maniobra para aprobar, con fecha posterior, la oferta de servicios de Profesionales de Bolsa
Al día siguiente, Mariño respondió el correo al abogado Pérez, de nuevo con copia a Ferracuti, con el mensaje “Remito la versión definitiva aprobada por nosotros”.
Según la secuencia de las fechas, ese mismo día, el 27 de marzo de 2015, el abogado Pérez envió la propuesta de enmendadura del acta 50 a Eleuberto Martorelli, superintendente para Colombia de Odebrecht de la época, con copia a Mariño y Ferracuti. En efecto, se lee en ese correo:
“Adjunta al presente correo enviamos para sus comentarios, la versión del acta de febrero de 2014 presentada por el Doctor Alberto Mariño, incluyendo algunas modificaciones a la versión que firmamos el pasado viernes”.
Pasado el fin de semana, según el correo fechado el 30 de marzo de 2015, Martorelli, quien aparece como presidente del acta, le respondió a Pérez, con copia a Ferracutti y a Mariño. En esa respuesta se evidencia que el ejecutivo de Aval Alberto Mariño pidió que en el ajuste del acta que se realizó de manera posterior quedara expreso que los representantes de Episol no estuvieron de acuerdo con la contratación de la firma.
“Estimados,
La sugerencia de Alberto Mariño es:
Una vez explicado por parte del Miembro de la Junta representante del socio mayoritario las condiciones y calidades del servicio, y la experiencia de la firma presentada en el campo financiero del país la Junta aprobó por mayoría, se aceptó de manera unánime por parte de los miembros de la junta, la contratación de dicha firma por cuanto los representantes de Episol no estuvieron de acuerdo.
Mi sugerencia, para cerrar de una vez por todas este tema, es escribir de la siguiente forma:
“Una vez explicado por parte del Miembro de la Junta representante del socio mayoritario las condiciones y calidades del servicio, y la experiencia de la firma presentada en el campo financiero del país, y considerando que no hubo unanimidad por todos los socios, la Junta aprobó por mayoría la contratación de dicha firma.”
Sds,
Eleuberto Antonio Martorelli.”
Finalmente, una semana después, el 6 de abril de 2015, Mariño, representante de Episol (Grupo Aval), aceptó diciendo “Estoy de acuerdo con la última redacción propuesta en el mail adjunto”, escribió en el correo.
Las fechas de los correos con los cuales se modificó el acta son posteriores a la firma de aceptación del otrosí Ocaña-Gamarra entre la ANI y la Concesionaria Ruta del Sol por parte de la Concesionaria firmada en marzo 14 de 2014. Al parecer la inclusión de la aprobación del contrato debía hacerse en el acta No. 50, ya que en esa junta se autorizó la suscripción del otrosí para el nuevo tramo y los servicios de asesoría financiera de Profesionales de Bolsa estaban ligados a la firma de esa adición. Sin embargo, $5.533 millones fueron desembolsados a la comisionista de bolsa a enero de 2015, cuando no existía la aprobación de la junta directiva.
Tras varias consultas que realizó este medio, junto con Univisión, a diferentes ejecutivos que estuvieron presentes, no fue posible establecer si todos los miembros de la junta que aparecen como «asistentes» o «invitados» en el acta No. 50 participaron en la modificación que se le hizo un año después. Tampoco determinar si todos tuvieron conocimiento de la maniobra.
Sin embargo, $5.533 millones fueron desembolsados a la comisionista de bolsa a enero de 2015, cuando no existía la aprobación de la junta directiva.
Posible delito de falsedad en documento privado
Consultado por Cuestión Pública y Univisión, el abogado y exministro de Justicia Yesid Reyes, explicó que la modificación del acta constituiría el delito de falsedad en documento privado.
Reyes explicó que la maniobra “podría configurar una falsedad material en documento privado, incluso sin importar cuál era el objetivo de aprobar el contrato a destiempo. De todas maneras, no se simula un contrato que no se va a ejecutar, sin tener un propósito para hacerlo. Ahora si ese dinero fue usado para pagar sobornos, ahí no termina la actividad delictiva, porque quienes lo aprobaron podrían ser acusados como cómplices o coautores de los sobornos. Y si esa falsedad se hizo para cubrir unos sobornos que ya se habían pagado, entonces quienes la cometieron responderían por encubrimiento de esos sobornos’’.
➤Lee la investigación «CORFIrueda de ejecutivos salpicados en #AVALbrecht» aquí.
Luis Ernesto Pérez Durán, el abogado de la concesionaria Ruta del Sol II que participó en la cadena de correos, al ser indagado explicó a los periodistas de Cuestión Pública y Univisión que los miembros de la junta se demoraban hasta siete meses para aprobar las actas y que con frecuencia se daban discusiones “interminables”. También dijo desconocer si esos dineros eran para sobornos.
Este medio, junto con Univisión, buscó al miembro de junta directiva presente en las modificaciones al acta No. 50, Alberto Mariño Samper, y también le hizo llegar un cuestionario al Grupo Aval a través de su vocera Tatiana Uribe Benninghoff, quien respondió que no puede hacer comentarios sobre el tema. De igual manera se conversó con Vicente Gaviria, abogado de Eleuberto Martorelli, quien dijo que por instrucción de la defensa su cliente no está respondiendo las inquietudes de los medios de comunicación.
La multinacional Odebrecht Colombia respondió lo siguiente vía correo electrónico: “La empresa se encuentra desde 2017 en un proceso de colaboración con la Fiscalía que involucra distintas líneas de investigación, incluyendo la de los contratos ficticios (que a su vez engloba el contrato de la Concesionaria Ruta del Sol con Profesionales de Bolsa). En el ámbito de dicha línea de investigación la empresa tiene 3 ex funcionarios con orden de captura desde julio de 2017 que siguen cooperando con las investigaciones en curso”.
Alberto Mariño no tiene cargos penales, pero tiene dos procesos disciplinarios en la Procuraduría. En el primero, la entidad disciplinaria lo vincula en un auto con registro del 7 de diciembre de 2018 por posibles desvíos de recursos para el pago de sobornos a funcionarios públicos y a particulares, además de buscar determinar si Mariño tomó alguna medida correctiva tras las denuncias que le hizo el ex controller Jorge Enrique Pizano. En el segundo caso, lo investiga por las irregularidades en el desplome del puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio.
El abogado y exministro de Justicia Yesid Reyes, explicó que la modificación del acta constituiría el delito de falsedad en documento privado.
Del lado de los ejecutivos de Odebrecht, Ricardo Paredes, quien figura en el acta No. 50 como «invitado», está investigado por la Procuraduría, según el mismo auto donde se vincula a Mariño. Del mismo modo Eder Ferracuti, también incluido en el proceso con la Procuraduría, quien se encuentra en Brasil, tiene orden de captura de la Fiscalía y aunque el ente investigador anunció que le imputaría los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado, no hay registro de la imputación. Eleuberto Martorelli hoy también está en Brasil y es acusado por el delito de tráfico de influencias a particulares.
Los invitados adicionales a la junta de accionistas eran dos personas más de la constructora brasilera y una persona de CSS Constructores.
No obstante, en las investigaciones de la Fiscalía a Profesionales de Bolsa no se ha cuestionado a ningún ejecutivo de Aval por la presunta falsificación del acta No. 50.
Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval, en entrevista al diario El Espectador en noviembre 18 de 2018 dijo que Corficolombiana (Aval) se opuso, en junta, a la aprobación del contrato a Profesionales de Bolsa pero que Odebrecht se impuso por ser el socio mayoritario.
“¿Cómo es posible que ustedes los contraten cuando Corficolombiana es experta en la parte financiera y no había necesidad de hacerlo?”, dijo Neira a El Espectador. No obstante, en los cruces de correos para la modificación del acta, Alberto Mariño no objetó que en la redacción final se dijera que la concesionaria tenía poca experiencia en el mercado financiero.
Pese a que el grupo Aval ha sostenido en otros medios y declaraciones que sus miembros en la junta directiva de la concesionaria Ruta del Sol SAS se opusieron a la contratación en el acta No. 50, los documentos y los hechos señalan, en definitiva, que los cambios fueron aprobados por la mayoría, así el acta. Lo que en términos de responsabilidad jurídica los compromete en las decisiones como cuerpo y en conjunto.
Alberto Mariño no objetó que en la redacción final se dijera que la concesionaria (de la que hace parte Corficolombiana) tenía poca experiencia en el mercado financiero.
Este medio y Univisión buscaron sin éxito a los demás ejecutivos que asistieron a la junta directiva: Mauricio Millán, Gustavo Ramírez Galindo, Óscar Hernández y Miguel Vargas. Como contó Cuestión Pública, Millán ya había sido mencionado en el pliego de cargos de la SIC como uno de los directivos que según Luiz Antonio Bueno, exsuperintendente de Odebrecht en Colombia, dividió el pago de los sobornos al ex viceministro del gobierno Uribe, Gabriel García Morales. De acuerdo al documento, Millán también participaba en la discusión y aprobación de los pagos irregulares hechos desde Ruta del Sol, además de que consultaba y respondía a José Elías Melo, Alberto Mariño y a Gustavo Ramírez.
El incómodo Pizano
“¿Por qué la administración de la Concesionaria Ruta del Sol pone a consideración de los señores miembros de la Junta Directiva la aprobación de la propuesta de Profesionales de Bolsa el 21 de febrero de 2014, cuando la propuesta en realidad fue presentada el 27 de marzo de 2014 y aprobada la orden de servicios el mismo día por el Señor Eder Ferracuti?”, dejó por escrito el fallecido controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano en sus informes.
Junto con esta observación: “No hay justificación para contratar esta firma, ya que Corficolombiana estaba brindando la asesoría en estos temas”, en relación a la experiencia del Grupo Aval y la competencia para hacerlo.
La insistencia de Pizano sobre la necesidad de aclarar la relación de pagos a Profesionales de Bolsa, quedó consignada en un correo del 10 de febrero del 2015, que Pizano recibió del área de tesorería de la compañía sobre la relación de pagos hechos a esa empresa. Justo en los albores de la modificación del acta No. 50. Aquí están las facturas de Profesionales de Bolsa.
Gustavo Adolfo Torres, exrepresentante legal de Profesionales de Bolsa, está siendo procesado por enriquecimiento ilícito de particulares.
Incluso, en una grabación revelada por el diario El Espectador en noviembre 21 de 2018 se escucha al ejecutivo Alberto Mariño decirle a Jorge Pizano: “Deje ahí, tranquilo…”, cuando el excontroller se quejaba de que la concesionaria no le respondía a la solicitud de documentos y contratos con empresas que no cumplían los requisitos, entre las que estaba Profesionales de Bolsa.
Otros ejecutivos del Grupo Aval recibieron los informes sobre los contratos ficticios detectados por Pizano. Este envió los hallazgos al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, y al abogado Álvaro Oeding el 25 de junio de 2015 vía correo electrónico. Cuando Cuestión Pública y Univisión buscaron a Melo, este respondió: “No, no, le agradezco mucho. Yo no hablo con la prensa”, antes de colgar la llamada.
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