Corrupción

Minerales Córdoba, uno de los actores económicos más importantes de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba, concentra hoy por lo menos 23 títulos mineros con los que contempla desarrollar la mina de cobre de San Matías. Este proyecto podría traer millonarios ingresos a la minera canadiense, ligada al magnate estadounidense Robert Friedland y a la china JCHX, y cuantiosas regalías al Estado colombiano. El problema es que muchos de sus títulos se traslapan con territorios étnicos y campesinos que víctimas del conflicto armado reclaman como suyos, así como con áreas que mineros tradicionales vienen solicitando al Gobierno colombiano hace años.

Durante los últimos siete años a las seis alcaldías del Sur de Córdoba no les han faltado recursos: han contratado 1,3 billones de pesos, un poco más de la inversión del sector salud en Colombia en 2022. No obstante, adjudicaron una cuarta parte de todos sus recursos a una veintena de contratistas, de los que al menos 11 están asociados por personas y empresas con denuncias, sanciones o investigaciones en curso. Algunas de las obras más costosas van atrasadas o parecen abandonadas.

A Rafael Moreno Garavito, el periodista investigativo asesinado en octubre de 2022, le había tocado vivir en una región turbulenta al noroccidente de Colombia, en la que se han mezclado grupos armados ilegales, narcotráfico y minería de gran y pequeña escala. Se pasó la vida documentando el mal uso de recursos públicos y denunciando abusos. Una alianza periodística internacional continuó su trabajo con el ánimo de frustrar el intento de silenciarlo.

Cuestión Pública revela los datos del informe global de Transparencia Internacional. Este muestra al país estancado en una calificación que sigue generando preocupación. Transparencia por Colombia y algunas voces locales ofrecieron su visión.

Un político que estuvo preso por contratación indebida publicó un libro sobre el trabajo en materia de paz de su amigo, el actual Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. Ocho meses después, su cónyuge fue nombrada en la embajada del país centroamericano sin contar con trayectoria diplomática.

Algunos predicadores del Evangelio de Cristo se han enriquecido con una combinación efectiva de coaching, estrategias de mercadeo y religión. Recurren a una manipulación espiritual que no se considera delito, y sus ingresos son inauditables. El control estatal por ahora es imposible, gracias a la libertad de culto y al lobby político. Y la iniciativa que proponía cobrarles impuestos se hundió recientemente en el Congreso.

Aunque el senador y excandidato presidencial es quien está acusado por posibles actos de corrupción por los que deberá responder ante la Corte Suprema, las pruebas y los testimonios de algunos testigos claves en el caso Vitalogic comprometen también al tercer hijo de Rodolfo Hernández, quien firmó un acuerdo autenticado para asegurarse una comisión que se ganaría si lograba que la Alcaldía de su papá adjudicara el millonario contrato de las basuras a sus clientes. Hasta ahora, Luis Carlos Hernández ha logrado zafarse de la justicia.

Cuestión Pública conoció en su totalidad dos documentos determinantes en el futuro del candidato presidencial: la acusación de la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga y el pliego de cargos de la Procuraduría por los mismos hechos. Ambos apuntan en la misma dirección: Hernández actuó en varios niveles para direccionar la licitación de las basuras en Bucaramanga en favor de Vitalogic y su propio hijo.

A la vicefiscal general la rodean serios cuestionamientos: desde entrañables amistades con fiscales acusados de hacer favores judiciales a narcos en Cali, hasta investigaciones en curso por supuestamente recibir dinero a cambio de no hacer su trabajo como fiscal en Buenaventura. Aunque maneja un discreto perfil fuera de la Fiscalía, fuentes de alto nivel la describen como el poder real detrás de la entidad.

Microtráfico, extorsión, carteles, disidencias de las Farc y corrupción. El panorama delictivo de esta ciudad en el Valle del Cauca provoca temor y autocensura entre los periodistas, que prefieren callar tras el asesinato de su colega Marcos Montalvo.