Fiscalía

La entidad adjudicará este martes 29 de noviembre una licitación de 179 mil millones para los servicios de seguridad informática, telecomunicaciones y videoconferencia. Uno de los proponentes incluye a la empresa Telefónica, contratista de la Fiscalía desde 2019 y en cuyo periodo de servicio ocurrió el hackeo de información más vasto a una entidad pública en la historia del país.

Contra los jóvenes que participaron en el Paro Nacional se están usando de manera indiscriminada herramientas que fueron creadas para combatir a Grupos Armados Organizados (GAO). Encontramos evidencias. También hay posibles delitos “inflados”. Le pusimos la lupa a los procesos penales. Esta es la historia.

Con contratos fueron beneficiados 3 de sus 7 donantes de campaña. Lo hizo a través de dos municipios cuyos alcaldes son sus aliados: Puerto Asís y Puerto Caicedo. Los valores de dichos negocios públicos ascienden a más de $1.458 millones. Al gobernador Buanerges lo rodean familiares y conexiones políticas también cuestionadas.

Junto a él, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali citó a los demás imputados: Andrés Felipe Chicaiza, Diego León Quiroz, Juan Antonio y Francisco Cordoba García y a 12 policías de la capital del Valle para que comparezcan el próximo 25 de enero de 2023 a la audiencia de acusación, y el 27 y 28 de febrero de ese mismo año a la audiencia preparatoria de cara al juicio oral que deberán enfrentar.

Cuestión Pública libera las cifras oficiales sobre los procesos judiciales en contra de civiles durante el paro y los datos sobre la impunidad en este y el estallido del 9 de septiembre de 2020. En el segundo aniversario de la masacre del 9S, ningún miembro de la Policía sindicado por la muerte de 7 de los 14 civiles asesinados ha sido condenado. Solo el uniformado vinculado al asesinato de Javier Ordoñez, la noche anterior, recibió una pena de 20 años de cárcel. Más de un año después del paro nacional, solo hay 23 integrantes de la fuerza pública sentenciados por hechos de violencia y represión durante esta manifestación, pese a las 4.269 denuncias presentadas ante la Fiscalía.

Cuestión Pública tuvo acceso a la acusación de la Corte Suprema, del pasado 18 de agosto, en el que determinó que este tendría participación en el proceso de Álvaro Uribe. Cuestión Pública pone a disposición de la ciudadanía la resolución.

Cuestión Pública conoció 25 casos en los que mujeres aseguran que el sistema de protección infantil estaría separándolas de sus hijas e hijos, entregando su custodia a sus padres, pese a que estos están denunciados por posible abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar. En varias ciudades, algunos funcionarios encargados de la protección de la niñez están denunciados por faltar a su deber y privilegiar a los victimarios. Así mismo, llama la atención que estos funcionarios usen una teoría revictimizante, que fue acuñada por un médico estadounidense que defendía la pedofilia.

Cuestión Pública conoció en su totalidad dos documentos determinantes en el futuro del candidato presidencial: la acusación de la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga y el pliego de cargos de la Procuraduría por los mismos hechos. Ambos apuntan en la misma dirección: Hernández actuó en varios niveles para direccionar la licitación de las basuras en Bucaramanga en favor de Vitalogic y su propio hijo.

En la Comuna 20 de Cali recuerdan los episodios violentos que vivió esa ciudad durante el estallido social de 2021. Allí la arremetida policial dejó amenazas y miedo entre las víctimas, pero también el ánimo de enfrentar una justicia que consideran veloz contra los manifestantes y lenta contra la fuerza pública.

Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.